En el Perú el debate sobre la pena muerte es recurrente. Lo impone la coyuntura y luego se desvanece. Esa es la penosa realidad de siempre produciendo graves frustraciones en la gente harta de que no se decida nada, mientras las violaciones de mujeres, niñas y niños sigue en aumento. Existe para los casos de traición a la Patria durante una guerra exterior y terrorismo (Art. 140 de la Constitución de 1993). El clamor nacional es para extenderla a un tercer supuesto: violadores de menores de edad que mueren luego del ultraje.

Para hacerlo el Perú deberá denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 78) que ratificamos en 1978. Por hacerlo el Perú jamás será sancionado pues se tratará de una decisión unilateral y soberana. Es una completa mentira seguir engañando a la gente con la falsa idea de que por hacerlo nos convertiremos en un Estado paria. El año pasado hallándome en Costa Rica en el marco de la 65° Conferencia de la prestigiosa Federación Interamericana de Abogados - FIA, no hubo un solo jurista iberoamericano presente que dijera que un país por salir del Pacto sería castigado. Pero es cierto que los Estados deben garantizar la justicia supranacional para sus ciudadanos.

Para que ello se mantenga, reitero mi propuesta lanzada en esta columna para que el Perú junto a los demás países de la Comunidad Andina, creen el Tribunal Andino de Derechos Humanos. El violador o presuntamente de serlo pensará dos veces su baja intención porque siendo humano no va a querer morir. De allí que es un mito sostener que la pena de muerte no disuade. Pegado a ello, para quienes dicen que la justicia peruana no está preparada para determinar con certeza la culpabilidad o la inocencia -recuerdan el caso del Monstruo de Armendáriz-, quisiera recordar que no existe un solo país en el mundo con justicia perfecta. Hay políticas intraestatales que no gustan pero son necesarias.

Decidir la pena de muerte no es para alegrarnos pero antes que la impunidad o la burla del violador, se debe atenuar la desgracia de los familiares de la víctima y la indignación social. El nuevo Congreso tiene el reto de ponerse del lado de la historia o de seguir contribuyendo a la frustración nacional y ser despreciado como los anteriores.