Transcurrido un año del gobierno de Dina Boluarte, el balance es positivo, aunque presenta muchas deficiencias. Con la asunción de Boluarte, aún con todos sus errores, el país ganó màs en más estabilidad, con menos revoltosos e incompetentes en su seno. El mensaje a favor de la inversión privada, un correcto - no notable - manejo económico, y el deslinde claro con extremismos fue resaltante.

Los primeros meses fueron una prueba de fuego para el régimen, que tuvo que soportar casi una revolución, provocada, en gran medida, por extremistas y vándalos cercanos al círculo del gobierno del que formó parte la ahora mandataria.

Controlados estos arrestos subversivos, lo que debió seguir es la promoción de la inversión publica y privada limpia y eficiente, pero desgraciadamente no ha sido así. La falta de impulso de ambas - que no están reñidas con un gobierno de centro izquierda con el que dice estar alineado el presidente del Consejo de ministros Alberto Otárola - ha ocasionado una recesión, aunado a otros factores climáticos y conflictos internacionales.

El régimen se ha dedicado a promover planes de mitigación de la recesión a través de créditos y subsidios para los sectores afectados, de los cuales, hasta ahora, no tenemos resultados tangibles. Si bien es cierto no estamos como a inicios de los noventa, el índice de pobreza ha sobrepasado al 30% de peruanos, algo inconcebible. O más bien concebible, si tomamos en cuenta las gestiones de Vizcarra, Sagasti, Castillo, y el actual régimen.

Por otro lado, el gobierno apenas es capaz de implantar un plan contra la inseguridad ciudadana de escasos resultados, dándole ese encargo a la policía, pero sin el suficiente respaldo, y entretanto muchas veces encontramos que las fiscalías no procesan y el poder judicial no sentencia, con lo cual el esforzado y muchas veces incomprendido trabajo de la Policía Nacional sirve de poco.

El régimen de la señora Boluarte no puede, hasta ahora, ni mitigar la situación en Pataz (Trujillo), donde mineros ilegales derriban torres de alta tensión, un hecho que trae muy malos recuerdos que debería generar la adopción de medidas radicales, como un estado de emergencia o la participación de la Fuerzas Armadas. En se sentido, el proyecto del congresista Burgos, de reimplantar "Juzgados sin rostro" para enfrentar el desbordado problema de la inseguridad ciudadana, debe ser, cuando menos, discutido. 

El gobierno cree pues, que puede llegar hasta el 2026, pero no promueve, hasta ahora, cambios al sistema político, ni les da mayor impulso a las inversiones. La mandataria prefiere el discurso, los pronunciamientos, las rondas de prensa de su funcional y desgastado presidente del Consejo de ministros, antes de gobernar con mayor ímpetu, cuando menos. Y al mismo tiempo defender a su activo y no tan sigiloso hermano, e ignorar por completo las denuncias a su ministro de Economía, que debió renunciar hace tiempo, junto con otros funcionarios. Algo de lo que se habla hace mucho tiempo, pero que hasta ahora no se concreta. 

Todo esto ocurre mientras el entorno del expresidente Vizcarra es detenido, y habrá que ver si las nuevas cabezas de la Fiscalía actúan conforme a la gravedad de los delitos cometidos. Y sorprende que muchos sectores que ahora lo critican, antes lo ensalzaban, y lo convirtieron como un líder mesiánico, mientras que al expresidente Fujimori quieren regresarlo a prisión, en una demostración de odio visceral, en tanto los juicios a Kuczynski, Villarán y Humala siguen retrasados, y el efectista alcalde de Lima quiere ganarle la pulseada a “Rutas de Lima”.

En el Perú cambian los gobiernos, pero no el estilo de manejo de crisis (poca eficacia y corrupción). ¿Cuándo haremos algo al respecto?