El problema de la justicia es un problema insoluble en nuestro país. Todas las iniciativas de reforma han fracasado. Una informe del semanario El Foco-que reproducimos por considerar de sumo interés- revela que las andanzas de la flamante Junta Nacional de Justicia, flamante creación del ¿investigado? Martín Vizcarra. En este caso se muestra, una vez más, cómo lo público se mezcla con lo privado, y a pocos parece importarle.  

El JNJ contrató a abogados de grandes estudios para que evalúen a los candidatos a jueces supremos. 

Desde el último miércoles 15 de junio se viene desarrollando la fase de entrevistas para escoger a seis nuevos jueces supremos. Esta evaluación, realizada por el Pleno del Junta Nacional de Justicia (JNJ), es la etapa final del proceso a la cual han llegado 79 postulantes. La lista de los jueces seleccionados para ocupar una plaza de supremo, y posiblemente convertirse en el próximo presidente del Poder Judicial, se conocerá este lunes 27.

Pese a que prácticamente es inviable, algunos sectores insisten en la ralización de una convocatoria a una Asamblea Constituyente, un proceso complicado y prolongado de imprevisibles consecuencias para nuestra vida política y económica.

En las siguientes líneas, Edwin Pajuelo Bravo, docente y estudioso, Magister en Educación con mención en Gestión y Políticas Educativas - Universidad San Martín de Porres, Licenciado en Educación con especialidad de Historia y Geografía, en la Universidad Nacional Federico Villarreal, con Máster en Innovación Pedagógica y Gestión de Centros Educativos (Título propio - EUCIM BUSINESS SCHOOL), analiza, desde una perspectiva histórica, y haciendo docencia,-nunca mejor dicho- ambas cartas magnas, amén de los procesos políticos que las acompañaron. Que cada cual saque sus conclusiones. 

En una entrevista reveladora, sobre la gestión del sector agrario, el economista Germán Lench señala que “el gobierno ha puesto, a la fecha, dos ministros que no conocen el sector ni tienen la más mínima experiencia comprobada en el agro nacional: Raúl Maita y Oscar Zea. La actual gestión de Zea, quien dice ser ganadero en la región Puno, ha cambiado a 54 altos directivos y prácticamente ha “descabezado” los cargos importantes del MIDAGRI, lo cual calificó como “un hecho muy grave”.

Los problemas del país, y que no enfrenta el gobierno, no solo se encuentran en lIma, Junín, o Cusco, sino tambien en la lejana selva. En esta ocassión, reproducimos en  interesante informe sobre las tierras y los conflictos en Pucallpa, desarrollado por Lampadia. 

En Pucallpa hay una serie de problemas que afligen históricamente a la sociedad. Probablemente el principal sea el olvido del gobierno central por florecer mercados y establecer infraestructura para el desarrollo social de las comunidades.

Para ubicarnos, Ucayali sigue siendo una región rezagada en desarrollo económico y social. Según cifras de la OCDE y el INEI, al 2020, el PBI local de este departamento se ubicaba en el cuarto inferior a nivel nacional. Mientras, al 2019, se ubicó en el puesto 14 a nivel nacional en el Índice de Desarrollo Humano con una puntuación de 0.4835.

Mientras que los medios nos llevan una guerra lejana e inexplicable de lo habitual, y los medios e Internet nos muestran dantescas imágenes, todo parece indicar el conflicto en la lejana Ucrania continuará, por ahora, sin novedades.

Mientras el gobierno genera sus propias crisis, para-supuestamente-solucionarlas- el narcotráfico no se detiene y sigue penetrando todas nuestras estructuras y nuestra precaria institucionalidad. En esta ocasión, reproducimos un interesante artículo del Eco. Jorge Chávez Álvarez, presidente de MAXIMIZE y expresidente del Banco Central de Reserva acerca de un problema que se sigue agravando, mientras que los Barranzuela, Guillén y Chávarry rotan por el ministerio del Interior. Un sector que no da la talla.

Durante la última campaña electoral, una de las propuestas electorales que despertó más polémica y temor-no solo en círculos empresariales, sino académicos, profesionales y sociales- fue la referida a la elección de una Asamblea Constituyente, y la elaboración de una nueva constitución. Para el constitucionalista Domingo García Belaúnde, esta posibilidad se hace cada vez más lejana.