En medio de la seguidilla interminable de denuncias, acusaciones y apelaciones que, alcanzan a presidentes y candidatas, el destacado penalista Mario Amoretti, observa, como muchos ciudadanos, con natural escepticismo, estos procesos.

Amoretti Pachas, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Particular San Martín de Porres, Doctorando en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y quien se ha desempeñado como Juez, Vocal y Fiscal Superior Suplente de la Corte Superior de Lima en la especialidad de Derecho Penal. y exdecano del Colegio de Abogados de Lima considera además, que al igual que en la imprescindible y siempre postergada restructuración del Estado - llamarla reforma suena manido-  se requiere decisión política.

Ddlc: ¿Teniendo en cuenta los avances y retrocesos en los casos recientes de corrupción de funcionarios públicos, qué evaluación puede realizar al "Sistema Nacional Especializado contra Corrupción de Funcionarios"?

M.A: Bueno, para mí el problema que se presenta es que en el proyecto aprobado en diciembre del 2016, se ha variado el texto, y se establece que los jefes, cabecillas y dirigentes se pueden acoger a la colaboración eficaz, y esto está prohibido por el Código Procesal Penal.

Es más, señala que se podrá, llegado el caso, sancionar a los procesados con condena condicional, y resulta en extremo preocupante porque imaginemos nosotros altos funcionarios, dirigentes y ex presidentes se acojan, y a las finales terminen con prisión condicional.  

Asimismo, se ha aprobado otro decreto legislativo en el que los delitos de peculado deberán de ser sancionados con pena efectiva, excepto para los corruptos. Esto se dice, se pregona, y gana titulares en medios de comunicación. ¿Así vamos a combatir la corrupción?

Al que ha delinquido se le pena con condicional, y como dije, resulta lamentable y preocupante, porque en principio cuando se le dice - prácticamente se le ordena en virtud a una ley - al juez que debe imponer cárcel, se vulnera la independencia del Poder Judicial, y eso la verdad que no podemos admitirlo.

Ddlc: Se ha distorsionado, entonces, toda la normativa, y la esencia de las leyes.

M.A: Por supuesto. Porque se están auto protegiendo, curándose en salud los funcionarios del poder ejecutivo que han apoyado este proyecto del legislativo. El Congreso tampoco lo ha observado, y nadie dice absolutamente nada.

Ddlc: Cómo hacer para mejorar o establecer una coordinación entre las procuradurías y las otras instancias porque las marchas y contramarchas de varios procesos dan que pensar.

M.A: Mire, se le está dando demasiada importancia al procurador, que no investiga, es un abogado más, que representa al Estado o a una entidad gubernamental. Sin embargo, se ha aprobado un proyecto de ley presentado por la Comisión Lava Jato, el cual permite al procurador intervenir en el proceso de colaboración eficaz, para que ellos digan qué persona está involucrada.

Aquí durante años la ley señala que el colaborador eficaz solamente brinda su información, admite participación como autor o cómplice, para acceder a este sistema y obtener un beneficio, y proporciona pruebas que comprueben lo afirmado.

Vemos un proceso de un procurador que ha acompañado a un gobernador para demostrar que la persona está involucrada. ¿Qué tiene que ver el procurador? Él participa al final, en el acuerdo, no para los efectos de una colaboración eficaz. No tiene ningún papel en el proceso, eso daría pie a que muchos, no todos porque no quiero generalizar, porque toman conocimiento de lo que dice un delator, brinda el dato que tal persona participó en un proceso delictivo, se busca a esa persona, se le da el dato, previo pago por la información brindada, entonces ¿Qué garantía podemos tener nosotros, cuando viola la garantía constitucional de igualdad ante la ley?

Esto significa que tanto derecho podía tener el procurador a participar en una colaboración eficaz, como al abogado del imputado. Algo asi sólo ha sucedido en las épocas de Velasco Alvarado y de Fujimori, porque sólo en dictaduras se le dan tantas atribuciones al procurador. Se dice que estamos en democracia, pero los hechos están demostrando todo lo contrario.  

Ddlc: Ante los  casos masivos de corrupción de funcionarios, con alcances transnacionales, delitos ambientales, delincuencia organizada (mafias que han contaminado casi todos los sectores económicos del país), lavado de activos y narcotráfico, ¿es el momento de revisar la política penal del país?

M.A. Por supuesto, pero en tanto no exista una decisión por parte del Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público, no vamos a tener éxito.

Recordemos lo que pasó en la década del 90. En esa época, varios audios y videos que fueron confiscados por el Congreso a la Fiscalía y al Poder Judicial, desaparecieron. La sociedad, la prensa deben exigir que se sancionen estos hechos, ahora o nunca.

Ddlc: Hubieron algunos suertudos.

M.A: Se mencionaron políticos encumbrados involucrados en estos actos.

Ddlc: Empresarios, oficiales…

M.A: Por supuesto, y nadie quiso investigar “la sustracción” de estas evidencias.

Ddlc: ¿Usted no le augura ningún éxito a estos procesos?

M.A: Por supuesto, porque en nuestra experiencia en otros tiempos, lamentablemente la contraloría dejó hacer, dejó pasar, y a las finales que tenemos… vamos a un proceso penal, sus informes no tienen ningún sustento, y el caso se desmorona.

Ddlc: Tenemos presidentes, ex mandatarios, y candidatos investigados, presos, denunciados o en investigación. ¿Qué puede comentar sobre esos casos?

M.A: Es algo muy lamentable, ya vimos lo que ocurre en Brasil. Mire usted lo que ocurrió con la presidenta Rousseff, y ahora con el actual, Michel Temer, y el presidente de la Cámara de Diputados, están comprometidos en estas situaciones. Si ocurren los destapes anunciados en este mes, que Dios coja confesada a la clase política.

Ddlc: ¿Cómo puede evaluar la situación del presidente Humala? ¿En su opinión, existen indicios para presentar un expediente sólido?

M.A: El caso Humala lo conocemos por los medios, pueden haber imputaciones sin sustento. Por eso es conveniente que a la Fiscalía se le proporcione los medios económicos, personal capacitado, especialistas, peritos, a fin que puedan aclarar los hechos, y la situación de los implicados.

Ddlc: ¿Sobre el ex presidente Toledo que podemos decir?

M.A: Con él se he hecho una investigación que ha avanzado bastante sobre Ecoteva, y pese a las explicaciones con las que pretende él negar que, está relacionado, podemos establecer, en base a cruce de información, que existen indicios razonables para llegar a determinar que posee responsabilidad penal.

Ddlc: ¿Sobre el caso Fujimori? Porque ahora se cuestiona, entre otras cosas, la actitud del juez San Martín.

M.A: Ya ha sido condenado. Como he manifestado, yo he sido juez, fiscal y he tenido que consultar sobre un determinado caso, porque nadie es portador de la verdad, y  el hecho que un vocal haya realizado una consulta, no puede invalidar una sentencia.

Ddlc. ¿Qué solución le podemos dar a este entuerto que, causa no sólo justa indignación en la ciudadanía, sino que a la larga, puede generar o exacerbar movimientos antisistema?

M.A: Que el Congreso nombre una comisión mediante una ley a fin de elaborar un nuevo Código Penal, porque estas modificaciones generan un problema, y existen algunos artículos que nosotros denominamos “derecho penal enemigo”, porque únicamente sirve para sancionar al enemigo político.

Ddlc: ¿Las investigaciones sobre el Caso Odebrecht pueden alcanzar también, al actual mandatario y al Presidente del Consejo de Ministros?

M.A: Se dice que en junio se va destapar la olla. Vamos a ver quiénes están involucrados. No bastan los testimonios, las responsabilidades se establecen con pruebas. Lo manifestado por colaborador eficaz, tiene que ser corroborado con indicios, elementos de juicio, que conlleven a ratificar la veracidad de una versión.

Yo opino sobre lo jurídico. En cuanto a lo político, cada uno es responsable de sus decisiones, de lo que dejó hacer o pasar.