En tiempo de crisis y en tiempo de bonanza, la mayoría de los estados planifican. Los liberales o los no liberales. Lejanos están los años durante los cuales la planificación era patrimonio de los llamados países socialistas; sino veamos los casos de economías más liberales y desarrolladas como Estados Unidos, Alemania, Japón o las entonces dictaduras liberales de Corea del Sur o el “socialismo con características chinas” de la República Popular de China.

Durante el régimen militar se creó el Instituto Nacional de Planificación y se gobernó con el “Plan Inca” que era una planificación que respondía al perfil ideológico del gobierno, donde se adoptaba la tesis cepalista de modelos de desarrollo hacia adentro, de sustitución de importaciones y protección de la industria nacional y del mercado interno, que en realidad fueron los más afectados.

En el año 1992, el gobierno fujimorista desactivó el INAP y el país se quedó sin trabajar ese importante aspecto, aunque cabe decir que su importancia en la vida del país fue casi siempre mínima o nula.

Hoy el país requiere más que nunca planificar para determinar prioridades, identificar entrampamientos innecesarios en la administración pública y proponer cambios. En otras palabras, establecer las líneas maestras para la gestión del país con políticas de largo plazo. Pero no sólo establecerlas, sino que el Estado las cumpla. Y ahí viene el problema, al estado peruano tradicionalmente no le gusta planificar. Prefiere, al parecer, hacer las cosas al “tun tun”, con estilo tabernero, autoritario e indolente. Es un estado reactivo y no proactivo.

La planificación de hoy puede promoverse desde el estado (pregúntenle a los surcoreanos) en alianza con el sector privado, y de esa manera decidir qué energía vamos a usar, qué tipo de educación queremos, si deseamos -disculpen el neologismo-globalizarnos exitosamente, cómo vamos a promover el empleo, el turismo y tantas tareas que tiene pendiente nuestra agenda estatal.

Si el Ceplan logra desarrollar su trabajo adecuadamente, tomando en cuenta los planteamientos de los empresarios, gremios y demás grupos de interés, y si el estado cumple estos compromisos, y si todos los sectores, incluyendo los políticos, renuncian a sus exclusivos intereses de grupo, para más bien anteponer prioritariamente los del país, el Perú dejará de ser un estado improvisado y reactivo. ¿Asumirán cada uno de estos sectores el papel que les compete?