El Gobierno anuncia que liquidara AGROBANCO por su abultada cartera pesada, esta institución otorgo aproximadamente 72,000 créditos muchos de ellos irrecuperables esto significa el 20% de los créditos otorgados al agro por el sistema financiero. Dicha medida es debido a su ineficiente actuación financiera y acciones politizadas incoherentes, según lo manifestado por la Ministra de Economía y Finanzas, entonces surge de forma inmediata una serie de preocupaciones en nuestros miles de productores agrarios del campo que requieren de financiamiento para efectuar su importante actividad primaria productiva que trabaja con seres vivos (plantas y animales). 

Las interrogantes se generan con rapidez, ¿Dónde queda el estricto cumplimiento por parte del Gobierno del artículo 88° de la Constitución Política del Estado que establece que el agro tiene un trato preferente?, el sector agrario tiene 2.2 millones de productores más sus familias, y solo el 14% recibe algún tipo de crédito. Lo sucedido es la consecuencia evidente de la política de liberalización de los mercados financieros que han generado la eliminación de tasas de interés preferentes y la reducción de fondos dinerarios orientados para la agricultura. 

Para empezar, AGROBANCO ha sido ineficientemente manejado con un absoluto crecimiento desordenado por culpa de los funcionarios contratados por el Gobierno de turno y no por los productores agrarios. Al respecto es necesario que el equipo económico actual presente de forma inmediata alternativas a tal acción de política económica para que se defina quien canalizará recursos (préstamos) al sector agrario.

¿Se creará un banco de segundo piso para que canalice créditos a través de la banca comercial de primer piso a tasas de interés razonables de mercado y no políticas?, ¿Se modernizarán las operaciones de la Banca Estatal (Banco de la Nación) para que compita con el sistema financiero principalmente privado?¿Es posible recurrir a la cooperación internacional?, o se pondrán en marcha como en otros países vecinos, Programas del Estado mediante los cuales el Gobierno de turno otorga crédito a la agricultura campesina y de pequeñas asociaciones de productores agrarios. 

El ejecutivo no puede olvidar que un problema que subsiste es que el agro tiene un financiamiento reducido, e intermediarios financieros informales que prestan con tasas de interés elevadas. En nuestro país sigue siendo un problema las garantías, especialmente para los pequeños agricultores. Tampoco debemos olvidar la refinanciación de la deuda de los productores afectados por el fenómeno del Niño y de los cafetaleros. 

Un problema de la política económica liberal en extremo, es que ha reducido a su mínima expresión la influencia que tenía el Ministerio de Agricultura y Riego en la elaboración y aplicación de una política sectorial, y es el Ministerio de Economía y Finanzas que no es especializado en la temática agraria, quien define la política sectorial de forma ineficiente. 

La minimizada aplicación de una política agraria dentro del contexto de una política macroeconómica y la reducción de la función reguladora del Estado en nuestro país, ha generado una mínima influencia del Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI en la formulación y aplicación de una política sectorial en temas arancelarios, tributarios, financieros, competencia desleal con países que subsidian a su agricultura firmas de los TLC´s, entre otros.  

Por lo pronto, sería interesante que el Gobierno estudie la posibilidad de establecer Fondos Rotatorios para la pequeña agricultura, que COFIDE tenga líneas de crédito interesantes para ser ofrecidas a través del Sistema Financiero Nacional a la mediana agricultura, pero lo que debe quedar claro es que los recursos estatales son decisivos, ya que los privados no están tan disponibles para operaciones de riesgo como las del sector agrario. No olvidemos que la proyección de crecimiento del PBI agrario del año 2018 - según el Gobierno- es 4% a más.