Luego de una relativa calma, ayer se recomenzaron las protestas en el país - aunque habría que denominarlas algaradas -. Como se sabe, extremistas y vándalos incendiaron una comisaría en Puno, con lo cual queda demostrado que el Estado, increíblemente, no puede restablecer el orden ni la paz social en esa convulsionada ciudad, y la pregunta que se formula el ciudadano es si no se sabía por los servicios de inteligencia, ya sea de la Policía o del Ejército, de estos propósitos.

Además, el acto criminal ocurre un día después de que el gobierno anunciara medidas económico-sociales, para abordar la crisis en la región, lo que parece ser una respuesta violenta y salvaje de estas hordas.

Preocupa, pues, que el Estado no puede poner orden bajo el imperio de la ley, en una ciudad fronteriza, y cuya economía está severamente afectada por el terror que imponen estos grupos.

A la insuficiente respuesta militar y policial del gobierno, se suma la legal. Nos referimos al proyecto de ley de reforma del Código Penal que aumenta las penas para quienes realicen estos delitos. La iniciativa y la intención es correcta, pero de nada servirá si no se afinan estrategias de inteligencia y se detienen a los responsables.

El gobierno debe recordar, además, que ninguna medida tendrá un efecto notable en territorios convulsionados.

En el Congreso, por su parte, pareciera que el polémico proyecto de adelanto de elecciones seguirá entrampado, pese a que se discutirá, nuevamente, en la Comisión de Constitución.

SI el proyecto de adelanto de elecciones parece entrampado, lo que se observa con claridad es que el legislativo no tiene la menor voluntad de aprobar una sola reforma a nuestro desastroso y agonizante sistema político. Ni una sola; con eso se garantiza que todo siga igual, y que “representantes o autoridades”, como ellos, sigan siendo elegidos. Abundan las justificaciones y los pretextos, mientras se hace olas sobre un dispendio que no solo ocurre en el Congreso, sino en todo el Estado peruano, donde la eficiencia y el decoro han sido usualmente soslayados.

El gobierno y el Congreso deberían, pues, actuar en consonancia con la crisis, adoptando medidas concretas y efectivas, que vayan desde restablecer el orden hasta definir cronogramas electorales para afrontar la crisis de orden interno y política que estamos viviendo. Pero claro, estamos hablando, como se dice, en borrador.