El deporte cumple múltiples funciones en una sociedad: es catarsis, fiesta, bálsamo para curar, o al menos aliviar las heridas de un país. Un estadio, un coliseo, puede ser el único lugar, junto con un templo, que ciudadanos como nosotros, tan lejanos de ser una nación, podemos confundirnos en un abrazo en una jornada de triunfo. También puede ser empleado para fines políticos deleznables como mantener a una dictadura como ocurrió en Argentina y en los países europeos durante la segunda guerra mundial, o puede usarse válidamente para unir a un país como se puede ver en la extraordinaria “Invictus” la película sobre el mundial de rugby de 1995 y cómo el mismo Nelson Mandela - cuyo país es anfitrión de esta fiesta- promovió y usó el deporte para crear un tejido social en la sociedad sudafricana.

En cualquier caso, el deporte necesita desarrollarse a partir de una concepción que tenga el estado sobre esta actividad. Es decir, una política, y acá encontramos que nuevamente, se carece de una política al respecto.

Y aquí estamos hablando de algo recreativo, pero además que genera inversión, como nos lo mencionó meses atrás Manuel Súnico, y cómo el fútbol le había cambiado la cara a Ayacucho y a Iquitos- para la cual también deberíamos ver, por ejemplo, el caso mexicano, para no hablar de países como España que poseen una política deportiva definida.

Según la Organización Panamericana de la Salud - como nos lo recuerda nuestro entrevistado, el periodista Eddie Fleischman - por cada dólar que se gasta en deporte, se ahorra tres en salud. Para decirlo en términos más simples: a más deporte, mejor salud.

Desgraciadamente, la política estatal en este ámbito ha sido ponerlo como el furgón de cola de la educación- en la que también andamos mal- y usarlo eventualmente como un medio de propaganda o de distracción social, como pelearnos con la FIFA, perder la sede de un mundial, y después someternos. O cualquier otra Federación Internacional, más poderosa que nosotros, por supuesto.