Según diversas proyecciones, el PBI de este año estará entre 0.8% y 1.5%, aunque debería ser 4.5% mínimo; inicialmente se proyectó 3.5%. Actualmente se necesitan recursos para afrontar los daños causados por los fenómenos climáticos.

En la costa, por ejemplo, las lluvias han agravado la inseguridad alimentaria por la caída de la producción agraria, han dañado la infraestructura de transportes, vivienda, comunicaciones, salud y educación. La emergencia por desastres afecta aproximadamente al 60% del país (969 distritos y 123 provincias en 22 departamentos).

¿Se puede gobernar, redistribuir la riqueza y dar servicios públicos, si el Estado teniendo el monopolio de la fuerza (seguridad ciudadana, defensa, justicia) no dispone de recursos suficientes? 

Para rehabilitar y reconstruir debemos recaudar más, lo cual pasa, necesariamente, por generar la confianza de los contribuyentes. Porque -recordemos- las encuestas de opinión indican que muchos ciudadanos creen que sus tributos no mejoran los servicios públicos.

Sin embargo, en ese contexto de bajos ingresos y menor recaudación, el congreso no ha tenido mejor idea que insistir con la reapertura del Senado, lo que es obvio que requerirá más dinero.

Para aprobar la bicameralidad, la Comisión de Constitución debe obligatoriamente presentar el análisis costo – beneficio del Proyecto de Reforma Constitucional, ya que según el artículo 75º del reglamento del Congreso que tiene fuerza de Ley, establece que deben incluirlo, y no lo ha hecho. Este requisito sólo puede ser dispensado por motivos excepcionales. Creo que no es el caso.

El legislativo tenía un presupuesto inicial aprobado (PIA) de S/. 879,444,600 millones y ahora posee un presupuesto inicial modificado (PIM) de S/. 928,240,326, lo que significa un incremento de S/. 48,495,726 millones.  Ahora se ha anunciado que el tema se debe debatir con prioridad, para mejorar el actual sistema de gobierno. La iniciativa propone que tenga 60 senadores.

Este senado llamado también “reflexivo”, o “técnico”, aumenta el gasto corriente en S/. 1,872,283,581 millones en cinco años. Son casi 950 servidores más, entre senadores, personal de confianza (asesores, secretarias y choferes) y administrativo para que funcionen las comisiones ordinarias y el servicio parlamentario, que engrosarán la planilla del Estado.

Sorprende que el actual con 130 congresistas, tiene 4,000 servidores, una cantidad mucho mayor que cuando era formado por 240 representantes, a pesar de que ahora existe un mayor desarrollo tecnológico, como recordó el legislador Carlos Anderson. 

En los últimos meses-para variar- el legislativo ha estado bajo la lupa por los excesivos gastos, desde un menú hasta la compra de billeteras, e incluso equipos móviles. Además, se ha revelado que el gasto anual de un legislador peruano es el segundo más alto de Latinoamérica. ¿Con el presupuesto que se gastará en el Senado, no se podría combatir la inseguridad ciudadana, adquirir unidades para el Cuerpo de Bomberos, rehabilitar los colegios de las zonas rurales marginales, construir postas de salud, desarrollar redes de distribución de energía, enfrentar la desnutrición, anemia, extender redes de agua potable y alcantarillado y desagües, generando empleo, y así cubrir las demandas básicas?

Un nuevo senado nos costaría aproximadamente en 5 años S/. 6,552,992,534 millones, demasiado caro. Y eso que no hablamos de su nulo beneficio político.

Hay que precisar que la población no está de acuerdo con la bicameralidad. Un senado representa un mayor gasto público, y además existen prioridades que no pueden estar en la lista de espera, especialmente considerando la difícil situación económica y social del país.

Economista

(*) Exasesor de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República