Los últimos episodios de violencia sufridos por las congresistas Patricia Chirinos y María Agüero no son la excepción, sino una regla muy peligrosa, y una costumbre que habría que empezar a combatir, punitiva, y culturalmente. Constantemente, vemos ministros, congresistas, funcionarios amenazados y amedrentados por masas o grupos furibundos. El reciente caso de la presidenta Boluarte, y del alcalde de Lima Rafael López-Aliaga son otras muestras de ello.

Repasemos la historia. La legisladora asiste a un conocido bar de Barranco, acompañada de otro parlamentario, y cuando departen unas cervezas-todos tienen derecho- son hostigados por un grupo de furibundos parroquianos. En el extremo, uno de ellos le avienta un vaso, que final y felizmente no llega a impactarle, pero Chirinos y su acompañante se ven obligados a retirarse, en medio de palabras como “corrupta”, y frases como “no vales nada”, “socia de Dina asesina”. Cierto es que ella no despierta nuestras simpatías, e incluso, su primera moción de vacancia no nos pareció ni jurídica ni políticamente sólida. Pero de ahí a lanzar vasos, u hostilizarla a ese extremo hay una gran diferencia.

Uno de los agresores fue despedido de uno de sus trabajos. La Universidad de Lima anunció que el docente Juan Paolo Gómez Fernández ya no pertenece a su institución tras la acusación del congresista Luis Aragón (Acción Popular), quien lo identificó al profesor como la persona que lanzó el vaso de vidrio a la legisladora. En el caso de Rodrigo Flores Consiglieri, quien le gritaba en el rostro quien trabajaba en la empresa Pangea, su empleador, comunicó que el caso está siendo tratado con la seriedad que merece. 

Sin embargo, más allá de estas sanciones y pronunciamientos, lo que preocupa es que este penoso incidente no es el único. Años atrás al congresista Carlos Tubino le cayó un cono de plástico, Luis Alva Castro, prominente figura del APRA fue pateado en el suelo, a Ricardo Burga de Acción Popular se le propinó un golpe, a Guido Lombardi, en ese tiempo legislador de Peruanos por el Cambio, fue víctima de un cachetadón.

¿Qué tienen en común estos hechos? Que no fueron sancionados, y que se están haciendo cada vez más violentos.¿Qué sigue? ¿La noche de los cristales rotos contra tal o cual partido? En el caso de Chirinos, los agresores fueron despedidos de su trabajo, pero la fiscalía debería intervenir.

El caso de María Agüero es similar. La cuestionada y aburguesada legisladora de izquierda se expresó mal de Arequipa, de un colegio, y luego cometió el error de visitarlo, siendo recibida por un grupo de estudiantes que le arrojaron huevos.Nuevamente, el citado personaje no nos cae bien, pero no se puede tolerar o justificar ese tipo de acciones.

Hace algún tiempo nos topamos con un preclaro ministro vizcarrista. Lo normal hubiera sido increparlo, pero no era lo correcto. Como lo correcto es que responda jurídica y políticamente por sus actos, en vez de pasearse libremente por las calles de Miraflores. Repetimos, la fiscalía en estos casos debe actuar de oficio.  

Por cierto, pensamos exactamente lo mismo, independientemente de quien sea el agredido. No podemos validar, relativizar, ni mucho menos justificar estas acciones, pero creemos que estamos en este camino. Un camino de lucha tribal, de clanes, que ojalá no sea el preludio de episodios más violentos.