En las últimas semanas, no solo hemos visto la lucha institucional y encarnizada entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia continúa, sino que ésta se ha agravado. Pero lo más grave es que el Poder Judicial, ante la angurria de esos grupos, ha pasado a convertirse, casi, en un órgano de poder ejecutivo, lo que resulta inaceptable en un verdadero Estado de Derecho, con una real independencia de poderes.

No es posible pues, que ante un impasse institucional que tiene sus propios canales, se apele a nuestro hiper cuestionado Poder Judicial, para determinar quién tiene la razón.

A todo esto, hay que sumarle la seguidilla de denuncias, contradenuncias de uno y otro sector; es decir, un enfrentamiento o acoso mutuo judicial y constitucional (el llamado lawfare) que termina demostrando que se requiere - tan igual que en otros estamentos del Estado - una reestructuración total y una renovación de sus miembros, antes que este desborde de poderes termine por acabar con los pesos y contrapesos que se supone existe una democracia.

Por el lado del Ejecutivo, sigue mostrando su carencia de liderazgo ante la crisis secular que padecemos. Queda claro que la figura de Gustavo Adrianzén se ve desbordada por la situación, mientras el tema de los relojes se complica cada vez más, y constituirá tarde o temprano, un problema mayor para el régimen, o más específicamente para la señora Boluarte.

El gobierno nombra un vocero - lo cual en principio no es malo - pero, como hemos dicho siempre, de nada servirá la comunicación si la gestión no es buena. Y ese es un problema endémico del Estado peruano. Como está la situación, se trata de que, la mandataria hable y aparezca lo menos posible, salvo para actos realmente importantes.

Mientras tanto, nuestro desastroso Congreso no tiene mejor idea que aumentarse el sueldo, mientras que el grueso de peruanos casi sobrevive con mil soles. Un órgano político ineficiente, que gasta, según cifras reveladas por el diario Expreso, 15 millones de soles. Mientras que las discusiones sobre los cambios urgentes al sistema político -electoral, y del sistema de pensiones - por citar solo dos - son postergados permanentemente.

En todo este tráfago, no podemos permitir que el Poder Judicial siga, en la práctica, gobernando. Lo siguiente será que reponga un ministro, lo que implicaría una usurpación grosera de funciones. Hay que acabar con este caos. ¿Quién toma la iniciativa?