Uno de los clamores de la opinión pública es la reestructuración del Poder Judicial. Cada vez que hay alguna encuesta o estudio de opinión termina con niveles de aprobación similares, por ejemplo, a los del Congreso de la República. Marcos Ibazeta, ex Presidente de la Corte Superior de Lima, miembro de la Sala Antiterrorista, remarca sus innumerables carencias y la urgencia de cambiar la realidad de este sector, vital para el país.

Ddlc: Desde el 15 de enero, se aplica en Lima el nuevo Código Procesal Penal para los casos de los delitos cometidos por funcionarios públicos. ¿En qué consiste su modelo llamado “acusatorio garantista” y cuáles son sus ventajas frente al modelo anterior? ¿Puede ser aplicable en casos de seguridad interna, tráfico de drogas y terrorismo?

MI: Lo que busca este código con este modelo es importar el estilo que impera en Estados Unidos…

Ddlc: Como lo que se observa en series como “La Ley y el Orden”…

MI: Así es. Ahí se ve que existe una fiscalía, una policía, la defensa, y el juez ya no investiga, únicamente se dedica a fallar en base a la información que tiene. Él dirige un contrapunto, con la ayuda de un jurado, algo que difícilmente se hará acá. Con esto se evita repetir funciones y que cada cual cumpla su función.

Si el fiscal no logra reunir medios de prueba suficientes en el plazo establecido (120 días), el juez no va a admitir la denuncia, y este código establece responsabilidades a los fiscales que denuncien sin mayores medios de prueba, por el costo que representa para el estado, que somos nosotros y que pagamos los procesos con nuestros impuestos.

Ahora bien, si este código se ha puesto en vigencia sin inversión, infraestructura moderna, dinámica y eficiente, ni fiscales preparados, es muy difícil que los delitos contra la administración pública sean sancionados. Entonces nos saltamos con garrocha lo que haga la Contraloría que actúa tarde mal o nunca, y en ese poco tiempo el fiscal estoy seguro no formalizará denuncia. O si lo hace probablemente se incline por favorecer al reo o por insuficiencia probatoria.

Si en este contexto se aplica a los delitos de narcotráfico, terrorismo y lavado de activos, tendríamos una total impunidad, porque no hay capacidad para investigar. Además hay mucho empirismo, muchos no conocen lo que es una licitación, concesión, obra pública, cómo se establecen precios en el mercado, suman dos más dos y mandan a medio mundo a la cárcel.

Ddlc: Entonces estamos poniendo la carreta delante de los caballos.

MI: Efectivamente.

Ddlc: ¿Si esto no es así, por qué ponerlo en vigencia? ¿Por razones políticas?

MI: Es una posibilidad. Las investigaciones son rápidas y se buscaría limpiar la casa antes de terminar el gobierno…

Ddlc: ¿Qué opina sobre el uso de medios de solución alternativa de conflictos, como el sistema de conciliación, y sobre el funcionamiento de los juzgados supernumerarios?

MI: En principio, si no se tiene un sistema de solución de conflictos efectivo, no se puede pensar que creando centros de conciliación las partes van a resolver su problema. Si la gente - la mayoría suelen ser deudores y en el fuero civil - hace un costo beneficio y descubre que le van a embargar sus bienes prefiere judicializar el caso, porque el proceso es interminable y el fallo impredecible.

Este sistema se aplicó en Costa Rica y en Colombia. Yo estuve en Bogotá y pregunté cómo iba y me dijeron que a la gente ya no le resultaba atractivo por esas razones.

Los supernumerarios se crearon para eliminar a los provisionales. La idea era buena. Nosotros en cada módulo, por ejemplo, los mandábamos de reemplazo para damas en estado de gestación, en cambio ahora como hay supernumerarios no se definen el número ideal de jueces, porque no se administra bien. La carga procesal es el producto de una pésima administración. No es de estructura. Se siguen nombrando magistrados provisionales, no sólo sujetos a presión política, sino ignorantes, ambiciosos, y por eso deciden cualquier cosa, y por ahí la corrupción tiene las puertas abiertas.

Ddlc: Al igual que otros sectores como Educación y Seguridad, el sector Justicia está también sobre diagnosticado. ¿Por qué no se aplican las propuestas del CERIAJUS?

MI: El Poder Judicial es la entidad más infiltrada a través de esta figura que es la sociedad civil, porque los órganos de gobierno no están conformados por los magistrados, sino por representantes de colegios profesionales que vienen a hacer lobbies y luego son destituidos por corruptos, y los vocales y jueces superiores que actúan por influencia de la Corte Suprema. Hay que eliminar esa figura y darle el poder total.

La reforma no funcionó porque se le quería decir a la Corte Suprema cómo gobernarse, cómo actuar, cuando lo que se debe hacer es decirle: si no quieres imposiciones, hazlo, pero asume las responsabilidades por ineficiencia.

Ddlc: Pero acá la gran pregunta es por qué el Poder Judicial no se reforma desde dentro y de motu propio y no desde fuera…

MI: Claro, es que no hay reglas que determinen su responsabilidad. Entonces, cuando hay impunidad y nadie va a sancionar porque no se hace lo debido, no se brinda un servicio eficiente, entonces sigo y me burocratizo hasta los 75 años, aún cuando todo se desmorone.

Ddlc: ¿Cuál sería la solución entonces?

MI: Hay que crear el marco normativo de responsabilidad. Primero, hay que sacar al personal ineficiente que está en el Poder Judicial y la fiscalía, y darles a los responsables de los gobiernos todo el poder de administrar y brindar un buen servicio. Se requieren políticas definidas, planes concretos en el corto, mediano y largo plazo que se manifiesten en el presupuesto.

Ddlc: El Poder Judicial se ha vuelto - disculpe la expresión - un espacio donde muchos se atornillan al piso.

MI: No pues. Acá existe un juego de poder. Cuando un ejecutivo o un legislativo quieren tener poder e influencia durante su gestión se llega a un acuerdo y coexisten, disimulan, y ahí tratan de infiltrarse todos y esto nos lleva a ver cómo se integra el Consejo Nacional de la Magistratura y cómo se nombran los jueces y nadie define responsabilidades para estar bien. La Corte Suprema tiene la tendencia a entregarse al poder de turno, y sólo actúa cuando éste poder se debilita.

Ddlc: ¿Cuál es su opinión sobre el Tribunal Constitucional? ¿Considera que se ha excedido en sus funciones jurisdiccionales? ¿O esto es algo inevitable?

MI: Creo que en general ha cumplido y está cumpliendo una buena labor. La idea era definir dudas sobre constitucionalidad. Quizás el caso de CEMEX puede objetarse en la medida que se buscó definir lo que es mercado, economía, y todas esas cosas. Habría que ver caso por caso.

Pero ocurre también que en el diseño procesal lo que decide un juez tiene que ser revisado por el superior, y en nuestra legislación casi todo tiende a llegar a la Corte Suprema por falta de confianza en las instancias inferiores, entonces ahí la Suprema no debe esperar a que lleguen las cosas, debe tener la capacidad suficiente para identificar los problemas que afectan el país, que lo hacen ingobernable o provocan convulsión.

Ahora se puede tener plenos poderes jurisdiccionales para poder analizar figuras y marcos de argumentación e interpretación y decidir qué es obligatorio para los demás estamentos, entonces la población sabrá qué exigirle al juez. El sistema de control no funciona, se juega al hecho consumado, y como consecuencia se recurre al Tribunal Constitucional. No funciona el criterio de tutela judicial efectiva, y por la desconfianza sobrecargamos al Tribunal Constitucional.

Esto no se soluciona creando más salas y reproduciendo los problemas. Aquí invertimos más para producir más cuando la nueva tendencia en administración es producir más con menos. Si creamos más órganos jurisdiccionales con este estado de cosas, no nos van alcanzar los edificios de Lima ni mucho menos se van a acortar los plazos de los procesos.

Con los cambios que he mencionado, el Poder Judicial mejoraría notablemente en su desempeño.

Ddlc: El Presidente del Poder Judicial, César San Martín, ha anunciado la aplicación de medidas administrativas y legales que regularán el uso abusivo de las acciones de Amparo y medidas cautelares, ¿Tiene las atribuciones suficientes para aplicar efectivamente estas medidas? ¿Qué rol puede cumplir la OCMA o el Consejo Nacional de la Magistratura en la prevención y sanción de estas inconductas jurisdiccionales?

MI: El habeas corpus introducido en los años ochenta y creado por el doctor Borea Odría ha sido eficaz, pero a fines de los 80, y especialmente en el primer periodo del presidente García con el tema de los bancos, los reclamos del SUTEP, y las licencias de construcciones se provocó un caos, porque no se habían regulado las medidas cautelares en el Código Procesal y todo iba al amparo por la medida cautelar, se creó una Torre de Babel, porque la suprema tampoco fijó la línea de interpretación y cada juez interpretaba lo que quería y paralizaba todo.

En el 93 entra en vigencia el nuevo Código Procesal Civil y ahí se regulan las medidas cautelares. El amparo no se usa tanto por las medidas cautelares, sino por la ineficiencia del sistema y la arbitrariedad, pero ahora que está regulado y se puede dictar cualquier medida cautelar, han empezado a abusar y a intervenir en cosas que no conocen.

He leído que han suspendido al juez que paralizó la concesión en el Muelle Norte, el tema del azúcar, pero el daño ya está hecho. Hay un sin número de casos donde los jueces con sus medidas cautelares han provocado que muchas empresas pierdan su patrimonio, porque han nombrado administradores judiciales de modo arbitrario, los cuales han sustraído todo su dinero y cuando el órgano superior declara la medida ilegal no hay cómo recuperar el dinero. Después los fiscales los denuncian y los condenan por 4 y 6 años de prisión suspendida. Van a firmar, con lo que saquear instituciones se convierte en un gran negocio, y la OCMA interviene tarde.

Ddlc: ¿Los sucesos de Bagua en el 2009, los conflictos ambientales en relación a las industrias extractivas, la delimitación inconclusa de los territorios de numerosas comunidades campesinas y nativas, el proceso inconcluso de titulación agraria a cargo del PETT, las crecientes controversias sobre el uso de aguas o sobre la ejecución de proyectos de irrigación como el de Olmos y Majes–Siguas II, e incluso disputas legales como el de la empresa azucarera Pomalca no son señales claras que se requieren juzgados especializados en materia agraria, más aún si existe el respaldo legal expreso en la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 35º, 43º y 52º)?

MI: No lo son. Cuando hay conflictos y convulsión social, sea su naturaleza minera, agrícola, comercial, industrial, lo que se requiere es que el Poder Judicial tenga un equipo especializado como en la Sala Antiterrorista. Hacen falta jueces y cuadros capacitados, porque pueden tener diferentes especialidades y encarar con otra metodología, pero respetando el debido proceso, porque si estos problemas se le encargan al juez de la zona va a ser aplastado por la presión o afectado por la influencia.

Desde los noventa escuchaba que terroristas excarcelados iban a exacerbar estas protestas sociales. Aquí lo que se debe hacer es respaldar a las fuerzas del orden que están desmoralizadas, y que el estado a través de sus ministros no se ponga de rodillas en mesas de diálogo, dejando a las autoridades elegidas pintadas en la pared lidiando con frentes de defensa. Estamos luchando contra fantasmas.

Ddlc: …Y también hace falta una política de comunicación efectiva.

MI: Efectivamente, que persuada, establezca alianzas y no sólo con notas de prensa.

El Poder Judicial requiere liderazgo, organización y una reestructuración que comprenda la Fiscalía, el Instituto Nacional Penitenciario, y el Ministerio del Interior.

Ddlc: Es una gran tarea.

MI: Así es, y se enmarca en la gran tarea de reforma de estado. También se necesita una política jurisdiccional que establezca pautas, objetivos y metodologías a seguir. La población tiene derecho a poseer un sistema eficaz de resolución de conflictos, porque de otra manera la violencia impera, y sin paz ni seguridad no vamos a ninguna parte. Actualmente dependemos de impulsos y voluntades.