Los problemas del país, y que no enfrenta el gobierno, no solo se encuentran en Lima, Junín, o Cusco, sino tambien en la lejana selva. En esta ocassión, reproducimos en  interesante informe sobre las tierras y los conflictos en Pucallpa, desarrollado por Lampadia. 

En Pucallpa hay una serie de problemas que afligen históricamente a la sociedad. Probablemente el principal sea el olvido del gobierno central por florecer mercados y establecer infraestructura para el desarrollo social de las comunidades.

Para ubicarnos, Ucayali sigue siendo una región rezagada en desarrollo económico y social. Según cifras de la OCDE y el INEI, al 2020, el PBI local de este departamento se ubicaba en el cuarto inferior a nivel nacional. Mientras, al 2019, se ubicó en el puesto 14 a nivel nacional en el Índice de Desarrollo Humano con una puntuación de 0.4835.

Y ante la ausencia de oportunidades formales, se buscan las necesarias para sobrevivir. Hace ya varios años que en Ucayali el tráfico de tierras supone uno de los principales caminos para dinamizar las actividades comerciales y agropecuarias. El tema es que -muchas veces- ocurre de forma irregular, en el sentido de que hay grupos de poder que influencian sin equidad la economía local.

Lampadia viajó por segunda vez a la región para conocer un poco más de esta realidad y conversó con líderes locales para comprender el panorama, además acusaron a distintas ONGs de generar conflicto en sus comunidades. Uno de ellos es Washington Bolívar, líder e indígena local, quien es también presidente de Reforesta y Conserva la Vida de las Naciones Originarias de la Amazonía Peruana (Recovinoap).

Bolívar, es originario del pueblo Kashibo Kakataibo y ha sido presidente de la Federación de Comunidades Katacaibas (Fenacoka), indica que en la última década el problema del tráfico de tierras se ha visibilizado, pese a estar desde hace mucho tiempo gestándose.

“La clase rural, a falta de educación, salud y agricultura en la parte andina, han migrado a la Amazonía para tener un espacio territorial. Al pensar que la selva es inmensa, piensan que las tierras están abandonadas. Se ubican en un lugar, pero es una tierra de un pueblo originario”, explica.

Así, los pueblos originarios, a falta de recursos para su desarrollo socioeconómico, empezaron a rentabilizar sus tierras -cuenta Bolívar-, sin escudriñar bien a quiénes se les vende o arrienda.

“Por ello han ingresado cocaleros, madereros, ganaderos, cafeteros, entre otros al territorio de las comunidades. El problema hoy es cómo sacarlos. Y en los eventos grandes como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se busca sorprender a los gobiernos a donde se va con un mensaje equivocado de victimización”, advierte.

¿Qué es lo que ocurre? De acuerdo al líder indígena, al momento de arrendar algunas hectáreas a empresarios fuera de la zona, se empieza con un lote limitado; sin embargo, al haber poca fiscalización local, se termina por apropiarse de mucha más área. Esto deviene en mayor superficie para la producción de bienes como la coca o la extracción de madera que, a su vez, genera más deforestación. Una realidad latente, pero sin mayor registro.

Washington Bolívar

“Todos los años los comuneros venden o arriendan por necesidad. Aquí tienen un rol muy importante los jefes de comunidades. Al no tener mucha conciencia del tema territorial, no se han hecho hitos vivos, lo que permitiría que los animales diurnos y nocturnos permanezcan en esas zonas. Pero si las madereras continúan entrando a las comunidades nativas, no habrá más animales después”, señala.

Para probar su punto, Washington presenta una serie de contratos de compraventa, refrendados por jueces de paz y notarios, los cuales sugieren que en los últimos años se han vendido centenares de hectáreas en apenas pocos miles de soles, principalmente en la provincia de Puerto Inca, colindante con Ucayali.

Y uno de los principales problemas, refiere, es que cuando vienen empresas madereras a arrendar esos terrenos luego incurren en pagos o deudas por contaminación al ecosistema, lo que deja más problemas a las comunidades locales, quienes son los titulares.

El tráfico de tierras impide una mayor formalización de la actividad económica en Ucayali. Esto, a su vez, limita la presencia de inversiones formales que generen empleo y desarrollo social. Por el contrario, genera impactos negativos por actividades ilegales que depredan la Amazonía y generan abuso de poder en torno a las comunidades.

ONG: Generadoras de conflictos

Bolívar también denuncia que al sistema se suman las acciones de algunas organizaciones no gubernamentales. “Estas ONG lucran con ello. Llegan esos fondos para capacitaciones mediante la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), para hacer consultas y talleres. Y con tal de darles alimento en un hotel, los hermanos son felices, pero ¿luego qué pasa? Las cosas siguen igual, eso hacen las ONG.”, se lamenta.

Para él, el que haya presencia de algunas ONG como el Instituto del Bien Común (IBC), Forest People, Kene, Amazon Watch, IDL o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros, responde no solo a programas de reforestación o cuidado del medio ambiente, sino también a la sostenibilidad de generación de conflictos.

“Les conviene promover conflictos porque captan más fondos internacionales. Por ejemplo, no hay indicadores claros de cuánta madera sale de la selva. La veeduría forestal es un cuento, no hay monitoreo. El paisano no sabe medir una cubicación de madera que es una al cortar el árbol, otra al subir al camión y otra al llegar al aserradero”, subraya.

Un caso que refiere es el de Santa Clara de Uchunya. Acusa que la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau) llegó a dicha comunidad con directrices de ONG europeas y locales que sólo generaron denuncias, pero que hasta hoy no ha habido capacitaciones para generar proyectos de desarrollo sostenible.

Lampadia en su anterior informe “Todo vale para parar las inversiones en la selva” (publicado el 29 de noviembre de 2021) daba cuenta de los supuestos ambientalistas cuyo objetivo parece ser el mantener a la selva peruana sin presencia de inversiones formales y sostenibles, que puedan llevar importantes beneficios a los pueblos, mientras ignoran impactos negativos de operaciones ilegales que depredan el medio ambiente.

Invasión de territorios

Para Amelia Pacaya, jefa de la comunidad Kokama en Pucallpa, las ONG no han tenido mayor incidencia en su comunidad. Incluso, denuncia que algunas están generando conflictos sobre la base de irregularidades.

“Orau está organizando conflictos en nuestra comunidad debido a que otra supuesta comunidad quiere hacer valer sus derechos, cuando esas personas han sido expulsadas desde el 2005 de Kokama”, explica.

Según la jefa, estos dirigentes que fueron expectorados han hecho ingresar tractores forestales para sacar la madera de sus territorios, unas 1,600 ha que recibieron en donación por parte del Estado.

“Por eso fueron expulsados de nuestra comunidad. Ahora, aprovechándose de la pandemia, han venido a posesionar buscando invadir tierras ajenas a ellos y que, incluso, le pertenecen a una empresa palmicultora, todo apoyado por el Orau”, acusa.

Pacaya asegura que se trata de unos 15 ex comuneros que se juntaron con ‘mestizos invasores’ que buscan apropiarse de al menos unas 300 hectáreas para la producción y extracción de madera.

“Esto está encabezado por Delmar Tanchiva Valles, que no es de Kokama, sino que es un traficante de tierras. Todavía no han llegado a más, pero ahora están lotizando esos terrenos para buscar venderlos al mejor postor, a quienes les dan más terreno aún”, asegura y dice que están denunciando por primera vez a la fiscalía el caso.

En Pucallpa, el día a día continúa, sin un ordenamiento territorial y mayor registro de lo que puede implicar un cambio en la Amazonía en su totalidad hacia el futuro.

Datos

Según un reciente reporte del INEI, Ucayali vio cómo una mayor demanda de transporte aéreo de pasajeros y de carga creció en 45.6% en el tercer trimestre del 2021. Mientras que el sector agropecuario ascendió en 13.3% sustentando principalmente por más áreas cultivadas de palma aceitera, que aumentó en 67.9% en el mismo período.

Además, de acuerdo al BCR, solo entre agosto y diciembre del último año, la superficie sembrada se incrementó en 3,200 hectáreas más, con un aumento de 83% de producción de aceite de palma, poco más de 250 mil toneladas.

Las exportaciones de la región han crecido casi 3 veces en diciembre respecto al mismo mes del 2020 -impulsado por la mayor venta de aceite de palma y madera aserrada. De esto, el principal destino fue México (40.3%) y República Dominicana (34.6%).

Publicado el 15/03/2022 en Lampadia