En su tercer mensaje a la Nación, el presidente Ollanta Humala trató de enviar señales concretas de lo que quiere hacer su gobierno, pero no dijo cómo. Consideramos muy positivo que el gobierno reafirme su apuesta por la economía de mercado, la búsqueda de competitividad y desarrollar un proceso de industrialización, que no tiene por qué seguir patrones proteccionistas de los setentas que nos hicieron tanto daño.

Sin embargo, el presidente olvidó hacer alusión a la delicada situación política del país y de su gobierno. No habló, por ejemplo, sobre la huelga médica y cómo el régimen piensa encarar las protestas que afectan al ciudadano, que percibe ineficiencia en la gestión gubernamental.

Otro punto medular que tendría que cambiar es la forma cómo se relaciona con las otras fuerzas políticas, que son sus adversarias, no sus enemigas. Aunque, probablemente, en su visión de militar, la política también es una guerra. Pero aún la guerra tiene sus protocolos. Y el régimen no puede estarse peleando con fuerzas, que aunque sean sus rivales, puede necesitar para gobernar.

Tampoco dedicó una línea al narcoterrorismo. El grave atentado a la empresa Graña y Montero en Huancavelica, encargada de construir una carretera, se omitió olímpicamente, y esto es importante, considerando que los especialistas han señalado que los subversivos le tienen pavor a las vías de comunicación, porque se sabe que a través de éstas llega el estado y la inversión. Las referencias a la seguridad fueron muy, pero muy, vagas.

Resultan increíbles las declaraciones del Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, y en general las del gobierno, al calificar éste tema como una percepción, y deviene en cuestionable la afirmación de antaño que señalaba que la delincuencia se debía a la pobreza. Si la pobreza ha disminuido aproximadamente en 20 puntos, ¿Por qué aumenta la delincuencia?

El gobierno debe reconocer que los problemas no se solucionan con buenas intenciones, sino con acciones, y en el caso del Congreso y la elección del Defensor del Pueblo, así como de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y del directorio del BCR, haría bien en reconocer su error y no achacar todo, cínicamente, a una oposición benévola y que se ha convertido en la comparsa del régimen. En el caso del Tribunal, parece haberse transformado en un mini parlamento, donde cada grupo busca dominarlo y convertirlo en un foro político y no jurídico.

A propósito del parlamento, nuevas fisuras se han producido tanto en Perú Posible (o en "Un Perú donde todo es Posible" como señaló precisa, pero sarcásticamente "El Comercio") y en la Alianza por el Gran cambio, donde las renuncias han estado en agenda. Las acusaciones de deslealtades y excusas para cubrir su incoherencia son las respuestas de sus impopulares dirigentes. En el caso del toledismo, era previsible, y no tanto en la pomposa Alianza por el Gran Cambio, aunque es bueno recordar, las discusiones por la inclusión de Lourdes Alcorta como candidata en la campaña anterior.

Descartada la posibilidad que la primera dama sea candidata, la situación de algunos ministros, en especial el del Ministro de Defensa, Pedro Cateriano, resulta insostenible, no solo por el video sino por la evidencia - una más - del excesivo poder de decisión que tiene la primera dama. Poder que pasa por el bienintencionado pero invisible primer ministro, Juan Jiménez Mayor. Independientemente de la renuncia de Cateriano, resulta notorio que la institucionalidad es afectada de un modo muy serio. Ya hemos tenido bastante de poderes a la sombra. Y ni qué hablar sobre la reunión con la jueza de Carmen Rojasi, encargada de ver el caso Chavín de Huántar, en el que estuvo acompañado, nada menos, del entonces Ministro de Justicia, Juan Jiménez, y el presidente del Poder Judicial, César San Martín.

La obtención del audio es ilegal, pero las explicaciones de las autoridades, simplemente, no convencen, tomando en cuenta que el gobierno se proclama respetuoso de la independencia de poderes.  

El asunto de las congresistas Obregón y Malpartida es grave, por ser personajes muy vinculados al gobierno. El especialista en temas de seguridad, Jaime Antesana, señaló hace unos días, en los medios de comunicación, que existen 12, casi un 10% del total de los congresistas, bajo la sospecha de estar vinculados con el narcotráfico.

Es en este escenario y con estos actores, que el gobierno en vez de hacer anuncios sin decir cómo, debería de retomar su propósito mencionado en el mensaje del 2012, de reducir la pobreza al 15%, para lo cual tiene que cambiar personas, equipos y actitudes, considerando que la economía internacional aún se encuentra en crisis.

Si retoma este ambicioso objetivo con tesón, sus partidarios y aún los que no votaron por él, le estarían agradecidos.