En medio de una convulsión aún existente-las imágenes del aeropuerto de Puno constituyen un terrible dejavu- y las tímidas acciones del nuevo gobierno de la Dra. Dina Boluarte, el Dr. Ángel Delgado, ex hombre de izquierda, y sereno analista político, nos brinda su opinión e interpretación sobre este luctuoso episodio que aún continúa viviendo nuestro país.

Para nuestro entrevistado, es urgente controlar estas asonadas, y al mismo tiempo tomar medidas que permitan augurar un mejor futuro político, económico y social para miles de peruanos.

Ddlc: ¿Cómo explicar las movilizaciones contra el gobierno?

A.D: Estas protestas hay que ubicarlas en su justa dimensión. Creo que en lo fundamental es la respuesta de Perú Libre, del Partido Magisterial Popular vinculado a Conare y al Movadef, es decir, ex Sendero Luminoso, y partidos radicales de izquierda que formaron la coalición oficialista que llevaron a Castillo al poder.

Esa gente se ha visto desplazada, entonces ha dado orden a sus bases en todo el país. No son movilizaciones de contenido popular ni mucho menos democrático, no reclaman derechos sociales o económicos frente al Estado, son personas afectadas por el apartamiento del expresidente del gobierno.

Existe unanimidad en que esto es parte de un recambio constitucional, consecuencia del delito cometido por el expresidente de rebelión y conspiración, y la asunción de la vicepresidenta Dina Boluarte.  

Ddlc: ¿No cree que también existan demandas sociales y económicas, aparte del hartazgo político que sentimos millones de peruanos?

A.D: Así como la medicina y el derecho tienen su terminología, estas no son movilizaciones por ciudadanos afectados por la salida de Castillo. No son contundentes…

Ddlc: No tienen una base social…

A.D: Justamente, Castillo no ha sido querido como Chávez, entonces son manifestaciones pequeñas que suplen esa característica con actos violentistas, los cuales pasan a ser delictivos ubicados en el código penal, como tomar carreteras.

Ddlc: ¿Cómo evalúa usted la respuesta que el gobierno viene dando?

A.D: Es débil, pero la que cualquier gobierno daría, recurre a las herramientas que otorga la Constitución para enfrentar una situación que se torna insostenible.

Los enfrentamientos se producen cuando no hay presencia policial en las calles, cuando las hordas de extremistas y lumpen se dedican a atacar a las personas y el saqueo, entonces medidas como el Estado de Emergencia sirven para garantizar la vida e integridad de las personas.

Cuando un delincuente ataca, se produce un enfrentamiento y ocurren muertes lamentables que nadie desea, pero en ese caso existe el derecho a la legítima defensa. Los peruanos tenemos el derecho a defendernos de quienes quieren imponer por la violencia, un punto de vista o un modelo de relaciones sociales que no resulta del parecer de la mayoría. Esa es una diferencia fundamental entre una marcha democrática, y una movilización violentista que busca básicamente crear caos y amedrentar a la población.

Ddlc: ¿Qué evaluación puede realizar sobre la actuación del Congreso en esta grave crisis política?

A.D: Se ha desgastado profundamente en este año y 5 meses de gobierno de Perú Libre.

No ha estado a la altura de las expectativas que demandaban poner punto final a este periodo de desgobierno, crisis y corrupción. Entonces, como sucede en toda pelea, el desgaste comprende a ambos, tanto así que la solución-como dice la consigna socio-popular- es que se vayan todos, que tengamos nuevos representantes y autoridades, reemprender el camino democrático que se ha visto vulnerado y afectado por el gobierno infame de Castillo.

Ddlc: ¿En el paro de la Macro Región sur, en su opinión, existe una influencia del MAS?

A.D: Posiblemente, para eso están los servicios de inteligencia. Existe gente que analiza, va al campo, pero no tengo duda de que, en el sur del país se está preparando no de ahora, sino de tiempo atrás, una visión alternativa de lo que es el destino peruano.

En lugar de construir la nación peruana, con todas las dificultades que implica, se plantea el separatismo y una anexión a Bolivia, en base a la resurrección de pueblos aborígenes u originarios, y construir repúblicas quechuas, aymaras que evidentemente “balcanizarían” el Perú, lo destruirían. Es una grave amenaza, y quien la impulsa, sin duda, es Evo Morales.

Ddlc: Se habla también del Foro de Sao Paulo.

A.D. Esta organización viene ganando terreno en la zona andina, hablando de refundar las repúblicas sobre la base de Estados plurinacionales. Por otra parte, el Perú siempre se ha definido como un Estado Nación, lo cual es una tarea en pleno desarrollo. Eso lo ha dicho, desde la derecha, Víctor Andrés Belaúnde, a comienzos del siglo pasado, quien en el 1913 o 1914 decía “queremos patria”.

Desde otro enfoque, José Carlos Mariátegui afirmó que había que “peruanizar el Perú”, y Arguedas habla de “todas las sangres”, buscando construir la nación sobre bases culturales andinas, pero también occidentales, que recojan las tradiciones confluidas en nuestra tierra.

Sin embargo, ahora se formula una visión donde los pueblos originarios están sometidos a una situación colonial, como si estuviéramos en el Virreinato, y la república no ha significado ningún paso adelante, y que, por lo tanto, la única forma de alcanzar la liberación de estos pueblos es constituirse en repúblicas. Acabar no solo con la idea de un Estado Nación, sino romper con la idea de un futuro común, fragmentarse para liberarse, y solucionar los problemas sociales y políticos.

Ddlc: Pero es como que, a partir de las etnias, se creen Estados que no sabemos si serán viables o no. 

A.D: Ese es el nuevo pensamiento de esta época posmoderna: que no se afirmen los Estados Nacionales, sino se fragmenten, aprovechando los factores disolventes de la globalización, afirmar identidades regionales y convertirlas en nuevas nacionalidades.

Hemos vivido una guerra étnica brutal el siglo pasado en Yugoslavia, que se dividió en varias repúblicas, con la pretensión reaccionaria de construir Estados étnicamente homogéneos. La pureza racial como base de la convivencia social y política.

En Bolivia se habla de una “indianización” tirando por la borda el desarrollo histórico de ese país. Yo no digo que el proceso haya sido fácil, pero es un camino por recorrer, y luego dicen que hay que replantear los mapas y las naciones realizadas por el colonialismo, regresar a un estado anterior, y hacer una política del siglo XXI. Suena bien en el discurso, pero en la práctica puede tener consecuencias devastadoras. Si se lee la Constitución boliviana de 2009, el país se define como un Estado plurinacional, lo cual tiene muchas consecuencias, eso se ha repetido en Ecuador, que tiene una presencia de pueblos andinos; más bien en nuestro país no ha ocurrido, pese a que somos vecinos de ambos, quizás porque, mal que bien, hemos logrado algunas formas de integración.

El movimiento indigenista del S. XX de Pedro Zulen y Dora Meyer planteaban una nación desde lo indígena. Mariátegui nunca planteó eso, y fue una de las diferencias que tuvo con los comunistas reunidos en Montevideo. Para él, el problema del indio no es racial sino económico, representado por el feudalismo. Por eso propone acabar con el feudalismo y los terratenientes, liberar al indio e integrarlo a la nación. No propuso Estados aparte, pretextando un colonialismo del siglo XVI.  

Ddlc: ¿Qué reformas concretas deben realizarse, a fin de tener unas elecciones sin ningún cuestionamiento? ¿En ese aspecto, considera usted que el proyecto de Avanza País sobre el cambio de autoridades electorales es conveniente?

A.D: Todos sabemos - sin necesidad de bloquear carreteras ni tomar aeropuertos - que este gobierno es de transición, y que el pueblo debe elegir nuevas autoridades. Ese es su objetivo principal.

Ahora bien, creo que sí, en el camino se pueden hacer algunas reformas, es correcto, pero no primordial, ahí hay un error de enfoque. Este Congreso, sin legitimidad, no va a hacer las reformas que no ha podido hacer antes, y que requieren otro espacio más sosegado y una correlación de fuerzas con un mandato más claro. No se puede hacer elecciones en el 2024, como se menciona, con las autoridades del 2021.

Ddlc: ¿Entonces, usted no está de acuerdo con ese pedido?

A.D: Sí, pero creo que está mal formulado. Hay que plantear simplemente que el presidente del JNE y el miembro de la Fiscalía que lo representa no sean vocales y fiscales en ejercicio, lo cual los convierte en parte de un juego de intereses. En la Constitución anterior, el presidente anterior era un exmagistrado.

Con estas autoridades no se pueden realizar las elecciones, y si los congresistas y el gobierno han tomado la decisión de recortar sus mandatos, no digan que un funcionario de cuarta categoría quiera negarse. Eso es inadmisible y antidemocrático desde todo punto de vista. La gente de la ONPE y el JNE debería renunciar, y facilitar el proceso.  

El segundo cambio es tener elementos de cotejo y comprobación de la voluntad popular, porque a veces ocurren casos extraños donde no hay personeros, y se encuentran actas donde se registran 200 votos para un candidato y cero para los otros. Eso tiene que verificarse, ya sea conservando el voto, o no sé.

La otra podría ser concluir el debate y decidir si se reinstala un senado. El Perú siempre ha tenido un senado, y los grandes parlamentarios eran senadores: Héctor Cornejo Chávez, Luis Alberto Sánchez, Carlos Malpica. Ahora tenemos una cámara pequeña, personajes insignificantes y sin trascendencia. Creo que fue uno de los grandes abusos de la dictadura fujimorista, y se hizo, entre otras razones, para que ese poder sea más controlable. El senado debe ser restaurado.

Ddlc: La congresista María de Carmen Alva ha señalado que, a falta de un senado, el Tribunal Constitucional (TC) se ha vuelto en uno real.

A.D.: Claro, porque no es una cámara política. Muchas de las leyes que se discuten entre gallos y media noche se podrían debatir en un senado, que por más que tenga una correlación similar, es diferente. No hay que olvidar que el proyecto de Alan García sobre la estatización de la banca, que se aprobó en la Cámara de Diputados, fue rechazado y o modificado radicalmente en el senado, que presidía nada menos que Luis Alberto Sánchez. Poseer un mecanismo de control interinstitucional en el legislativo para mejorar las leyes, y tener una cámara especializada en los nombramientos como el senado - así funcionó en el Perú y otras democracias - sería un gran avance.

Por otro lado, el senado permite el acceso a la política de los dirigentes nacionales, que no están en el parlamento.

Ddlc: ¿Cree usted que, ante la violencia que están alcanzando algunas manifestaciones, la Fiscalía de la Nación debería brindar un reporte sobre detenidos, ¿su filiación o tendencia política?

A.D: Por supuesto.

Ddlc: Pero no lo está haciendo.

A.D: Y está mal. Toda la actuación del Estado debería estar sometida siempre a revisión y control, no para interferir, sino para ver, por ejemplo, si cuando se ha develado una marcha, se ha realizado siguiendo el protocolo establecido.  

Sin embargo, estoy en desacuerdo con la izquierda radical, que considera que el ejército y la policía son intrínsicamente asesinos. Esa concepción ha calado, y hay que combatirla. No es cierto que la policía dispara desde arriba a los manifestantes. Los enfrentamientos ocurren, justamente, cuando los manifestantes agreden a la policía, se produce la trifulca, con heridos y fallecidos que nadie quiere. Las fuerzas del orden intervienen para proteger la vida de las personas y la propiedad pública y privada.

Justamente, el Estado de emergencia permite detectar e identificar a los revoltosos y violentistas antes que se produzcan los desmanes.  

Ddlc: ¿En su opinión, ante las circunstancias, debería plantearse la actuación de un procurador antiterrorista, o tal vez, crear una figura de fiscal de orden interno?

A.D: No tanto, no soy partidario de los cargos ad hoc. Tenemos las herramientas para controlar estos problemas, lo que falta es que se empleen correctamente. Cuando se crea un cargo especial, el organismo busca su espacio, creando casos y situaciones donde no los hay.

Una sociedad ideal es aquella donde la policía interviene poco, solo actúa cuando se trasgrede la ley. Al Estado hay que ponerle límites para preservar la libertad de las personas.

Ddlc: ¿Cuál es su opinión sobre el referéndum?

A.D: Es un mecanismo de democracia directa para profundizarla, pero que unos revoltosos creen que van a imponerlo cuando toman aeropuertos, queman llantas o bloquean carreteras no se puede aceptar.

Sí creo, en torno a esta modificación que se hizo sobre la ley de participación ciudadana y se limitó la recolección de firmas al 10% de ciudadanos hábiles para votar y permitir una consulta; que esa cifra - más de 3 millones de peruanos - sea determinada por 130 congresistas, me parece antidemocrático.

La reforma constitucional es de los ciudadanos. Los parlamentarios representan un poder constituido y tienen poder de reforma. Actualizan y modifican aspectos de la Carta Magna. Un parlamentario elegido bajo estas reglas no tiene por qué cambiar todo el texto. En la campaña ni se discutió el tema. Y esto es válido también para el presidente de la República.

Todo se puede hacer, pero dentro de los marcos constitucionales y democráticos.

Ddlc: Dentro de una reflexión, y con una propuesta.

A.D: Creo que hay que cambiar esta Constitución, que es fruto de una dictadura, y nos ha creado muchísimos problemas, como la cuestión de confianza.

Ddlc: Pero la del 79 también fue fruto de una dictadura.

A.D: La del 79 fue para salir de una dictadura, los militares la promovieron para retirarse a los cuarteles, y dejar a los civiles para que gobiernen el país. En cambio, Fujimori hizo su Constitución para seguir gobernando con la pretensión de gobernar indefinidamente.

Ddlc: ¿Por otro lado, no le estamos otorgando demasiada importancia a los episodios de López, Petro y otros?

A.D: Hay una organización internacional del Foro de Sao Paulo que actúa así, los partidos que vienen ganando tienen una agenda común y se apoyan entre ellos, pero no pueden inmiscuirse en asuntos internos. ¿Con qué autoridad López, Petro, Alfaro o cualquiera, pueden decir que Castillo es presidente y la Sra. Boluarte no? ¿Ellos deciden por nosotros? ¿O nosotros decimos quién debe ganar en sus países? Es un tema interno.

Ddlc: Es un asunto de soberanía.

A.D: La soberanía es un principio fundamental que no debe menoscabarse.

Ddlc: Lo mencionaba, porque no son políticos de fuste, por así decirlo.

A.D: Son gobernantes en ejercicio. Yo respeto la investidura presidencial, más allá de las ideas o personas, pero en este caso son presidentes, y cuando hablan, lo hacen por sus ciudadanos, y afectan las relaciones entre los Estados. Cuando Pedro Castillo hablaba, no era para sus amigos, era la voz de la nación. Sus expresiones son una manifestación de voluntades, a veces no se entiende eso.

A diferencia de un ciudadano común, cuando un mandatario comunica una idea está expresando una voluntad o impartiendo una orden, y en este último caso, de acuerdo con el ordenamiento jerárquico, debe cumplirse. El acto jurídico se ha materializado, y es lo que vale. 

Ese es la diferencia entre lo que decimos las personas comunes y corrientes y lo que expresan los mandatarios.

Ddlc: ¿Cuánto tiempo estaremos así?

A.D: Hay que tener presente que es un régimen de transición, precario… hasta que este descontento general se encauce en la lid electoral.

Ddlc: ¿Medio año?

A.D: Puede ser, pero cuanto antes sean las elecciones, mejor. Y tiene que haber una campaña electoral de verdad. Las últimas fueron en pandemia, en la cuarta ola, la gente salía de la infame cuarentena de Vizcarra. ¿Quién iba pensar en la política? Fue una jornada atípica, quizás por eso la gente votó así y fueron esos los resultados. Nadie quería participar. Los candidatos alcanzaron 14 o 15%. No más.

Eso no puede repetirse, el siguiente proceso no puede ser mañana, como plantean algunos, porque tienen que haber opciones, nuevos candidatos que deben acercarse a la gente, muy desconfiada. La próxima campaña debe ser real y clara, un reencuentro entre electores y elegidos.