Luego de la interpelación al Ministro de Educación, Jaime Saavedra, ha quedado claro el pulseo desgastante entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Desde esta “Cortina”, y a diferencia de los analistas cuasi-oficialistas de la prensa, y de un sector de la opinión pública que han repetido machacona e inmisericordemente que los promotores de la interpelación “se querían tumbar la ley universitaria”, creemos que el ministro debe renunciar, porque es responsable político del sector.

Lo que ha dicho y repetido este sector progresista, de derecha e izquierda, es que la reforma de la educación estaba en peligro, o sandeces por el estilo. Para quienes no lo recuerdan, mencionamos que la ley de marras no fue obra del cuestionado ministro, sino del general Mora, ex profesor universitario, cuyo texto, eso sí, Saavedra tuvo el mérito de mejorar.

¿Es el titular del sector el Mesías de la Educación? ¿Es el único indicado para liderar, más que una reforma, una revolución positiva, en un sector estancado y de pobrísimos resultados? ¿No hay un equipo de personas capaces en el Minedu?  ¿Todo aquel que está a favor de la salida del ministro tiene intereses subrepticios?

Es evidente que no, pero para este sector, incluyendo medios de comunicación, que reciben mucha publicidad del Minedu, sí.

Que haya 43 gestores de intereses de las universidades, muchas de ellas mediocres, en el Congreso, y a las que habrá que fiscalizar, no es razón para relativizar lo ocurrido en el Ministerio.

Por otro lado, Fuerza Popular no puede hacer su albedrío. Si presenta un proyecto lesivo, el Ejecutivo puede observarlo, los afectados cuestionarlo, o presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. O la progresía puede realizar marchas, aunque afecten el tránsito. Es campeona en eso. Estos sectores, en aras de sus intereses, quieren pues, que el legislativo deje de ejercer la función de control político que le corresponde. 

Resulta curioso que el congresista Lescano, tan fiscalizador con fujimoristas y apristas diga que el ministro no los convenció, pero no apoyarán la moción. ¿146 millones de soles le parecen poca cosa? ¿O los 800 millones de soles de publicidad en tres años no le sugieren nada? A este paso, dos respetados conocedores del sector, como Idel Vexler y León Trahtemberg, que han manifestado sus discrepancias con el ministro, serán tratados como sabe Dios qué.

Hay pues, toda una corriente de opinión que busca victimizar al Ejecutivo de sus monumentales incapacidades y debilidades. Un gobierno que no es capaz de poner orden en tres ciudades de la sierra, que tiene un ministro el cual confunde un testigo con un sospechoso, otro que asciende súbita y apasionadamente asesoras, y otros, como Salvador del Solar, sin mayor experiencia en gestión pública para el Ministerio de Cultura, sector que tiene que ver con la consulta previa, condición, - como recordó Aldo Mariátegui- para el desarrollo minero. Ojalá que tenga los viceministros o asesores idóneos que le aseguren un buen desempeño. (Dicho sea de paso, ¿cuáles son los logros importantes del Ministerio de Cultura?).

El pulseo entre el Ejecutivo y el Legislativo debería terminar con la renuncia de Saavedra, sin que eso interrumpa los logros, pocos o muchos, de su gestión. Pero parece que el gobierno ha apelado a llevar las cosas al extremo, demostrando que no posee un equipo de lujo, ni un gabinete de lujo.

Los peruanos, para empezar, queremos un gobierno de atienda otros temas de interés nacional, como la emergencia hídrica en varias regiones del país y que, de no actuarse con decisión, podría generar conflictos por el agua; revisar – de ser el caso – la estrategia de desarrollo y pacificación en el VRAEM y supervisar el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre sus representantes (o los del sector privado) y los líderes de las protestas recientes en el distrito de Machu Picchu, Saramurillo (distrito de Urarinas), Curimaná, Chumbivilcas (Cusco), Alpamarca (La Libertad), VRAEM (donde se exige una mesa de diálogo), además de otros conflictos latentes de los que da cuenta la Defensoría del Pueblo. No un régimen sobre el cual existe la percepción de entendimientos con el anterior. Sospechas basadas en almuerzos, debates acallados, viajes y funcionarios mantenidos.

En otras palabras, los peruanos deseamos tener un gobierno de verdad.