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Puno: entre el error y la inacción
Luego de muchas semanas, el problema de Puno sigue pendiente. A casi tres meses de las protestas que dejaron cinco muertes como saldo, la destrucción de locales públicos y privados, apenas hay una suerte de tregua.
Sin embargo, lo que queda claro por enésima vez es la incapacidad del estado para resolver problemas en una zona clave para el país donde existe la minería formal e informal, el contrabando, narcotráfico y el extremismo, representado en el Movadef y otros grupos afines.
Días antes de las elecciones, el problema fue dantesco, y luego de ver las imágenes en la televisión, a los ciudadanos nos dejó la sensación de la gravedad del problema y la convulsión social que podía generar un conflicto no resuelto, en medio de elecciones disputadas y algunas frases delirantes que hablaban de fraude.
Como si esto no fuera poco, se sumó la demora y la inacción del gobierno para resolver el conflicto, que costaba una vez más pérdidas humanas y económicas para la región y la economía del país.
Puno es un ciudad estratégica, pero requiere una institucionalidad por parte del estado y, según nuestro entrevistado Paulo Vilca, un replanteamiento de las condiciones en las que opera la minería en la zona, y por supuesto, el combate a la minería informal, factores que ocasionaron, según Vilca, la penosa situación que una vez más nos tocó vivir, haciendo añicos esa percepción que avanzamos hacia el desarrollo y la estabilidad.
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El Derecho Agrario peruano en la prevención de conflictos
¿Qué puede aportar el Derecho Agrario peruano en la prevención de conflictos? Lo cierto es que, a pesar de la vasta legislación agraria aplicada desde la instauración del regimen constitucional en 1980, no se han terminado de resolver cuestiones esenciales para la actividad agraria peruana (como la titulación de tierras), mientras que se suman a esta agenda pendiente, retos y amenazas nuevas para su desarrollo como los efectos del Cambio Climático, la seguridad alimentaria, el cultivo ilegal de coca, la competencia entre distintos usos de la tierra (para las actividades extractivas, la expansión urbana o para la producción de biocombustibles) o la disponibilidad hídrica para el sector agrario. Y esta situación está reflejada en los numerosos conflictos socio ambientales, identificados por la Defensoría del Pueblo.
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