Desde hace algunos meses, el tema de la educación ha estado en el tapete. En esta ocasión, la universitaria. Ricardo Cuenca, especialista en el tema e investigador del Instituto de Estudios Peruanos, considera que el proyecto, en el balance, es positivo. 

 

Nuestro entrevistado es psicólogo social, Doctor (c) en educación de la Universidad Autónoma de Madrid, Magíster en Investigación y Docencia en Educación Superior en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y consejero del Consejo Nacional de Educación. Para Cuenca, quien además es profesor de los departamentos de Educación y Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la ley, sin embargo, contiene aspectos por mejorar, aunque no está seguro de su aprobación, ni menos de su puesta en vigencia.

 

Ddlc: El nuevo proyecto de Ley Universitaria ha generado polémica. ¿Era necesaria una nueva ley o solo modificaciones parciales?

 

RC: Creo que se necesitaba una nueva ley. La última vez que discutimos el tema fue el 2001, cuando el ministro Nicolás Lynch, apenas iniciado el gobierno de Toledo, convoca una comisión presidida por Javier Sota Nadal, para realizar un diagnóstico de la situación de la universidad peruana y plantear lo que ellos llamaron “la segunda reforma universitaria”.

 

Esta comisión entregó un informe y un proyecto de ley al Congreso que, por supuesto, no prosperó, a pesar que hicieron varios intentos. Nadie quiso comprarse el pleito de ley universitaria, porque, al igual que ahora, existen muchos intereses.

 

La ley es una necesidad, aunque no haya acuerdo entre la academia, y por eso se le consideró aquella comisión de “la segunda reforma universitaria”, porque la primera fue en 1919, producto de la reforma de Córdoba en Argentina que esparció el espíritu libertario a todos los latinoamericanos. Justamente revisando información para un texto que estoy preparando, encontré el manifiesto de los estudiantes, donde aparecen conceptos que se mantienen hasta ahora como autonomía y cogobierno con los estudiantes. Estos conceptos del 19 eran válidos, y estaban firmados por alumnos como Jorge Basadre, Raúl Porras Barrenechea, Víctor Raúl Haya de la Torre y Luis Alberto Sánchez.

 

Ddlc: Y esos conceptos están más vigentes que nunca. 

 

RC: Sí, y se cuestionan aspectos que antes eran indiscutibles. En ese momento no se hablaba de autonomía responsable, que no significa en ningún caso una autarquía, sino la obligación de rendir cuentas a la sociedad y al estado, de las cosas que hace con los fondos públicos, y las privadas a la sociedad, porque la educación es un bien público. Entonces existen algunas nociones que cobran un sentido nuevo, porque en el 19 no existía el proceso de masificación de la educación universitaria, la educación era para una élite. Hablar de autonomía y de universidad en un contexto sin expansión universitaria es diferente de la situación que vivimos ahora.   

 

Ddlc: Uno de los puntos más polémicos de la propuesta es la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEAU). Usted se ha manifestado a favor de su creación, porque el mercado no ha regulado las universidades privadas. ¿Pero qué hacer con la universidad estatal, abandonada, y cómo armonizar los intereses de las universidades públicas y las no estatales? 

 

RC: La pregunta es importante porque me remite a la interrogante anterior. Es difícil hablar de calidad en un proceso de expansión, y requiere tener en cuenta algunos factores. Uno es que, efectivamente, el Estado ha abandonado la universidad pública, entendiendo el Estado no solo como el gobierno central, sino también los gobiernos regionales, que tienen muy poca capacidad para desarrollarla y supervisarla.

 

Ddlc: No han dado la talla.

 

RC: Sí, y porque además la escuela pública viene de un proceso de crisis desde los ochenta, donde los problemas de violencia y crisis económica originaron que se les reduzca el presupuesto, y que además se empiece a despoblar por la presencia de Sendero Luminoso, y también hubo una migración de estudiantes que no podían trabajar, estudiar, y el deterioro se agudizó.

 

En los 90 el gobierno de Fujimori no tuvo interés en fortalecer la universidad pública, y es por eso que en el 2001 se retoma la idea, pero habían pasado 20 años de ese desinterés, y al mismo tiempo, empieza a surgir una oferta privada que de algún modo suple esa demanda insatisfecha.

 

Ddlc: Pero es una oferta heterogénea. Aparecen universidades muy buenas y otras muy malas.  

 

RC: Efectivamente. Y entonces la cura está resultando más cara que la enfermedad, porque las buenas universidades privadas que brindaban un buen servicio para toda esta demanda de jóvenes que no encontraban espacios en la universidad pública, coexisten con otras de muy mala calidad, y entonces tenemos de momento el 63% de matrícula en las universidades privadas. Esto quiere decir que seis de cada diez jóvenes estudian en una universidad privada, y de esos 6, por lo menos 3 estudian en universidades de muy bajo nivel educativo, entonces el problema es qué va pasar después.

 

Entonces hay que buscar regular, porque si no después voy a tener un contingente de jóvenes que no va a tener ninguna posibilidad de trabajo. Las cifras que se conocen en la actualidad ya son alarmantes. Gustavo Yamada y su equipo en la Universidad del Pacífico han dado a conocer unas estadísticas rigurosas y preocupantes, por ejemplo, que hay un índice de subempleo profesional cercano al 30 por ciento. 3 o 4 de cada 10 egresados están trabajando en algo por debajo de su profesión. Por eso se necesita una superintendencia de educación superior, que supervise la calidad de esa oferta. 

 

Ddlc: El problema ha sido y es que el Estado no la ha regulado ni el mercado tampoco.   

 

RC: En la gastronomía, el mercado ha regulado la competencia y la calidad. Pero en el caso de la educación e diferente, porque el resultado se va a ver 5 años después.

 

Ddlc: Una de las mayores críticas al proyecto y a la creación de esta Superintendencia es que - se afirma - iba a estar conformada por un grupo de iluminados funcionarios estatales con demasiada discrecionalidad. 

 

RC: Pienso que - a diferencia de la ANR o FIPES - sus representantes deberían ser elegidos por concurso público, meritocrático, con una presencia mínima del Estado, pero lo importante es entender que más allá de esta figura, los mecanismos que tenemos no están funcionando. La CONAFU (Comisión Nacional de Funcionamiento Universitario) y la ANR, han otorgado autorizaciones provisionales por 10 años, que ya parecen permanentes, a centros de estudios de muy bajo nivel académico. 

 

Y el CONEAU (Consejo Nacional de Acreditación Universitaria) no ha logrado instalar una cultura de acreditación, ni siquiera (en) el 30% de todos los programas. Si cada universidad tiene un mínimo de 5, hablamos de 1500. El proceso es muy lento, mientras tanto siguen matriculándose los jóvenes, por lo tanto los mecanismos para evaluar la calidad tienen que ser más eficientes. La Superintendencia debe ser la instancia que diseñe, coordine y ejecute estos procesos de supervisión de calidad. 

 

Ddlc: Se critica también el tema de estudios generales, las tesis, las filiales e incluso se afirma que con esta ley se regresa al modelo velasquista.

 

RC: No es así, es un cliché. A mí me impresiona cómo la gente habla con tanta ligereza. He revisado todos los documentos de la época de Velasco y la formación del CONUP (Consejo Nacional de la Universidad Peruana), en el que se intentaba hacer una reforma universitaria, y quedó en el papel. No tiene nada que ver con esto. El otro día he publicado en Twitter algunas cosas para que la gente lea y se informe sobre lo que planteaba Velasco. Creo que el proyecto de ley, en el balance, es positivo. 

 

Ddlc: Si esto es así. ¿Qué mejoras se le podrían hacer?

 

RC: Quizá se podría haber discutido un poco más el gobierno de las universidades públicas. Se está cambiando, la idea (es) cambiar el sistema por el voto universal  para elegir las autoridades, y eso que es más democrático tampoco se ha probado que sea lo mejor ni lo peor. Supuestamente sería mejor que el sistema actual de elección de autoridades (en) Asamblea Universitaria. Pienso que ahí hay algunos aspectos que deberíamos intentar, para ver cómo resulta.

 

Lo otro que no se ha abordado, y espero que se haga pronto, es lo referente a la carrera de los docentes de universidades públicas, que hay que analizar en detalle, y que obviamente implica presupuesto e inversión del Estado, e implica ajustes en el presupuesto. Un profesor en una escuela pública a los 45 años llega a su tope, y si ha obtenido un doctorado, eso lo limita porque todavía tiene 20 años de vida útil. Esto tendría que estudiarse, no solo para mejorar sus sueldos, sino para generar otros espacios.

 

Tampoco se ha estudiado la naturaleza de las universidades que, son de investigación o académicas y de docencia (las que realizan un trabajo de construcción de conocimiento, de investigación) o de profesiones (aquellas que forman a la gente para que encuentre el mejor trabajo, lo más pronto posible). Incluso hay universidades en Estados Unidos donde uno se matricula, y donde se sabe que no va a investigar nada, pero lo preparan para que salga a trabajar. Hay universidades y programas que combinan esos dos aspectos en el Perú, como la Católica, que tiene maestrías académicas. Esto es importante para medir calidad. Algunos centros que no son de investigación reclaman que van a aparecer centros de estudio superior que están al final de los rankings, porque no es su finalidad, pero tienen que decirlo para que se pueda sopesar bajo otros parámetros. Espero que estos aspectos se consideren a la hora de crear la Superintendencia.  

 

Ddlc: Los rankings, ya que hablamos de parámetros, nos muestran mal, ¿qué nos puede decir al respecto?        

 

RC: No creo mucho en ellos, porque por lo general están orientados a ciertos tipos de sistemas educativos. El mejor ejercicio es el contra fáctico. He mirado todos los rankings universitarios más importantes, y siempre arrojan los mismos resultados en los 10 primeros puestos, con cambios mínimos. Del tercero al cuarto, del sexto al octavo. Es información que no ofrece nada. Solo un efecto de imagen. 

 

Ddlc: Volviendo al proyecto. Se afirma que no tiene suficientes votos. ¿Cree usted que se aprobará? 

 

RC: Así es, pero hace poco escuché al congresista Mora señalar que ya tendría los votos para aprobarse, pero con el Congreso nunca se sabe. 

 

Esta ley es positiva. El solo hecho de incluir en el debate el tema de la superintendencia es beneficioso.

 

Ddlc: ¿Cuál es su opinión sobre la moratoria de creación de universidades?

 

RC: La moratoria de creación de universidades me pareció como medida de emergencia correcta, y espero que con un sistema de aseguramiento de calidad efectivo, la situación sea menos dramática. 

 

Ddlc: La superintendencia tendría también el trabajo sucio de cerrar universidades.

 

RC: En Ecuador se cerraron 14, bajo parámetros muy exigentes. 

 

Ddlc: Pero en caso de Ecuador el asunto puede ser político.

 

RC: Así es, pero estuve cuando cerraron las primeras 5, generó gran convulsión, vi todos los noticieros, y claro, hay mucha contradicción y polarización en el régimen de Correa. Al acceder a la página web y ver los criterios para renovarse las licencias de funcionamiento, noté que los requerimientos son de un alto nivel de exigencia. Es más, creo que algunos son inaplicables para varios países latinoamericanos. Tal vez algunas universidades brasileñas y mejicanas podrían entrar en este tipo de evaluación.

 

Con esos criterios, en el Perú hubiesen cerrado la mitad. 

 

Ddlc: O se puede plantear una tesis perversa, que se busca cerrarlas por criterios políticos porque podrían ser núcleos de opositores.

 

RC: Yo he visto un listado enorme de indicadores, demasiado exigentes, y han visto que se podían cerrar más, pero no sin crear un problema social, y ahí existe un interés político, en el mejor sentido de la palabra.

 

Ddlc: Por lo menos en nuestro país, los sectores sociales, como la educación, la justicia, salud y seguridad, deberían declararse en emergencia. 

 

RC: Así es. En una entrevista señalé que, el mejor ejemplo de un país que puede crecer sin educación es el Perú.