Nuestro país se encuentra en un momento delicado. Por un lado, sufrimos los embates de una previsible recesión, generada por todos los merecimientos que hemos realizado para padecerla y, por otro lado, estamos hastiados de escuchar y conocer una “recata fila” de denuncias, escándalos y renuncias que no tienen cuando acabar. Además de la inseguridad ciudadana que nos agobia a nivel nacional.

En el caso de la recesión económica, uno de los puntos más importantes es, sin duda, el déficit fiscal, y es que, desde que asumió la presidencia Pedro Kuczynski y, especialmente, Martín Vizcarra, el Estado no ha hecho más que regalar dinero, subsidiar y todas esas medidas que se supone que deben ser de excepción y no de rutina, como para mitigar problemas, subsanar incapacidades y, lo que es peor, pretender ganar votos.

El déficit fiscal económico, vamos a llamarlo así, se encuentra en nuestra fortaleza macroeconómica, necesaria pero no suficiente para llevarnos al desarrollo. Se ha debilitado. Prueba de ello es el exiguo, casi ridículo crecimiento de 1%, que esperemos que se alcance, mientras el ministro de Economía busca generar optimismo en los agentes económicos y en la población en general.

El segundo - aunque no menos importante -está relacionado con la incapacidad fiscal del Estado peruano de investigar y procesar a los denunciados por corrupción. Desde la señora Keiko Fujimori, pasando por los expresidentes Humala, PPK, Toledo, la alcaldesa Villarán, los empresarios Graña, y una larga lista de personajes que deberían estar, cuando menos, declarando ante el  mediático equipo que todavía comanda, para nuestro infortunio, Rafael Vela Barba, con el improductivo apoyo de José Domingo Pérez, cuyas apariciones en televisión son cada vez menos frecuentes, y quien parece haber perdido el apoyo de gran parte de la “gran prensa” (¿?) esa que apoyó al Estado desde la época del lentamente investigado Martín Vizcarra.

En suma, si la Ministerio Pùblico, para empezar, hubiera hecho su trabajo de una manera realmente correcta, hoy quizás tendríamos sentenciados, y una escenario política más limpio. Y si desde el MEF se hubiera sido más cuidadoso, no tendríamos el déficit fiscal que hoy padecemos, y que incide sobre la recaudación, en otras palabras, sobre la ejecución de obras públicas, importantes para el Estado y para la población.

Las autoridades del ministerio de Economía y Finanzas y de la Fiscalía ya no son las mismas. Por lo tanto, deberíamos adoptar otras medidas para acabar con este doble déficit que contamina la economía, y por supuesto, la política.