Cada vez más, al gobierno se le presentan más problemas. Y cada vez los enfrenta de una manera más torpe y, a veces, amenazante.

El primer episodio ocurrió con la salida del secretario Petrozzi. Como se sabe, despidió al periodista y escritor Hugo Coya de la presidencia de IRTP, canal del Estado, no del gobierno, entiéndase bien, por cometer “la falta” de querer ser equilibrado en la información.

Esto es algo que se conoce hasta la saciedad: una cosa es la información, y otra la opinión. El canal del Estado informaba sobre hechos conocidos, no emitía opinión favorable sobre los mismos. Pero el exsecretario de Cultura, adulón de la señora Fujimori, y ahora del gobierno, despidió al conocido periodista, que, como se sabe, no es fujimorista, ni aprista.

En todo este entredicho queda claro que lo más probable es que el tenor haya sido sólo un operador del gobernante de facto y sus áulicos.

El otro episodio constituye la salida de prisión de la Sra. Fujimori, que no significa, entiéndase bien, que sea inocente, sino que simplemente afronte sus procesos en libertad, como deberían hacerlo todos los relacionados. Pero los resultados de la Fiscalía son solo, hasta ahora, fuegos artificiales. Las oficinas de Odebrecht en el Perú no han sido allanadas, ni sus directivos detenidos, ni sus cuentas congeladas. ¡Y encima se les paga ¡

Pero la reacción del régimen en el caso de la lideresa de Fuerza Popular fue presionar al procurador, al tiempo que los fiscales, coincidentemente, califican de “sospechoso” el veredicto, mientras que sobre la denuncia de la magistrada del Tribunal constitucional, Dra. Marianella Ledesma, no se conoce nada más.

Mientras tanto, se dan a luz, una vez más, pagos en tiempo récord, por cifras astronómicas de 41 millones de soles, en las últimas horas de gestión del entonces gobernador de Moquegua Martin Vizcarra, aunque conviene precisar que, la Contraloría no lo ha incluido en la lista de funcionarios con responsabilidad administrativa ni al actual secretario de Transportes y Comunicaciones.

No es la primera denuncia al respecto, y el presidente de facto sólo atina a afirmar que “ya se archivó”, pero que lo investiguen. Lo que no aclara Vizcarra es su participación en el hecho, y la de su incondicional funcionario, Edmer Trujillo.

Los fiscales anticorrupción, en vez de apurar el paso en las investigaciones a Fernando Zavala, Susana de la Puente, Fiorella Molinelli (actual presidenta de Essalud), allanan la oficina de un gremio empresarial, Confiep, para investigar a instituciones en particular. Además, en una iniciativa de una intolerancia desembozada, pretenden sancionar a Fuerza Popular y al partido Nacionalista. Como deberían saber los fiscales, en derecho, las responsabilidades son individuales.

Probablemente faltó claridad en la operación de apoyo de la Confiep. ¿De verdad piensa la Fiscalía que la CONFIEP iba a apoyar a Ollanta Humala, Antauro Humala o a Gregorio Santos? Es absolutamente ridículo. El gremio debería ensayar otras formas de participación político social: medios de comunicación que realmente promuevan libertades y no únicamente intereses, ONGs, fundaciones, etc. Eso es algo que la izquierda parece haber entendido mejor.

Todo esto ocurre en tanto se da a conocer que la anemia avanza, el nivel de crecimiento del PBI decrece, con una economía languideciente, y, por supuesto, la galopante inseguridad.

Entre la ineficacia, las sombras sobre palacio y la vena autoritaria cada vez más visible, el gobierno de Vizcarra va sacando la garra. Cuidado.

P.D: Pedimos disculpas a los lectores por el retraso en esta edición.