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¡Seguridad, por favor!

1 Marzo, 2011

Uno de los problemas seculares en los últimos tiempos, que se ha agudizado, es la seguridad ciudadana. Un fenómeno que nos afecta de modo transversal y democrático, es decir, sin distinción de raza, credo o posición social.

La inseguridad en las calles es una de las características de nuestra ciudad, pero también de nuestro país. Todos los días vemos y escuchamos noticias sobre crímenes y delitos, muchos hemos sido alguna vez víctimas de esta ola de delincuencia que convierte a nuestra ciudad y a nuestro país en un lugar poco recomendable para vivir. Esto se puede ver desde los escaperos de ciertas zonas de Lima, los marcas, aquellos que hacen “mudanzas”, por así decir, los estafadores por teléfono, los ladrones de autos, equipos y un sinfín de modalidades que tardaríamos en enumerar.
No podemos desconocer que la criminalidad es problemática en ciudades grandes como Miami o Detroit, en EE.UU., con tasas tres veces más altas que el promedio nacional (Danielle Kurtzleben en US News, Yahoo News el 18/2/2011).
Pero el problema de Lima es que no sólo los delitos han aumentado su incidencia, en vez de disminuir con el supuesto aumento de la prosperidad económica, y según el gobierno, reducción significativa de la pobreza. Contrariamente, en los últimos años la criminalidad ha incrementado su presencia y violencia. Si antes los ladrones se contentaban con sacarle a uno la billetera subrepticiamente, hoy nadie está libre de una paliza, un tajo o una agresión sexual, y delitos como el narcotráfico, la extorsión en el norte, el contrabando, las clonaciones de tarjeta de crédito y también la execrable trata de personas con fines sexuales, esclavizante y mendaz, se ha incrementado escandalosa y peligrosamente. Y también las violaciones y la pedofilia.
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Justicia pendiente

30 Enero, 2011

Cualquier ciudadano que haya tenido que ir al Poder Judicial ha vivido una vía crucis. Sea por su falta de predictibilidad, sus plazos interminables, o su indolencia.

Desde siempre, la justicia peruana ha tenido estos problemas, pero quizás el más grave sea el de su independencia. A través de su historia, el Poder Judicial siempre ha sido presionado o influido por el poder económico y político de turno. En los últimos cuarenta años hemos visto generales, asesores, políticos e incluso presidentes que lo han buscado o usado como un brazo de extensión.
Además de esta situación, de por sí grave, la administración de justicia exhibe otras carencias: falta de personal calificado, órganos de control ineficientes, pobre infraestructura e incluso espacios reducidos donde se almacenan legajos o de expedientes de 100, 200 o 300 páginas, cuales mamotretos, procesos interminables y burocratización. Esto para no hablar, por ejemplo, de la corrupción, la duración de las audiencias y la lectura de fallos.
La justicia es pues para el común de los ciudadanos, con pocas excepciones, un mal producto, un mal servicio, que no solamente no soluciona los conflictos entre las partes sino los agrava, o a veces, increíblemente los crea, como cuando ordena medidas sin evaluar su impacto económico, habeas corpus o medidas cautelares sin unidad de criterio, o sin criterio, o falla de manera distinta en casos similares.
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