La Constitución de 1979 establecía que los expresidentes de la República adquirían la condición de senadores vitalicios (artículo 166), con todas sus prerrogativas salvo para computar el quórum de instalación (artículo 169).

La intención fue contar con la experiencia de quiénes ocuparon el cargo de Jefe de Estado. Con el retorno de la democracia en los ochenta, resultaba óptimo un Senado integrado por representantes con experiencia de estadista. Sin embargo, el resto de altos funcionarios públicos debían renunciar seis meses antes si querían postular al legislativo (artículo 172).

El Congreso Constituyente de 1993 suprimió el Senado, pero olvidó incluir al Jefe de Estado entre los altos funcionarios que deben renunciar con medio año de anticipación a las elecciones generales (artículo 91 CP). Si bien resulta extraño que un presidente en ejercicio renuncie para luego postular al legislativo, hoy no parece descabellado por la dura experiencia política que atravesamos.

¿La omisión constitucional señalada permite la postulación de un expresidente al que acaba de declararse su vacancia? No, pues se ha vencido el plazo constitucional para su postulación; segundo, porque si los funcionarios separados de la administración pública están imposibilitados para ocupar otro cargo estatal por un número de años, nos preguntamos: ¿Un Presidente de la República vacado por incapacidad moral declarada puede postular al Congreso?

Cuando las omisiones constitucionales fomentan una incoherencia interna y no colaboran con la integración de todas sus disposiciones, producen polémicos resultados de difícil asimilación para la salud de las instituciones políticas.

Caer en la frase, “la Constitución no lo dice expresamente” sin una interpretación bajo el principio de unidad sería equivalente a una típica “leguleyada”. Por eso, considero que durante el período de tachas el Jurado Nacional de Elecciones deberá pronunciarse, pues se trataría de un polémico precedente para nuestro sistema electoral.

Publicado en el Diario Correo, jueves 3 de diciembre de 2020.

Doctor en Derecho (Universidad de Navarra)

Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura)

Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea)