Lo primero que se puede decir es que, hasta ahora, este proceso anticorrupción sobre Odebrecht, el Estado u otras empresas brasileñas, es incierto, pues recién ahora se ha dispuesto la prisión preventiva del ex presidente Alejandro Toledo. ¿Por qué creer que los sobornos fueron destinados, únicamente, para Cuba, Luyo y Tejada?, ¿Por qué en Chile, Panamá o Colombia, sus fiscalías (o equivalentes) allanan las oficinas de las empresas involucradas y aquí se prefiere negociar con el corruptor, quien fija condiciones, y además la dosis de información que brindará?

Recordemos que a lo largo de los tres gobiernos, la designación de jueces, fiscales y vocales tuvieron un alto componente político. Basta con leer los medios de aquellos años y recordar los no tan lejanos cuestionamientos al Consejo Nacional de la Magistratura o la destitución del anterior Fiscal de la Nación Ramos Heredia. 

Una de los aspectos más saltantes del caso Odebrecht y otras empresas brasileñas es que, alcanza a tres gobiernos centrales y dos municipales por lo menos, hasta ahora. Faltaría investigar, por supuesto, al régimen fujimorista, y llama la atención el silencio de los personajes vinculados a la ex alcaldesa Villarán y al alcalde Castañeda.

Si la Odebrecht trabaja desde 1979 en nuestro país, sería necesario realizar pesquisas sobre sus actividades en cada obra que haya realizado en nuestro país.