A finales de los 50, durante el gobierno de Manuel Prado, el primer ministro Pedro Beltrán sostenía que incrementar los salarios a los policías iba a “desequilibrar el presupuesto”. Fue el detonante para una huelga policial y no tuvo más remedio que sacar recursos para satisfacer las demandas. El presupuesto no se ladeó ni un milímetro, pero la injusticia y la arbitrariedad sentenciaron a pena de muerte al líder de la protesta, el Guardia Civil Prudencio Huamolle Jiménez. En el Panóptico sus verdugos esperaban la madrugada para gatillar su corazón, hasta que una amnistía que lo salvó de ser fusilado.

Así fue antes, ahora también, con la diferencia que las frases tecnócratas desgastadas variaron en su texto: “No hay disponibilidad fiscal”, “política de austeridad” ,“plan de ajuste”. Es la misma excusa: cuando un delincuente mata por una deuda, la ejecución se llama “ajuste de cuentas” y se llama “plan de ajuste” cuando los ministros cajeros reducen el presupuesto para matar de hambre a nuestros hijos.

Si bien es cierto que hubo coyunturas donde no había recursos ni estabilidad fiscal y monetaria, como la hiperinflación del primer desgobierno de Alan García, ahora el país crece sostenidamente y hay recursos suficientes. Sin embargo, la actual escala remunerativa evidencia que los ingresos de la mayoría del personal militar y policial,  ni siquiera llegan a cubrir la canasta básica familiar de 1994 que ascendía a S/. 1,678.00 y que actualmente se estima en S/. 2,112.00. La brecha de la discriminación aumenta.

Según el economista Germán Lench, el tema pasa por un análisis profundo para distribuir con sentido social el Presupuesto de la República, incluso, cuestiona a los tecnócratas del Ministerio de Economía, quienes alegan que el otorgamiento de sueldos y pensiones decentes ocasionaría inflación, versión absurda, porque ese fenómeno es el incremento desmesurado del nivel de precios en relación inversa a los salarios, y en el Perú no hay ningún problema, porque nuestra moneda está sobrevaluada, y en todo caso, somos 28 millones de peruanos y los uniformados solo el 0.42% de la población, sector laboral diminuto que no podría inflar nada.

Lench también sostiene que en los siguientes años, la presión tributaria crecerá hasta alcanzar el 15,5% del PBI el 2013, y por su parte, los ingresos no tributarios crecerían en proyección un promedio de 5% debido al incremento de los ingresos provenientes principalmente de las actividades de hidrocarburos y las regalías mineras. De otro lado, es posible tener ingresos adicionales si se cobra la deuda tributaria que según la SUNAT asciende a más de seis mil millones de soles.  

Por eso, el autor afirma que es posible - inclusive - otorgar un bono mensual de 500 soles, señalando con cifras oficiales que existen, por lo menos, hasta tres modalidades para financiar el bono, porque en los últimos cinco años sobraron miles de millones del presupuesto no ejecutado por el gobierno central. Por ejemplo, el 2008 19 mil millones de soles, el año 2009 – con crisis internacional y todo – sobraron 16 mil millones de soles, y el 2012 se proyecta a casi 30 mil millones de soles.

Hay recursos suficientes para pagar la deuda social interna, sin embargo, los uniformados fuimos víctimas de una campaña desleal para enfrentarnos con la población, pues García Pérez y su verborrea afirmaba que el Estado no era una vaca lechera para otorgar aumentos. Resulta que no estamos reclamando aumentos, sino el cumplimiento del Decreto Supremo 213-90-EF, una norma que el avispado García había promulgado en 1990, con la finalidad de nivelarnos con otros sectores laborales, cuyos sindicatos habían negociado con éxito sus pliegos petitorios. 

Aquí aparece otro tema que debería preocupar a las personas conscientes. Si los gobernantes nos recalcan la importancia de la democracia, el principio de autoridad y el Estado de Derecho, cómo es posible que en 21 años el sistema no cumpla con el D.S. 213 que está vigente. Paradojas del Perú: los policías exigen a los ciudadanos obedecer la ley, en tanto ellos exigen al Estado que cumpla con la ley. Aquellos que incumplen las normas para no pagar la deuda social, al igual que un radiodifusor deudor que debe estar revolcándose de cólera por sus imitadores sin chispa ni gracia.

Tras palos, piedras. Resulta que en los últimos años cuando se caldean los ánimos en los cuarteles y comisarías, los gobernantes de turno van a compartir el “rancho” recontra mejorado por la visita avisada, ofrecen de todo y anuncian el nombramiento de comisiones de alto nivel y, cuando sus propuestas están listas, las observan y hasta desautorizan a sus integrantes. Es decir, juegan con los problemas militares y policiales, siendo Luis Castilla el más audaz funcionario que cobra desde la anterior gestión gubernamental.

En fin, es una democracia y un Estado de derecho que no cumple la Constitución, sobre la equidad y la suficiente remuneración y pensión. Igual con el Acuerdo Nacional y el Plan Perú 2021, donde se encuentran como temas fundamentales la seguridad ciudadana, la erradicación de la violencia y la seguridad nacional.

Así maltratan a quienes pusieron el pecho por la Democracia, enfrentando al terror en los peores años de la violencia política, cuando ni siquiera había chalecos antibalas, menos helicópteros artillados, igualmente a las viudas, discapacitados y huérfanos que siguen reclamando a los Jefes Supremos que cumplan no sólo con la ley, sino también con las sentencias consentidas y ejecutoriadas, en tanto la Caja de Pensiones se cae a pedazos no sólo por la ineficiencia y la corrupción de los directorios nombrados a dedo, sino también por la falta de nuevos recursos que podrían inyectarse con el incremento de remuneraciones. 

En estas condiciones no se les puede exigir a los policías y militares que se mantengan en la incómoda posición de atención y, menos a sus cónyuges e hijos. Encima con un premier Valdés que sostiene con el mayor desparpajo que “Ollanta Humala no debe cumplir sus promesas electorales”, línea claudicante y vergonzante en la que camina el Ministro Castilla. Bueno, los demagogos, los ingratos y desleales que se vayan al carajo del mástil más alto, como ocurrió con el infortunado Prudencio Huamolle.

*Abogado USMP, Periodista, Presidente de la Federación Nacional de Policías - FENAPOL