VC: Ha tenido dos fases importantes. Nuestros antecedentes llegan a 1961, cuando la UNESCO por mandato de la ONU crea el Centro de Cálculo Informático en Roma. Nosotros aparecimos en 1976, cuando no había ordenadores. Lo que teníamos que decir es que se venía la era del ordenador, y eso es lo que hicimos durante muchos años por toda Iberoamérica, incluso antes de crearse FIADI y luego intentando incidir en los poderes políticos y sociales de cada país, para que se diesen cuenta que había que cambiar la mentalidad.

Pensemos en el Poder Judicial, que hacía poco tiempo escribían a mano. Recuerdo la primera jornada del Congreso de Informática en la administración de Justicia, había pocos ordenadores que hacían algunas cosas, pero la gente no lo creía. Cuando un señor le dijo a los jueces que podían sobrar, el juez le contestó: ¿Qué está diciendo?, y agregó: yo tengo una herramienta que va a hacer la sentencia. ¿Cómo es eso? – replicó el participante - Se llama ordenador, contestó el juez -. Y no había (ordenador), pero el Ministerio de Justicia español tenía una conexión directa con ello. Y dijo entonces se lo demostró con una sentencia de divorcio, y le preguntó si la pareja tenía separación de bienes o gananciales, si trabajan los dos, si tienen hijos, cuánto ganan… preguntas usuales antes de redactar ese tipo de sentencia. Terminó y luego dijo: ¿Alguien tiene otra pregunta?, dijeron no. Entonces salió la sentencia. Y el señor sorprendido exclamó “esto es imposible, cómo va salir la sentencia” y le mencionaron que no sólo la sentencia. Yo le puedo decir dónde están todos los presos de las cárceles españolas, sentenció finalmente el juez.

No había Internet, tuvimos que hacer una línea de Madrid a Mérida sólo para conectarlo al servidor central del Ministerio de Justicia.

Eso ocurría en los años 70 en España. Ahora se trabaja en derecho informático, pero no somos los juristas los que llevamos eso, sino los ingenieros de sistemas, de telecomunicaciones, los industriales. Yo fui director de la segunda escuela de Ingenieros Informáticos en España, y me sentía como un pez fuera del agua. Allí se estudiaba matemáticas, algoritmos, no entendía nada y era su director, tuve que inventarme un curso de empresa informática y derecho y le di un enfoque que vinculase ambas ramas sobre quiénes delinquen usando la informática. Ahora en todas las universidades se estudia esa asignatura, y lo que sí es cierto es que cada vez hay más temas para estudiar, comenzamos con la protección de datos, ahora hay más fiscales en delitos informáticos. Los propios inspectores de Hacienda ya tienen inspectores que investigan la parte electrónica, porque podemos comprar zapatillas hechas en Taiwán, en Estados Unidos y luego llegan aquí y se preguntan dónde pagaron el IVA (IGV) ¿En Taiwán, Estados Unidos o aquí?

Si vamos al comercio electrónico nos encontramos con la empresa, que necesita llegar más al consumidor, puede hacerlo por vía electrónica...

VC: Creo que el periodista ahora es menos original, porque salvo que sea de noticias cercanas y que las pueda tener vía declaraciones y discursos políticos, también tenemos el correo electrónico, la página web y los blogs. Todo eso hace que el periodista tenga varias fuentes de información e Internet, que no tenía antes. Puede escribir con más confianza de hechos ocurridos en zonas lejanas. Creo que los periodistas tienen que usar esta herramienta.

VC: Bueno, no es que sean diferentes, pero últimamente, al menos en España se ha querido dividir Poder Judicial y administración de Justicia, gobierno y administración electrónica. El gobierno lo constituyen los políticos dictando y dirigiendo eso, frente a la administración electrónica que es la maquinaria que funciona para que todos los acuerdos se lleven a la práctica.

VC: No hay ninguno en concreto que podamos mencionar, porque lo que se diga hoy se desfasa, pero hay aspectos importantes, ahora se habla del voto electrónico…

VC: Sí, pero genera problemas. Yo participé como experto en la universidad del país vasco, donde hubo elección por voto electrónico y hubo un grupo de expertos para garantizar la limpieza del proceso. En Brasil están intentando usar la huella digital, pero la mayoría de los pueblos no sabe leer y escribir, y estamos ante un problema que la huella digital identifica una persona y el voto que emite, lo que afecta la intimidad. Eso está en evolución, pero para mí es importante.

VC: No existe todavía, está en una fase de prueba en algunas instancias del estado.

VC: Me pone en un aprieto, pero me entusiasma el derecho a la intimidad y la protección de datos. Hubo un momento que la primera clase de una Universidad la dicté yo- no sé si en el mundo- con el título de derecho a la intimidad. Desde ese momento le tomé cierto cariño, cuando no había protección de datos ni nada, ni siquiera el convenio de Estrasburgo, que acaba de aparecer, pero me ha interesado mucho el valor del documento como procesalista, y todo lo que tiene que ver con el valor de un documento electrónico, tanto así que he dirigido en la Universidad de las Islas Baleares: la administración de justicia y el valor procesal de los documentos electrónicos.

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JT: La FIADI es la Federación Iberoamericana de Derecho e Informática, y estamos conmemorando 25 años de existencia.

En un principio se ocupaba de la informática jurídica, es decir como un instrumento del derecho. Ahora se habla de la regulación jurídica de la informática.

Mis participaciones en los congresos han sido sobre regulación jurídica de la informática: regulación en Internet de los datos personales, los contratos informáticos, electrónicos, y telemáticos, el comercio electrónico, la firma electrónica, la factura electrónica, la protección jurídica de los programas de computación, los nombres de dominio y la regulación del SPAM (el correo no deseado o no solicitado), y últimamente he tenido oportunidad de hablar sobre aspectos laborales de la informática y un tema que ha venido ocupando un espacio significativo: el valor probatorio de los documentos electrónicos, del régimen jurídico de la video-vigilancia, de los identificadores de frecuencia de los chips que se implantan para vigilar a las personas.

En el caso del Perú presenté un trabajo sobre los blogs, principalmente de carácter jurídico. También presenté una ponencia sobre la democracia electrónica y específicamente sobre el voto electrónico.

JT: La democracia electrónica es una vertiente del gobierno electrónico y se ha venido empleando, dentro del uso de la tecnología de la información y comunicación (TIC), en la administración pública. Es decir, el uso de esta tecnología en lo que es la realización de todo tipo de comicios, donde mediante el uso de la llamada urna electrónica se realiza la elección de los cargos que correspondan al poder ejecutivo o legislativo de una manera sencilla, rápida, y confiable.

JT: El voto electrónico es parte de un marco general del gobierno electrónico en el que el uso de estas herramientas informáticas son empleadas para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, pero permítanme una aclaración: en el caso de México la organización de las elecciones está a cargo de órganos ciudadanos, no necesariamente podemos vincularlo a la misión pública, aunque sí se hace mediante fondos públicos. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, pero por provenir de fondos públicos, es lógico que exista una participación dentro de la administración pública.

JT: Sabemos que esas tecnologías son susceptibles de que personas con intereses específicos puedan tratar de alterar datos en estas urnas electrónicas y hablamos de la tecnología como un factor de poder. Ustedes saben que el poder en muchas ocasiones obsesiona, de tal manera que aquel que lo tiene no quiere ni pretende dejarlo a otro que no sea él o su partido.

Entonces hay intereses muy poderosos que en ocasiones instan a que personas, instituciones o partidos políticos busquen hacer un uso inadecuado de ese tipo de herramientas por lo cual tendríamos, en el caso de la inserción del voto electrónico, que hablar en materia penal no sólo de los delitos electorales, sino de los llamados delitos informáticos en materia electoral para que pudieran estar claramente especificados.

No voy a negar que esto pueda ocurrir, pero también hablemos de lo bueno, de los beneficios que puede conllevar, pero habrá que emplear disposiciones que eliminen o reduzcan la posibilidad de irregularidades o fraudes.

JT: Básicamente una sensibilización por parte de la misión pública de que el servicio que tienen que brindar a la ciudadanía tiene que ser rápido, certero y confiable. Entonces diría que parte de proveer información a la ciudadanía consiste en los trámites que hay que realizar, cómo y porque hay que hacerlos, ante cuál oficina, quién es el responsable, con qué base legal, cuánto cuesta ese trámite o si es posible reducir el costo, y eso en algunos casos, porque hay otros donde se puede hacer directamente a través de una computadora en red.

Si todo eso está bien llevado, la ciudadanía lo va a ver con buenos ojos, con lo cual se logra disminuir el prejuicio contra la burocracia, su lentitud, esa corrupción que ataca muchas administraciones públicas. Entonces parte del éxito se basa en eso: que cumpla eficiente, rápida y honestamente su labor.

JT: ¿Por qué no se hace una regulación jurídica en América Latina? Porque hay intereses comerciales muy fuertes. Es decir, a muchas empresas, principalmente transnacionales, les conviene que exista esta posibilidad de cambiar libre y abiertamente esta serie de datos sin que sean objeto de sanción alguna. Ustedes saben que esos son intereses económicos muy fuertes, que en ocasiones se aúnan a intereses políticos o a la mezquindad de algunos legisladores, quienes son los que tienen que promover una ley, pero que quizá por un puñado de monedas son capaces de entorpecer el trámite legislativo que pueda dar un marco jurídico a este respecto. Yo me atrevería a decir que es una conjunción de intereses, en ocasiones perversos, de tratar de menoscabar los derechos de los ciudadanos como consumidores. Hay que exigir que existan leyes de protección de datos y una autoridad que sepa hacerlas cumplir, porque de otra manera son corruptas e ineptas.

JT: En México no se ha solucionado el problema. Diría que si bien es cierto ya existe un marco constitucional, todavía no tenemos una ley de protección de datos y hago una aclaración que en materia de archivos privados sí tenemos, pero de públicos no.

Sin embargo, pareciera que cada vez estamos más cerca de tener una ley de protección de datos, pero de ninguna manera nos podemos considerar un modelo en ese sentido.

JT: En Argentina, y de algún modo ya está funcionando de manera adecuada. Chile, Colombia, Venezuela.

JT: Usted me decía Latinoamérica, España es otra cosa…Ahí existe una ley orgánica para proteger los datos personales, tienen una agencia, una autoridad competente y un sistema que funciona. De hecho, hace poco estuve en Madrid en un evento y el anfitrión fue la autoridad de esta agencia de protección de datos.

En España lo hacen también porque se rigen por la legislación europea. Están obligados a tener un marco jurídico adecuado, mientras que en esta zona carecemos de una ley de este tipo. En ocasiones no somos muy bien vistos en ese tema en particular, pero espero que esta situación vaya cambiando progresivamente.

JT: Es un tema muy delicado. Fíjese que el envío de este correo al igual que lo anterior está vinculado a interés comerciales, entonces podría hacerse a través de una ley específica sobre el particular que quizá no sería muy conveniente en un momento dado, o una adenda a la ley de protección al consumidor que pudiera ser más clara en cuanto a sancionar, -si es el caso, severamente- a quienes envíen estos correos no deseados.

Ahora, no conozco el caso del Perú, pero en México existe una persona encargada - no es autoridad-, pues no es vinculante. Las empresas normalmente tienen mucho cuidado a fin que la actuación de los entes sea muy limitada, pues si no serían objeto de sanciones de manera continua, porque ya como consumidores somos objetos de presiones y de incumplimientos y demás, entonces…

JT: Claro, a ellos no les conviene. Le decía que tal vez se pudieran incorporar reglas severas de protección al consumidor que estarían limitando los efectos del spam, que en ocasiones nos puede conducir a situaciones de orden penal, aunque generalmente son temas de orden mercantil.

Ddlc: ¿Cómo ve el desarrollo y combate a los delitos informáticos, que ha sido una de sus preocupaciones?

JT: Desafortunadamente, el uso inadecuadode este tipo de herramientas se ha incrementado. Son pocos los que saben hacer uso de esos recursos, los hackers (piratas), pero las legislaciones penales se han quedado rezagadas frente a este tipo de delitos y entonces no sólo habría que introducir criterios penales adecuados, sino que existan autoridades con capacidad para realizar labores de investigación y de identificación de estos casos, y tiene que haber un marco internacional, porque muchas veces esto se presenta desde otros países.

JT: Sí, existe un Convenio de Budapest de Ciber-criminalidad que es interesante, pero existe un estatuto de esta corte penal internacional. Creo que el problema hay que regularlo nacional e internacionalmente para poder enfrentar con eficacia estas conductas delictivas que cada vez afectan más intereses no sólo patrimoniales, sino de otra naturaleza, como la lacerante pornografía infantil en Internet y que exige una actitud muy firme, porque afecta a familias y sobre todo a niños.

El convenio de Budapest es un marco genérico muy interesante pero el estatuto de Roma habla de poder establecer responsabilidades de determinados delitos de los países signatarios. De momento esta norma habla de crímenes de lesa humanidad: hay que ser efectivos para identificar y sancionar a los que cometan estos actos.

En México se ha ido trabajando paulatinamente en tipificar estos delitos de carácter federal y local, y se ha dado la pauta, pero es preciso recordar que en el ámbito federal se puede intervenir la informática, las telecomunicaciones de manera local, pero algunos estados han legislado estos delitos sin reparar que en ocasiones el tipo penal vincula el uso de telecomunicaciones cuando no son materia o atribución que le competen, y a la postre no pueden determinar responsabilidades. Es necesaria mucha cautela en cuanto a cuál jurisdicción aplicará la sanción penal.