En medio de severas denuncias de corrupción y nepotismo del entorno presidencial, reproducimos esta interesante artículo del periodista Rafael Romero sobre quien dirige la sensible cartera de Economía, la Srta. María Antonieta Alva.

de Es patriótica y acertada la denuncia de Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal de OSCE, respecto de la licitación con el Estado -por más de un millón y medio de soles- de la empresa Hidroenergía Consultores en Ingeniería SRL, donde el accionista mayoritario es Jorge Elías Alva Hurtado, rector de la UNI y padre de la –hasta ahora- ministra de Economía y Finanzas.

Por hacer esa denuncia los sicarios virtuales y mercenarios mediáticos enfilaron sus baterías contra una profesional destacada y especialista en materia de contratos con el Estado como es Mónica Yaya.

Un diario local que recibe abundante publicidad del Ejecutivo incluso llegó a titular que “patinaron quienes acusaron a la ministra de Economía” y la organización no gubernamental IDL trató de descalificarla bajo la pedestre crítica a su filiación partidaria.

Por supuesto quienes cayeron en el descrédito fueron ese diario local y la ONG financiada por el lobista George Soros. Lo cierto es que las pruebas hablan por sí solas y es inocultable el conflicto de intereses que deja descolocados al presidente Martín Vizcarra, amigo desde las aulas universitarias del padre de la ministra Antonieta Alva, y al jefe del gabinete Pedro Cateriano, cortesano y palaciego a quien le da lo mismo besar la mano de Toledo, Humala, Heredia, PPK y ahora de su nuevo empleador, el referido Vizcarra.

De otro lado, como era de esperarse la denuncia confundió y puso nervioso al padre de la ministra, entrando en trompo y contradicciones, evidenciándose su declaración jurada de intereses del 2019, su participación de más del 90% en la empresa y pasando a segundo nivel el hecho de si tiene o no el control de la misma, así como su litigio societario, pues nada de eso niega el conflicto de intereses existente y más aún cuando su propio abogado, César Azabache, indicó que Hidroenergía nunca debió contratar con el Estado y que eso estaba fuera de la ley.

El tema es grave, con resultado punible al atentarse contra la ética en la función pública, mereciendo la actuación puntual de la Contraloría y Fiscalía porque de por medio están los recursos de todos los peruanos y peor todavía cuando ella, por ser titular del MEF, es la directora de presupuesto público y cuando la actual presidenta Ejecutiva de OSCE, Sofía Prudencio, depende de ella.

Publicado en EXPRESO el 3/8/2020

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