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Justicia pendiente
Cualquier ciudadano que haya tenido que ir al Poder Judicial ha vivido una vía crucis. Sea por su falta de predictibilidad, sus plazos interminables, o su indolencia.
Desde siempre, la justicia peruana ha tenido estos problemas, pero quizás el más grave sea el de su independencia. A través de su historia, el Poder Judicial siempre ha sido presionado o influido por el poder económico y político de turno. En los últimos cuarenta años hemos visto generales, asesores, políticos e incluso presidentes que lo han buscado o usado como un brazo de extensión.
Además de esta situación, de por sí grave, la administración de justicia exhibe otras carencias: falta de personal calificado, órganos de control ineficientes, pobre infraestructura e incluso espacios reducidos donde se almacenan legajos o de expedientes de 100, 200 o 300 páginas, cuales mamotretos, procesos interminables y burocratización. Esto para no hablar, por ejemplo, de la corrupción, la duración de las audiencias y la lectura de fallos.
La justicia es pues para el común de los ciudadanos, con pocas excepciones, un mal producto, un mal servicio, que no solamente no soluciona los conflictos entre las partes sino los agrava, o a veces, increíblemente los crea, como cuando ordena medidas sin evaluar su impacto económico, habeas corpus o medidas cautelares sin unidad de criterio, o sin criterio, o falla de manera distinta en casos similares.
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