Transcurridos unos días de emitido el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y mientras se discuten algunos temas al respecto, y nos enfrascamos de nuevo en enfrentamientos - empezando por el gobierno, que celebró el fallo con un mitin populachero y una portátil - claro está, consideramos pertinente realizar algunas puntualizaciones:

- En primer lugar, con este tratado el Perú cierra sus fronteras y, con ello, la posibilidad de escenarios de guerra desaparece definitivamente. Con esto, los académicos, uniformados, y halcones de ambos países que viven de estas controversias, verán reducida su influencia.

- En segundo lugar, se corrige un error de estado, no de gobierno, cometido hace muchos años, y que debería servir, también, para acabar con la arraigada y perniciosa costumbre de convivir con nuestros problemas.

- En tercer lugar, se demuestra una vez más, que cuando se realizan políticas de estado acertadas, en aras de un objetivo, se obtienen buenos resultados.

Dicho esto, y mientras se ejecuta el tratado, sorprende que hasta ahora no se retome la agenda interna, y que contemplaba, en lo urgente, la designación del Defensor del Pueblo, y la elección del Tribunal Constitucional, especialmente ahora que, nuevamente, se da por segura la postulación inconstitucional de la primera dama.

Otro tema que ha quedado postergado es la discusión y modificación del proyecto de ley universitaria, que, sin hacer renunciar al estado a fiscalizar, no se convierta en una ley intervencionista. En un estado democrático con una economía de mercado funcional, el estado es el árbitro imparcial.

La reforma de la salud es otro asunto pendiente, y cómo se vence resistencia a la misma, lo cual sería una forma efectiva y auténtica de inclusión social.

Pasadas algunas semanas del nombramiento de Walter Albán como Ministro del Interior, sería conveniente que informe al país acerca de las medidas en el corto, mediano y largo plazo, y cómo espera revertir la situación de inseguridad, agravada durante este régimen.

Y, por supuesto, que con el tema de La Haya se ha opacado aún más la información sobre el caso López Meneses que, en teoría, debería deslindar responsabilidades a fin de encontrar a los responsables, en nombre de una real lucha anticorrupción y no únicamente con declaraciones de campaña, porque tal parece que en algunas instancias del estado las órdenes las imparte un mudo que escribe con tinta invisible.

Esta es la agenda interna mínima que consideramos urgente, mientras dejamos a cancillería – que debería estar dirigida por un diplomático de carrera - hacer su trabajo. ¿Dirán algo los voceros del ejecutivo y de la bancada oficialista y para oficialista, para empezar? ¿Hay voluntad política para discutir y solucionar estos temas?