A fines de los años 70, el país atravesaba una gran convulsión social. Luego de 12 años de dictadura, el gobierno militar empezaba a debilitarse, y el Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso) preparaba la lucha armada.

En ese contexto, una noticia conmocionó al país. El suboficial FAP Julio Vargas Garayar fue acusado de espionaje a favor de Chile. Treinta años más tarde, una vez más un suboficial de la Fuerza Aérea, Víctor Ariza, es acusado de espionaje. Sin duda, se trata de “Juegos de espías” y pone en evidencia nuevamente lo que ya sabemos: las calles son inseguras y el estado está desprotegido.

De modo que, este “Juego de espías” que para algunos parece increíble, no debe asombrarnos. Es normal que un país espíe a su vecino. ¿Por qué no se detectó antes? Por la carencia de un sistema de Inteligencia. Si en el frente interno Sendero y el narcotráfico constituyen una amenaza, en el externo hay que tener el mismo celo. Pero el Estado peruano optó por la indefensión. Si el SIN se había convertido en un aparato de control político, se imponía su reestructuración, no su desaparición.

En todo caso, recordemos que hay 7 mil millones de dólares chilenos acá (protegidos por un TLC aún vigente) y 120 mil peruanos allá. Aún con las asimetrías en la relación económica, la balanza comercial es favorable al Perú. Y nuestro país tiene una posición muy sólida en el Tribunal Internacional de La Haya, por lo cual debemos ser cautos en nuestra respuesta diplomática.

Una vez más lo que cabe es una política de estado en materia de Inteligencia que no agreda sino que prevenga. Planificación de la seguridad es lo que necesitamos.

Sin embargo ¿Cómo se explica la cobertura excesiva de este caso que ha terminado incluyendo asuntos más bien adjetivos como el dinero y mujeres? ¿Existe un tema que provoque más morbo y escándalo en la prensa y en la opinión pública que Chile? Independientemente de la importancia del hecho, es evidente que el régimen, con el apoyo - esperemos que involuntario - de los medios, sigue manejando temas adjetivos en muchos casos, que terminan por opacar otros tan o más importantes que ese.

Porque mientras estas cosas ocurren, el escándalo de la Universidad “Alas Peruanas” que involucra a vocales de la Corte Suprema y a políticos oficialistas y opositores vuela -nunca mejor dicho- lejos y a buen recaudo, y el caso Business Track, confuso, farragoso y trunco avanza a trompicones, con un nuevo giro y un antiguo protagonista, el ex ministro Francis Allison, detenido y procesado en Miami por tráfico de dinero, el gobierno sigue empleando su piloto automático. Y nos olvidamos de temas sustantivos, como el plan anticrisis del gobierno que apenas se ha iniciado o de la efectividad real de los núcleos ejecutores.

Justamente, es preciso recordar que esta crisis se originó en norteamérica, o mejor dicho, en sus bancos y en su afán desmedido de lucro.

Es una crisis de valores financieros y morales, frente a los cuales, en general, nuestra banca ha tenido un comportamiento aceptable, pero como cualquier sector requiere una regulación efectiva y que permita apoyar a sus clientes, promover a las empresas, brindándoles créditos a tasas razonables, incluyendo al agro, un sector económico que, como mencionamos en esta ocasión, requiere de una urgente capitalización.

Para todo esto, se necesita una decisión firme, tanto en los bancos como en el estado. Los países más importantes del mundo ya empezaron, ahora les toca a los bancos, porque la crisis nos afecta a todos, y no es justo que sólo los clientes nos ajustemos. Es importante una mayor cuota de sacrificio. No es posible que mientras hay millones de desempleados en el mundo, los ejecutivos de Wall Street, algunos de los cuales originaron este problema, sigan percibiendo sueldos siderales, lo cual no es un delito, pero sí antiético, porque éste es un problema, reiteramos, de valores financieros, pero también -por lírico que parezca-morales.

En suma, requerimos brindar más atención a lo sustantivo y menos preocupación por lo adjetivo.