Recientemente, los ciudadanos contemplamos atónitos estas imágenes. Petro-Perú, la empresa petrolera estatal (de todos los peruanos) ha ocasionado este derrame en nuestra selva. Pero no sólo eso. Infraestructura vetusta, contratación de operarios menores de edad, sin protección, y un gigantesco daño ecológico. Estamos hablando de la misma compañía que pretende desarrollar el gasoducto del sur, para lo cual ha realizado una concesión extraña (como muchas de este régimen), con funcionarios que se duplican los sueldos,explotar el lote 88, que no se recuperó, sino que tenía que volver a propiedad del estado peruano. Nos gustaría ver a las ONGS ecologistas que protestan cuando estas tragedias ecológicas las ocasionan empresas privadas, hacer plantones frente a la lujosa sede central de Petro-Perú, en San Isidro. El nombramiento del geólogo Pedro Touzett es una buena señal, pero no servirá de nada si la empresa se sigue manejando con criterios políticos y no técnicos. Sobre este bochornoso hecho, demandamos que se investigue y se sancione a los responsables. Que el manto negro no sea también de impunidad.