El Congreso que ya termina costó al erario nacional la friolera de S/. 1,620´094,089, en el periodo julio 2006 - julio 2011, dinero de nuestros impuestos. Sin embargo, siendo una de sus funciones legislar, al parecer en ello ha fracasado rotundamente. 

Cuando la población le otorga una desaprobación del 78% al primer poder del Estado es por una razón fundamentada. Cifras al canto, proporcionadas por el mismo Congreso de la República: de los 4,897 proyectos de ley presentados, los que pertenecen a la autoría de los congresistas fueron 3,705 o sea el 75%, los del Poder Ejecutivo 817 o el 17% y la diferencia 375 u 8% por otras instituciones (Gobiernos sub nacionales, Colegios Profesionales, Contraloría General, entre otros).

De los 3,705 proyectos de ley presentados por los congresistas han sido aprobados y publicados en el diario oficial "El Peruano" únicamente 1,300 o sea 35%, sin embargo de los 817 proyectos del Poder Ejecutivo se han aprobado 750 o sea el 92%, como se puede apreciar aproximadamente el 65% de los proyectos de los congresistas no fueron aprobados.

Muchos de los proyectos de nuestros padres de la patria, no han sido ni estudiados por las comisiones ordinarias, claro en su gran mayoría 95% no tienen el debido sustento, es decir el análisis costo - beneficio para hacer técnicamente sostenible la norma y otros tienen iniciativa de crear y aumentar gasto público, lo que está prohibido por el Reglamento del Congreso que tiene fuerza de ley, algunos declaran de interés nacional obras para saltar al Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP y otros proyectos han sido copiados de legislaturas anteriores.

De otro lado, el Poder Ejecutivo ha legislado una cantidad de normas mediante los Decretos de Urgencia equivalentes a una ley y a través de los Decretos Legislativos con facultades otorgadas por el Congreso para temas especializados y específicos, utilizando para ello al cuerpo de asesores de cada sector. ¿A qué se dedican entonces los parlamentarios y sus asesores?

No se trata de sostener que es necesario legislar porque tenemos normas en cantidad, pero tampoco se puede esconder bajo esta premisa la necesidad de formular normas bien elaboradas, porque entonces se podría criticar muchos gastos sin sustento dentro del recinto parlamentario, como el pago de un sueldo por escolaridad a muchos funcionarios que no tienen hijos, y que ahora se tiene personal casi por igual que cuando el Congreso tenía 180 diputados y 60 senadores, es decir 240 representantes, máxime cuando se tiene todo el respaldo técnico e informático necesario.  

El costo-beneficio de los proyectos de ley

La gran mayoría de proyectos de ley presentados por los actuales congresistas de la República según el Reglamento del Congreso que tiene fuerza de ley, tienen la obligación de incluir en cada propuesta legislativa el análisis costo-beneficio de la futura norma legal que se procederá a estudiar para luego ser aprobada, que le permita cuantificar los pros (beneficios) y contras (costos), una manera de identificar a los beneficiados y los perjudicados por cada uno. Cabe señalar que este requisito sólo puede ser dispensado por motivos excepcionales.

Sin embargo del 100% de proyectos de ley presentados por los Congresistas, casi el 95% carecen de análisis o si lo tienen están mal elaborados con datos estadísticos desfasados y supuestos irreales, fruto del desconocimiento de la realidad, por los siguientes motivos: 1) la baja calidad y conocimiento en materias especializadas de los actuales asesores que pertenecen a los despachos de cada congresista, en la mayoría de los casos, 2) la falta de experiencia del equipo asesor, empleados por favor político en las oficinas congresales (muchos de ellos con sueldos recortados) que no conocen absolutamente nada de las funciones congresales con respecto a la asesoría técnica que deben brindar.

Si revisamos los proyectos de ley presentados encontramos que en su gran mayoría en el análisis costo-beneficio hablan de muchos beneficios y muy pocos costos al erario nacional, lo que refleja ignorancia total y falta de respeto a la majestad del Congreso y la población a la cual representan, y cabe precisar que este parlamento que termina llamado “primer poder del Estado”, nos ha costado a todos los contribuyentes en los cinco años del periodo legislativo julio 2006 - julio 2011 la cantidad de S/. 1,620´094,089, una cifra nada despreciable, teniendo cada congresista derecho en su despacho, a parte de su personal administrativo, a dos asesores, justamente entre otros aspectos para que propongan normas técnicas, consecuencia de estudios bien elaborados, y fruto de un trabajo de investigación riguroso.

Es más, este Congreso ha convertido a las comisiones ordinarias que deben encargarse de estudiar los proyectos de ley presentados al Parlamento, en simples mesas de partes, ya que el equipo asesor de las Comisiones que también debe ser experimentado y especializado en cada materia, remite los proyectos de ley a los sectores o entes involucrados para que ellos opinen y si esto no ocurre, simplemente en muchos casos no dictaminan las iniciativas y si lo hacen es políticamente.

Existen varios ejemplos, como el que declara de interés nacional la ejecución de proyectos de inversión pública, que implica la construcción de determinadas obras con la finalidad de acelerar su trámite y pasar por agua tibia al Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP y al Sistema Nacional de Presupuesto los que tratan que el dinero del Estado se gaste eficientemente. Otro caso de desconocimiento total ha sido proponer la creación de la Universidad Autónoma de Tayacaja del departamento de Huancavelica, sin presupuesto propio y en base al presupuesto de otra Universidad, trayendo como resultado una protesta que dejó como saldo tres muertos y pérdidas económicas a instituciones públicas y privadas.

Esperamos que los nuevos parlamentarios del próximo Congreso que inicia funciones en julio convoquen técnicos con experiencia y ganas de trabajar con rigurosidad de lo contrario el prestigio del Congreso seguirá por los suelos con una desaprobación del 78% de la ciudadanía, algo que se puede impedir. No se olviden que el pueblo votó por el cambio: asuman con responsabilidad su representatividad ante quienes los elegimos.    

*Economista, Doctorado en Economía y con Maestría en Gestión Económica Empresarial, Universidad Nacional Federico Villarreal. Especialista en proyectos de inversión de desarrollo agrario y del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).