Estamos casi concluyendo el 2022, y hasta el momento, el “gobierno del pueblo” (¿?) no se viene aplicando una política económica que genere y promueva un crecimiento del 5% en el PBI, el que podemos lograr y necesitamos para ir reduciendo la pobreza, y no producir “mas pobres en un país de ricos”, parafraseando a un populista candidato y ahora mandatario.  

Se prometió que se iban a reducir los gastos innecesarios e improductivos (empleocracia estatal), para incentivar el crecimiento de la inversión pública. Pero la política económica con “austeridad fiscal”, que mantiene un gasto corriente irracional, no ha “allanado el camino” para incrementar la inversión privada, que constituye el 80% de la inversión total. Se dijo, por voces del Gobierno, que la inversión pública tendría efecto multiplicador en las regiones y sectores; sin embargo, tiene problemas con las empresas constructoras y muchas obras están paralizadas en arbitrajes judiciales.

El tiempo de demora para elaborar los expedientes técnicos y convocar a la ejecución de una obra es mayor a 01 año; estos estudios son mal hechos, muchas veces, por lo que son observados o reformulados. Con el proceso de licitación, el periodo termina en dos o más años.

Hay aproximadamente 2 mil proyectos sin ejecutar y 633 abandonados, el 40% de las obras en ejecución presentan deficiencias técnicas e incumplimiento contractual. Al parecer, no se ha reestructurado el Presupuesto 2023, ni se han eliminado los gastos improductivos, ni se conoce como y en qué se gastarán los recursos de los contribuyentes.

La política económica del régimen no puede seguir siendo la del “cajero”, sin planificación estratégica que establezca rutas viables que promuevan el bienestar de la ciudadanía. La inflación acumulada a setiembre 2022 fue de 8.5%, según entidades como el BBVA Research y Scotiabank, y que puede llegar a 8.9% hacia diciembre, muy por encima del rango-meta proyectado de 1 a 3% anual, lo cual disminuye fuertemente el poder adquisitivo de los consumidores y la demanda de bienes y servicios.

Carmen Reinhart, economista en jefe del Banco Mundial afirma que el Perú se encuentra en el grupo de países que está en riesgo de llegar a tener estanflación que tiene 03 características principales: crecimiento bajo del PBI, inflación en alza y desempleo. Si bien el desempleo afecta al 4.5% de la población, el 80% del empleo es informal, donde la población sobrevive el “día a día”. Con ello, estos requisitos están cerca de cumplirse.

Veamos los precios de principales productos (Julio 2021): el precio del balón de gas era S/. 35, hoy cuesta S/. 60; 01 Kg de pollo costaba S/. 6.50 ahora S/. 11.00; 01 litro de aceite costaba S/. 7.00 ahora S/. 15.0; un Kg de huevos costaba S/ 4.5 y ahora S/8.5, 01 Kg de azúcar costaba S/ 2.2 ahora S/4.5, y 01 galón de gasolina costaba S/. 17.00, y ahora cuesta 22.00.

Según el articulo 58° de la Constitución Política vigente, sobre la Economía Social de Mercado, se indica que el “Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”.

Sin embargo, se permite el abuso de los oligopolios (sistema financiero, AFPs, boticas, medios de comunicación), y no recupera recursos prestados a empresarios inescrupulosos, como los entregados en el Programa Reactiva Perú (S/ 53 mil millones aproximadamente), donde encima les han reprogramado sus deudas, y el garante es el Estado, que a través de COFIDE pagará sus deudas con nuestros impuestos. Por ello sería inmoral lanzar un Reactiva 3, como lo ha anunciado.

Alrededor de 16 millones de personas – de los 32.6 millones que viven en el país– se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza, según reporta el INEI. La recomendación en este caso, como lo han indicado Premios Nobel de Economía, son los subsidios directos a la demanda (bonos focalizados y temporales).

El equipo económico actual debe informar que hará para promover el incremento de la inversión privada el 2023 (será 0% en 2022), y con ello contribuir a un crecimiento del PBI en 5%, como mínimo, y no 2.5% como cerrará el 2022 (o de 3% proyectado para el 2023). Cabe señalar que hoy existe gran desconfianza del sector privado empresarial en invertir por la incertidumbre política y los conflictos sociales internos. 

Asimismo, se debe tener en cuenta al sector externo, donde nuestros principales socios comerciales (Estados Unidos y China) están en serios problemas económicos. El primero ya entró en recesión, y el segundo proyecta un bajo crecimiento de 5% al cierre de 2022, ambos factores afectan directamente la fuente de financiamiento del crecimiento peruano en 2023.

Manfred Neef, economista chileno, dijo en alguna oportunidad que “el principio de una nueva economía es que ningún interés económico, puede estar sobre la reverencia a la vida”.

*Economista