Ya no resulta increíble que el Ejecutivo y el Congreso demoren tanto en decidir una política conjunta frente al desbordado problema de la inseguridad ciudadana.

Hace muchos años, ambos se debieron poner de acuerdo en buscar, crear y aplicar medidas para enfrentar el problema, pero al igual que en el campo económico, ambos poderes patearon la piedra, al igual que la Fiscalía y el Poder Judicial.

La delincuencia no se combate únicamente con estados de emergencia.  Se necesita inteligencia, logística, personal, pero en nuestra opinión, también se necesitan fiscalías y juzgados especializados para enfrentarlo, a menos que queramos convertirnos en un Estado fallido, donde las ciudades se conviertan en el viejo oeste.

Los recientes linchamientos en algunas zonas de Lima y del país explican la impotencia, si es que con algo de voluntad política y lucidez no se plantean soluciones al problema. La criminalidad no está solo en Independencia, es transversal a todo el país, con sus matices.

Se requiere una policía honesta y con poder, fiscales eficaces - no como Vela y Pérez, ni jueces como Carhuancho - para realmente mejorar.

El ejecutivo anunció hace meses la expulsión de ilegales y criminales; sin embargo, estamos en la obligación de conocer cuánto se ha avanzado, porque el Estado peruano tiene tanto derecho de expulsar indeseables, como otros países expulsaban hace muchos años a nacionales de la misma condición, sin caer en la xenofobia.

La criminalidad no solo afecta a transportistas, sino también a bodegueros, mototaxistas, obreros, estudiantes. Los que deben tener miedo en las calles son los criminales, no los hombres de bien. La ciudadanía exige que se tomen todas las medidas necesarias, pero sin afectar nuestra ya golpeada economía (un toque de queda sería fatal). El gobierno debe dar las garantías para el funcionamiento de cualquier negocio lícito.

El régimen debería dejar sus problemas a sus consejeros legales, y concentrarse en atacar este otro terrorismo no ideológico, mientras que nos quieren hacer creer que el caso de Andrés Hurtado, aunque grave, es más importante que el caso Odebrecht, con las pesquisas sobre Pérez, Vela, Gorriti, Sánchez, etc., o el caso de Petroperú, en el cual el régimen no quiere hacerse problemas, y festina recursos que pueden ser dirigidos - no direccionados - hacia la policía, el sector salud o a la educación.

De estos temas, hay que ocuparnos, no preocuparnos. El otro terrorismo puede constituir - sino lo constituye ya - un problema de Estado.