Los problemas del agro son múltiples y complejos, y datan de muchos años, a pesar de un boom agroexportador y algunos esfuerzos empresariales. Carlos Amat y León, economista e ingeniero, especialista en temas agrícolas, ex ministro del sector, y catedrático de la Universidad del Pacífico, analiza en la siguiente conversación la situación dramática de una actividad donde se concentra la mayor población en estado de pobreza.

Ddlc: ¿Ing. Amat y León, en su opinión, cuáles deberían ser las prioridades del sector en este quinquenio?

CAyL: En primer lugar, capitalizar el sector con no menos de 600 millones de dólares-año, pero para eso hay que desarrollar una capacidad de gestión de ese dinero, a través de una concesión de administración que se haga cargo de la ejecución de los proyectos de capitalización cuenca por cuenca, y de acuerdo a las cadenas productivas. Son dos aspectos para operar en el país: el territorio que está modelado por la cuenca, que es lo que integra los sistemas económicos, y lo segundo es la gestión de las cadenas productivas que operan en esa cuenca, vinculada con los centros urbanos y el mercado internacional, y para eso se necesita una gerencia de segundo piso, que es lo que denomino tambo de gestión empresarial, para que con los productores organizados, que muestran interés y honestidad, libremente, cumplan con un plan de inversión para aumentar su productividad en uso de suelo, del agua (riego tecnificado), variedades seleccionadas, contratos de inversión en maquinaria y equipo y un crédito según el tipo de  inversión y cadena productiva de largo plazo, en 5 o 10 años, con el compromiso de cumplir, y la garantía de un institución pública que maneje un fondo de fideicomiso con 600 millones a plenitud. En los primeros años será menos.

Con esa inversión se evitaría la pérdida, según la FAO, de más del 40% de pos-cosecha de alimentos, que genera costos adicionales a los centros poblados y consecuencias negativas como acumulación de basura y problemas de salud pública (infecciones), y donde los agricultores, que constituyen el eslabón más débil de la cadena asumen pérdidas porque no tienen capacidad negociadora ante los acopiadores, venden a precios bajos y en condiciones de contrato asimétricas. Esta iniciativa beneficiaría al productor y al consumidor.

Otro aspecto es el salto de tecnología básica de manejo de agua en costa y sierra por gravedad e inundación, tirar el agua al surco, similar a lo que hacemos los peruanos hace desde hace 5000 años, antes de Caral, a emplear un sistema de riego por goteo, con el cual con la misma agua se puede triplicar el rendimiento en tierra cultivable.

En tercer lugar, es necesario invertir en la resolución de conflictos judiciales, límites, herencias discusión de titulaciones entre vecinos y herederos a nivel local. Hay una hipótesis de un censo anterior según la cual en la costa hay más de 100 mil hectáreas cultivables no cultivadas porque están en litigio, por falta de inversión y gestión y en capital de trabajo, o abandono de esa tierra por terrorismo, por migración urbana debido a que los sueldos en las ciudades debido al boom económico, resulta más atractivo trabajar de ambulante de triciclero, de mototaxista, o incluso de cargador en las ciudades con sus accesos a servicios básicos y no de peón agrícola que es un trabajo muy duro, riesgoso y eventual, con procesos de baja productividad y una economía de subsistencia, que no dan para pagar sueldos competitivos.

Esta propuesta no es una inversión sofisticada como Olmos - Majes, Chira- Piura, donde hemos invertido más de 6500 millones de dólares en los últimos 35 años, y se ha destinado el 95% de nuestras inversiones, sino aumentar la eficiencia, la organización y  mejorar la gestión de los empresarios que están operando ahí.

Ddlc: ¿Cómo reducir esa conflictividad?

CAyL: Con jueces de paz calificados, especializados, y con recursos para que no sólo que diriman, sino que gestionen la solución de conflictos. Se necesitan personas reconocidas localmente, eso evitaría juicios de generaciones y que ocasionan juicios interminables, costos para las familias, y sobrecostos al trabajo de chacra. Un gasto que sólo beneficia a los abogados de ambas partes.

Ddlc: ¿En el caso del fideicomiso, podría administrarlo el Fondo de Competitividad?

CAyL: Habría que preguntarse cuál es su estructura para manejar la gestión, y apoyar en micro-cuenca por micro-cuenca toda la infraestructura no sofisticada de captación, reservorio, distribución, equipamiento y capacitación en el uso de esta tecnología, y que sea con una semilla certificada, con contrato de mercado y precio mínimo, que le dé al agricultor garantía para poder pagar, y eso implica buscar mercados internacionales, porque a nivel interno es muy reducido. El cuarto factor del tambo de gestión es la existencia en cada micro-cuenca siempre existe un 10% de agricultores con mayor capacidad. Reproducir la productividad de los más capaces en aquellos que no lo son, y eso es asociación de productores, centros de capacitación local, que ese grupo se convierta en un aula viva, significa invertir en una institucionalidad educativa, de capacidades, aplicadas en el campo.

El promedio de producción de maíz es de 6 toneladas y hay quienes producen 14 toneladas sin transgénicos. Si todos produjeran así, no necesitaríamos importar 40% de maíz amarillo duro. Es un salto de productividad, con el mismo recurso, capital, tierra, agua, equipo y conocimiento del agricultor, sólo por gerencia y manejo de agua y manejo del cultivo.

Ese cambio no consiste en cemento, reservorios, fierro, y proyectos de firmas constructoras de 14 años, que nos han costado más de 6500 millones de dólares. Pero eso no tiene placas conmemorativas. Y tenemos tierra ociosa y tierra productiva abandonada.

Ddlc: ¿Los proyectos se han hecho con fines políticos, al margen de los probables beneficios posteriores?

CAyL: Han sido básicamente proyectos políticos jalados de las narices por los intereses de los constructores.

Ddlc: Y este fondo fideicomiso…

CAyL: Es un fondo con una gerencia nueva, donde el modelo lo elabora el gobierno y subasta a las empresas privadas, y contrata los servicios de empresas e instituciones del más calificadas, con probado récord profesional y de honestidad, con lo que se construye un sector privado de prestación de servicios empresariales.

Ddlc: ¿Cómo fomentar la asociatividad en el sector?

CAyL: Es lo más fácil de decir y lo más difícil de hacer. Los agricultores se asocian cuando hay intereses comunes, y el principal es el mercado y si se gerencia con un contrato de compra y un precio piso, sería positivo. Pero los productores viven con tal inseguridad que si les aseguro la compra con un precio mínimo y certeza de compra aceptan, pero ahora lo hacen los acopiadores o los habilitadores y acopiadores que le adelantan pago, y los agricultores se someten a ellos porque les van a comprar su cosecha, les pagan un precio ridículo, a cambio de seguridad, que van a comprar su cosecha. El sistema está en contra del agricultor.

Hay que promover una asociatividad con claridad, honestidad y contratos justos. Pero eso no se hace con un estado burocrático, centralista, corrupto y limitado, sino con empresas de servicios de comercialización que cumplan la forma de contrato que pida el estado, con fortaleza financiera, para cumplir con el precio de refugio y que en cada micro cuenca y una garantía de que cada cosecha se pueda colocar en un mercado, si no el fideicomiso se termina en un año.

Ddlc. ¿Cuál es su opinión de los TLCs con EE.UU. y China?

CAyL: En principio estoy de acuerdo con los TLCs, porque es mejor tener un acuerdo de estado a estado, y no ser súbditos colonizados donde unilateralmente Estados Unidos nos vigilaba en el cumplimiento de erradicación de coca, y a cambio nos daba dádivas y prebendas para entrar con aranceles cero para los productos agrícolas.

El TLC no es un una relación bilateral, eventual, sin compromiso a largo plazo, es un contrato de estado a estado, la discusión es en qué términos, y se determinó para los productos sensibles de Perú un desfase de la reducción de aranceles a largo plazo, y se estableció un fondo compensatorio para la productividad que no ha funcionado, no ha sido gestionado por el anterior gobierno. Ahí hay un vacío terrible de incumplimiento de la aplicación del TLC, y una organización para estimular capacidades de competitividad, infraestructura hidráulica, comercialización, seguridad jurídica, infraestructura hidráulica, y la seguridad contra robos de cosecha que afecta a los agricultores, y les resta competitividad.

El agro requiere inversión institucional, con eficiencia y equidad, para esto tiene que haber un estado gobernante, que no es una mano invisible, ni centralista, que sino el buen gobierno que organiza que las partes tengan relaciones cumplibles, predecibles, claras y equitativas.

Ddlc: ¿Cuáles considera que fueron sus aportes en sus dos períodos de gestión?

CAyL: La última vez planteamos manejo de cuenca, cadenas productivas, y potenciar tambos de gestión empresarial que comprenden cambios de gestión tecnológica de producción, de comercialización, tecnológica, capitalización, equipamiento, y de infraestructura de los predios de la micro- región y capitalización financiera, que es capitalización de la institucionalidad del buen gobierno. Dar seguridad, predictibilidad en los contratos, confiabilidad en los compromisos, y requiere de la presencia de un juez, una policía no corrupta, y que no se pierda el 50% con este sistema de comercio.

Ddlc: Estamos hablando, entonces, de una mesa de varias patas.

CAyL: De 100 patas, bien sincronizadas. Ése es el buen gobierno.

Ddlc: ¿Estas propuestas se han tomado en cuenta por el sector?

CAyL: Si uno revisa el presupuesto del Ministerio de agricultura, se observa que no hay voluntad para capitalizar la institucionalidad del agro, y hoy se ve hay más tierras abandonadas, por las mejores oportunidades que hay en las ciudades, y en muchos valles donde el valor de la tierra está subiendo existen familias antiguas de agricultores de las grandes ciudades que se han vuelto especuladores, con tierra que no se trabaja, y esperan que suba no el valor de la hectárea sino del metro cuadrado.

En todos los entornos de valles de las grandes ciudades se ha desarrollado un mercado especulativo de tierras. En Lurín un metro cuadrado cuesta 30 dólares y la hectárea 300 mil dólares, ningún cultivo paga eso. Lima absorbió 38 mil hectáreas de su valle agrícola. Sólo queda algo en el Chillón y en Lurín. Arequipa está comiendo su campiña, en Trujillo y Chimbote ocurre el mismo fenómeno. En estas zonas de agricultura de gran rendimiento, de capital empresarial, me imagino que comprando 3 microbuses y alquilándolos, tengo más rentabilidad de la oportunidad con ahorros en el agro, o giro hacia una economía de bienes y servicios, y la economía peruana es de comercio y servicios de servicios de baja productividad, que derivan en los problemas del tránsito y el mercado ambulatorio. Porque ése es el sistema económico peruano, básicamente, pero sin los riesgos y sacrificios de vivir en la chacra.

Ddlc: ¿Y un enfoque de ordenamiento territorial ayudaría en ese aspecto?

CAyL: Por supuesto, y en cada cuenca tiene que haber una zonificación territorial y una vocación productiva de cada zona.

Ddlc: ¿Qué evaluación podría hacer sobre el Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT)?

CAyL: Bueno, ahora se ha incorporado al COFOPRI y al Ministerio de Vivienda. Avanzó mucho, desde que se inició fue un gran salto positivo, y se extendió con costos de titularidad bastante rápidos y eficaces. Incluso ganó un premio del Banco Mundial a la buena gestión, ahora no sé exactamente cuál es su situación. Eso debería de ser conocido en los cursos de secundaria en provincias.

El registro de propiedades debe ser accesible, rápido, y verificable, con un funcionario en cada pueblo, y que facilite encontrar el título, promueva el mercado de tierras, y que la gente regrese al agro, que nuevas generaciones vean oportunidades de negocio, y no una aventura riesgosa y engorrosa de comprar un predio.  

Ddlc: ¿Cuál es el balance de Reforma Agraria?

CAyL: Es un proceso importante de la sociedad peruana. El periodo para analizarla es de 5 siglos, donde la colonia terminó el 24 de junio de 1969, por un acto institucional de fuerza de las Fuerzas Armadas, del sistema de producción y organización de la sociedad, del sistema de haciendas, que eran relaciones semi feudales de patrono- servidumbre, de pongos en la sierra y yanaconas en la costa. Eso fue eliminado como organización social. Su consecuencia fue la descapitalización de un empresariado moderno en la costa y zonas de la sierra sur (algunas haciendas de Puno y del centro), pero se transfirieron más de 10 millones de hectáreas y de unas 5 mil unidades hacienda, que se convierte en una agricultura de parceleros, fragmentada y dispersa.

Ddlc: Ese es un pasivo.

CAyL: Para la productividad, y un activo…

Ddlc: ¿No fue un pasivo para los mismos parceleros?

CAyL: No, porque ese parcelamiento de las haciendas amplió la base de acceso a la propiedad, y la tierra es más que propiedad, que un peón de hacienda se torne en parcelero es un salto social cualitativo muy grande. De hijo a peón a propietario.

¿Cuál es beneficio de esto? Que Sendero no nos haya derrotado. Los que lo derrotaron fueron los beneficiarios de la reforma y sus hijos que fueron la carne de cañón de los muertos de la lucha contra Sendero. De los 70 mil muertos, alrededor del 80% fueron campesinos que defendieron su tierra de los terroristas que les prohibían ir a los mercados.

Ddlc: ¿De los ronderos?

CAyL: Los ronderos en el norte, y después el ejército ese modelo rondero el ejército aplicó, asociándolos para defender su tierra. Custodiaban el terreno 5 o 6 horas durante el día y en la noche lo hacían los parceleros.

La reforma agraria llegó a tiempo, y Abimael Guzmán tarde, felizmente, y con ello se evitó una guerra más cruenta y la demolición de las instituciones democráticas.

La emergencia de este sector fue positiva, pero se le abandonó después de que se les dio tierra, el gobierno militar que no aprovechó esa oportunidad para convertirlo en un empresariado moderno. El parcelero que fue abandonado a su suerte en el mercado, dejándolo con tierra pero sin capital, debido a la torpeza del gobierno militar, y a las políticas populistas de Belaúnde, Alan García, y Fujimori, que subsidiaron alimentos importados para las ciudades, descapitalizando hasta ahora el campo. Darle tierras sin capital sin modernización, sin carreteras y sin mercado no sirvió de nada.

Recién en el año 94, luego que a Fujimori se le dijera que 20 mil km cuestan como los 54 kms millones de anillos de Lima (400 millones de dólares), su gobierno invierte con el apoyo del Banco Mundial 30 mil millones en carreteras y caminos rurales, y eso dio acceso a las laderas andinas, que es la oferta de alimentos de los últimos 20 años y hace que la inflación esté controlada, y la tasa de precios de la canasta de alimentos básicos de la sierra han estado por debajo de la Lima.

Sin embargo, la canasta de insumos agrícolas de la ciudad ha estado por encima de la  que vende el campo, con lo que el campo se ha descapitalizado. La ciudad ha tenido una mayor oferta por las carreteras rurales, con 10 millones más de peruanos y no ha habido colas por la papa.

El otro gran pasivo de la reforma agraria, y de los gobiernos siguientes, son los problemas que hasta ahora afectan a las que eran las mejores haciendas azucareras como Cayaltí y Tumán.

Ddlc: ¿Qué opina del boom agroindustrial?

CAyL: Es una transferencia moderna de la nuevas generaciones de hijos y nietos de los hacendados de la aristocracia terrateniente, regresa culturalmente con una tradición agrícola muy acendrada a los hijos y nietos de hacendados que son empresarios e ingenieros internacionalizados. Es un cambio de stock de capital empresarial positivo de la reforma agraria.  

Ddlc: Se afirma que la parcelación de tierras fue consecuencia de la acción del gobierno de Morales-Bermúdez.

CAyL: Uno es la acumulación de tierras en la colonia y durante la república, especialmente por el liberalismo y el mercantilismo de la tierra de Bolívar, las familias comerciantes de las ciudades acumularon tierras arrinconando a las comunidades hasta el año 1969. El gobierno militar las haciendas se convierten en cooperativas, se colectivizan al contrario de la tradición andina, dueño parcelero, pero con intereses comunes como el manejo del agua y pasturas, luego los comuneros parcelan las cooperativas parceleros, “desestatiza” la primera reforma, y de ahí se parcela. La cuarta etapa es el ingreso de estas nuevas generaciones con mayor nivel técnico y empresarial de que regresan que trabajan de 150 mil de 800 hectáreas en la costa.

Un buen ejemplo de esto son los Rodríguez Banda y los Ibárcena, transportistas de la Nestlé se capitalizan, compran leche Gloria y con el capital hacen cemento y hoy en día tienen 40 mil hectáreas de los grandes complejos azucareros, lo que Haya y Mariátegui denominaba aristocracia terrateniente, y termina en grupo emergente cambios en las estructura sociales, cambios en la estructura de capital y emergencia social, que dan ejemplo de modernidad empresarial. No son señores de Club Arequipa, sino transportistas y la línea de productores de papel, azúcar, energía, lácteos y un grupo internacional.

Ddlc: Uno de los problemas graves del agro es el financiamiento. ¿Cómo evalúa el desempeño del Banco agrario, hoy Agrobanco?

CAyL: ¿Cuál es su capital social? No es gravitante, y ahí se ve la voluntad política. Esa es la reforma agraria del grupo más liberal, ideológicamente tonto, que desactiva el banco, creado el 36, y hasta el año 94 era de primera línea. Tenía 200 mil prestatarios, de los cuales había 50 mil malos pagadores, 100 mil razonablemente buenos, y 50 mil a1. Hoy tenemos sólo 6000 productores agrarios.

Lo quebró la hiperinflación y la política irresponsable de regalar dinero, el mal manejo del BCR, y las tasas de interés fija, con una inflación de 7500 %, y una política populista de regalar dinero se desarrolló una cultura del no pago. En los primeros 30 años era eficiente, y brindaba asistencia técnica crédito supervisado. En los 50 y 60 funcionó. Con la reforma agraria no se modernizó mucho, pero sobrevivió los 70 y los 80.

Ddlc: ¿Se justificaba su liquidación en el momento que se hizo?

CAyL: Durante el gobierno de Fujimori propuse un banco de segundo piso, y el primero con tambos de gestión empresarial o agencias agrarias, con directorios en cada valle, autónomos e independientes que escojan carteras de empresarios sujetos de crédito, arriesgando con ellos en el primer piso, y el otro inyectar financiamiento para capitalizar instituciones de investigación de innovación, de transferencia de tecnología, valle por valle, en cada cadena productiva con transferencia tecnológica en maíz, algodón, azúcar y había que invertir a largo plazo, para aumentar rendimientos y que sea rentable. El proyecto está muerto, y era el nuevo banco de desarrollo que propusimos el año 90.

Cuando estaba de ministro con Paniagua vinieron funcionarios del BID y Banco Mundial, y presentamos una iniciativa para crear un banco descentralizado y capitalizar el sector. Un banco privado que desarrolle un modelo que determine el estado, con un directorio independiente y autónomo supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), pero con un mandato de desarrollo por estatutos, y me dijeron no, -porque el BID y el consenso de Washington impusieron eliminar la banca de desarrollo – y me dijeron para eso está la nueva banca de inversión que va hacer banca comercial y de inversión- la multibanca -. Entonces dije ¡Es una locura¡ ¿Para qué trabajan en el World Development Bank, y no en el Chase, al Citibank o al Morgan? Se retiraron, y yo perdí consultorías.

Tiempo después vinieron otros funcionarios a mi despacho, y me dijeron que no me preocupe, que esos técnicos fueron despedidos, les dije que no era decisión de ellos, sino del directorio de Washington, que se sometieron. Esa es la historia, y hasta ahora no tenemos un Banco de Desarrollo, un sistema de planeamiento, de organización, de capitalización, con tecnología institucional del siglo XXI, es un país sin ideas, y todas las iniciativas de objetivos y financiamiento de largo plazo, se hacen porque lo dice el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), o la GTZ (Agencia de Cooperación Alemana), y sus expertos le dicen a los gobiernos. Es la precariedad institucional de la gobernabilidad del país.

Ddlc: ¿Por qué la banca comercial no financia el agro?

CAyL: Porque implica demasiados riesgos: sin capital, con problemas de comercialización, enfermedades, de clima y de seguridad. Para un banquero que busca rentabilidad de corto plazo, es una decisión empresarial lógica.

Ddlc: ¿Tiene usted una posición definida sobre los transgénicos en el Perú?

CAyL: Considero que debemos apoyar y fortalecer la labor del INIA, institución que ya desarrolla biotecnología moderna. Los rendimientos actuales de varias semillas pueden mejorar, como ya he explicado.

 

Ddlc: ¿La certificación de semillas debería ser obligatoria o continuar siendo voluntaria?

 

CAyL: La certificación de semillas le asegura al agricultor calidad, y por eso la semilla debería pasar por un proceso riguroso de certificación.