Hace unas semanas, cuando se propaló un reportaje que revelaba encuentros nocturnos y casi furtivos entre el presidente Castillo y una empresaria que, después ganaría jugosas licitaciones, el ministro de Salud, el mediático y político Dr. Hernando Cevallos, salió a anunciar que se acortaba el plazo para que los ciudadanos puedan recibir la tercera dosis contra el COVID, frente a la inminente amenaza de la tercera ola de la enfermedad, que todo indica ha ocasionado más muertes por la incapacidad del Estado que por su propia peligrosidad.

El mensaje se emite en medio de una exitosa y masiva campaña de vacunación iniciada durante el mediocre gobierno de Sagasti, que tuvo el mérito, sin embargo, de cerrar contratos que permitieron al país disponer de gran cantidad de vacunas. Gestión realizada, según se sabe, por el Dr. Allan Wagner.

En realidad, uno de los pocos activos que, o quizás el único mérito del gobierno, ha sido continuar con el proceso, mantener a los mandos claves y avanzar. Sin embargo, resulta evidente que al interior existen personajes deseosos de convertir al Covid en un actor político (si es que no lo han hecho ya).

Esta semana, cuando se solicita abrir o iniciar (no aperturar, por favor) una investigación al presidente Castillo por reuniones, igual de sospechosas, con un empresario afortunado, nuevamente Cevallos anuncia la llegada de la tercera ola, que se caracteriza por su velocidad de contagio, y no precisamente por su letalidad. Como si viajáramos en la máquina del tiempo, el titular de Salud nos regresa al 2020, con medidas ridículas como un toque de queda, que esperemos no paralice la economía más, en vez del virus.

El Estado peruano debería estudiar más bien, no solo la conveniencia de una cuarta dosis, sino analizar la posibilidad de adquirir y aplicar los medicamentos anticovid, ya comprados por Israel, y aprobados por Japón y Estados Unidos. La restricción de libertades como único parámetro para enfrentar la crisis sanitaria ha sido un estruendoso fracaso, además de constituir una afectación a las libertades inherentes de los ciudadanos. Pero esto a pocos parece importarles.

Se trata entonces, no de una ola, sino de un tercer pico de una misma ola de la enfermedad, y de una ola fiscal con dime y te dirés sobre la precaria situación de un presidente errático, cuyo ministro de Educación fue abandonado por el propio ejecutivo, el cual

insiste en designar personajes como Daniel Salaverry,-justo cuando se negocia un nuevo contrato con el Consorcio Camisea-y que al cierre de la edición no ha concedido una sola entrevista, ni siquiera a TV Perú.

Un gobierno que mantiene en su puesto a Mario Carhuapoma en Essalud, y al ingeniero González Toro, de pobres resultados, en un sector tan importante como Energía y Minas (más allá de un proceso auspicioso en Las Bambas, pero cuyo devenir es tortuoso).

Mientras tanto, el mandatario insiste en reunirse con empresarios, que curiosamente después terminan beneficiados. Aunque hechos así se han producido siempre, resulta condenable que sigan ocurriendo, que el gobierno entierre la cabeza como un avestruz, y responda con bravatas y vaguedades a los señalamientos.

Vamos a ver cómo capea Castillo y su caótico gobierno este tercer pico de la ola del COVID, y, sobre todo, la ola fiscal. Y mientras tanto, para contener la marea de corrupción y desgobierno, no basta, sin duda, la “ola fiscal”, sino también que se sume una “ola de sensatez” en el Congreso, para – entre otras decisiones – elegir miembros de gran trayectoria e independencia en el Tribunal Constitucional, y se siga apoyando a las demás instituciones de supervisión, como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Corren las apuestas.