Lo que se puede decir es que, hasta ahora, este proceso anticorrupción sobre Odebrecht, el Estado u otras empresas brasileñas, es incierto, pues recién ahora se ha solicitado, por la fiscalía, la prisión preventiva del ex presidente Alejandro Toledo. ¿Por qué creer que los sobornos fueron destinados, únicamente, para Cuba, Luyo y Tejada?, ¿Por qué en Chile, República Dominicana o Ecuador, sus fiscalías (o equivalentes) allanan las oficinas de las empresas involucradas y aquí se prefiere negociar con el corruptor, quien fija condiciones, y además, la cantidad de información que brindará, y en qué dosis?  

Recordemos que a lo largo de los tres gobiernos, la designación de jueces, fiscales y vocales tuvieron un alto componente político. Basta con leer los medios de aquellos años y recordar los no tan lejanos cuestionamientos al Consejo Nacional de la Magistratura o la destitución del anterior Fiscal de la Nación Ramos Heredia.  

El sistema de selección y nombramiento de jueces y fiscales debe cambiar de inmediato, así como los requisitos exigidos para postular a cargos públicos, sea para presidente, congresista, gobernadores, alcaldes o regidores. Así mismo, es urgente culminar con la reforma del servicio civil. No más puertas giratorias, sino la instauración de una carrera de la administración pública que exija la formación de nuestros futuros servidores públicos en una escuela nacional, con posteriores especializaciones, según el sector de su preferencia.  

En realidad, el escándalo está confirmando rumores y versiones de hace muchos años sobre estos hechos. Nuevamente nos gustaría conocer qué dicen los escuderos del presidente García y los consabidos gonfaloneros del ex presidente Toledo.  

Hasta ahora, poco se habla de la responsabilidad política del presidente Kuczynski o de Zavala (aunque el decreto supremo lo haya firmado Sota Nadal u otro); era un decreto de la PCM, quien la presidía él. Ya se anunció que el mandatario será interrogado. Y se espera lo mismo del ex presidente Humala y su esposa.  

En este contexto, un escenario de vacancia no estaría descartado, pero lo más probable es que prime el cálculo político antes que la realidad. Y seguiremos teniendo un sistema político colapsado, que favorecerá la irrupción de radicales y antisistemas.  

Por otro lado, quienes se pregonaron alternativa democrática y honesta frente a la corrupción del fujimorismo- que como dijimos no fue la única-, están terminando igual o tal vez algo peor, en lo que será, por lo menos, uno de los casos más grandes de corrupción del siglo XXI.  

Pero los políticos no son los únicos que han quedado mal. Parte de la prensa y colectivos como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), por lo general operador de la progresía, ha quedado muy mal parado con el asunto de los donativos de Odebrecht a su institución.   

La institución que premia el periodismo de investigación y la ética periodística, ¿no sabía nada, empezando por uno de los investigadores más respetados del medio, Ricardo Uceda?  

En ese sentido, resulta patética la defensa de Graña y Montero, y curiosos los comentarios del presidente de AFIN, Gonzalo Prialé, y grupos mediáticos sobre el caso que empezó a sonar hace muchos años, cuando el actual presidente exoneró del SNIP a la Carretera Interoceánica. ¿No les había llegado ninguna información?  

Cabe recalcar que este modelo "hecho en Brasil”, favoreció no el mercado, sino el típico mercantilismo, que tanto ha afectado la economía y política en el Perú hace muchos años. Fenómeno de gobiernos de derecha y de izquierda. Y que penetró en casi toda América Latina.  

Mientras tanto, vemos un festival de declaraciones, denuncias, y contradenuncias, que no sabemos cómo acabarán, un mandatario que pide “voltear la página” ante los gravísimos hechos, y promueve un contrato con las mismas características que los luctuosos acuerdos que generaron este escándalo, que un gobierno serio debió rescindir o anular, pero no lo hizo- no sabemos si por temor o por presión de grupos mercantilistas- un ministro de Defensa que parece jefe del COEN (Centro de Operaciones de Emergencia Nacional), o del Instituto de Defensa Civil (Indeci), y que dice poco o nada sobre el VRAEM.

Y los destapes ya afectan la economía local, mientras que diversos proyectos suman gastos de alrededor de 12 mil millones de dólares, incluidos el presupuesto destinado a la realización de los Juegos Panamericanos. Todo esto con un entorno global complicado, y  con un presidente estadounidense que ha puesto en cuestión la organización de la economía mundial, que ha reducido la pobreza en el mundo y en el Perú.  

Los peruanos vemos con resignación que el Estado no tiene políticas públicas en la mayoría de los sectores, pero sí las tiene en corrupción, y además, adaptables a la realidad.