En medio de una desaceleración económica que, ha obligado a todos los economistas e instituciones bancarias y financieras a recalcular su pronóstico de crecimiento para este año, el humalismo no tiene mejor - o peor - idea que convocar a un diálogo. Conversaciones que hasta ahora solo tienen carácter protocolar, entre líderes que no representan a nadie, y excluyen a otros, gremios, empresarios y otros grupos.

Lo peor de todo es que el gobierno convoca a un diálogo sin agenda, ni programa, y luego de atacar sistemáticamente a la oposición, especialmente apristas y fujimoristas. Es como si atacándolos creyera, ingenuamente, que van a desaparecer. Si eso no funciona, se dedica a escarbar en el pasado, olvidándose del presente y del futuro. La extirpación de idolatrías. 

En su tercer mensaje a la Nación, el presidente Ollanta Humala trató de enviar señales concretas de lo que quiere hacer su gobierno, pero no dijo cómo. Consideramos muy positivo que el gobierno reafirme su apuesta por la economía de mercado, la búsqueda de competitividad y desarrollar un proceso de industrialización, que no tiene por qué seguir patrones proteccionistas de los setentas que nos hicieron tanto daño.

Sin embargo, el presidente olvidó hacer alusión a la delicada situación política del país y su gobierno. No habló, por ejemplo, sobre la huelga médica y cómo el régimen piensa encarar las protestas que afectan al ciudadano, que percibe ineficiencia en la gestión gubernamental.

Otro punto medular que tendría que cambiar es la forma cómo se relaciona con las otras fuerzas políticas, que son sus adversarias, no sus enemigas. Aunque, probablemente, en su visión de militar, la política también es una guerra. Pero aún la guerra tiene sus protocolos. Y el régimen no puede estarse peleando con fuerzas, que aunque sean sus rivales, puede necesitar para gobernar.

Las recientes y multitudinarias manifestaciones en Brasil, una de las economías más grandes del mundo, integrantes del BRIC (Brasil, Rusia, India y China), deberían obligarnos a hacer a una profunda reflexión.

Durante muchos años, diferentes voces nos han venido hablando del célebre modelo brasilero, instaurado desde la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva al poder. Sin embargo, habiendo pasado más de 10 años, resulta evidente que los brasileños no están conformes con lo que tienen.

Lo que empezó por un reclamo sobre la tarifa del transporte de pronto se transformó en una serie de protestas incontrolables, encabezadas o cuando no integradas por una clase media que exige mejoras, principalmente de los servicios estatales.

Es importante recordar, que, en Brasil, se estima que 40 millones de personas han salido de la pobreza en la última década, y el gobierno recibe en impuestos 400 mil millones de dólares al año, 35% del producto bruto interno.

A los manifestantes poco les importó que las protestas se desarrollaran en medio de la “Copa Confederaciones”, torneo amistoso de fútbol internacional, porque como se sabe, en ese país el vóley es deporte número uno. Y el fútbol es religión.

Según John Paul Rathbone, en un despacho del Financial times que reproduce “El Comercio”, es discutible hasta qué punto la mejora se debe a políticas públicas positivas o a los precios de materias primas, impulsado por China e India.

Tratando de recuperar la pérdida de confianza empresarial, el presidente Ollanta Humala anunció una serie de medidas para no desacelerar la economía, que se presentaba como una nube gris en nuestro clima de inversiones, entre las cuales la más ambiciosa y polémica concierne a la creación de un grupo ejecutivo destinado a monitorear las inversiones trabadas, que según se ha manifestado, bordean los 15 mil millones de dólares.

Asimismo, se ha informado sobre la promulgación de la nueva ley del servicio civil, donde la CGTP ha anunciado que se opondrá a la norma porque "recorta sus derechos". Pero lo más importante es el reciente anuncio del mandatario en el sentido que el régimen gobernará con el empresariado. Ciertamente, el gobierno no debe gobernar con los empresarios, ni con los sindicalistas (sus antiguos socios). Lo que no implica negarse a discutir con ellos y llegar a acuerdos por el bien del país, debe buscar un equilibrio entre actores políticos y económicos.

Esta declaración realmente sorprende - aunque provenga de Ollanta Humala- cuando hace poco unas semanas señaló, con gran desatino, en un foro empresarial, ante la perplejidad de los asistentes, principalmente empresarios, que se debía buscar un "equilibrio" entre el velasquismo estatista y el liberalismo que ha reducido el estado. Y aquí nuevamente se equivoca, al igual que sus ¿antiguos? compañeros de izquierda. Confunden estado grande con estado poderoso. Y ya los peruanos sabemos cómo termina eso.

Pese a que el gobierno afirmara que desistió de comprar los activos de Repsol, tales como la refinería La Pampilla, los grifos y Solgas, “por razones técnicas”, resulta evidente que ésta no ha sido la razón. Queda claro que más que eso, lo que ocurrió es que la oposición al interior del propio gobierno, manifestada a través del ministro Castilla, y muy probablemente, de la primera dama, el Congreso, al fin, y externamente, en sectores empresariales, académicos y periodísticos

Transcurridas poco más de dos semanas de realizada la revocatoria, es posible realizar un balance. En primer lugar, hay que destacar que la victoria del NO no ha sido pues, arrolladora - pese a los ingentes recursos que dispuso, y sobre los cuales su comité no ha dado hasta una cifra oficial, o extraoficial - como quieren hacer sus partidarios. La alcaldesa se mantiene en su puesto, pero el electorado, especialmente en los sectores populares, ha licenciado de un “anforazo”, a más del 50 % del concejo.

Desde que cayó la corrupta autocracia fujimorista, a la que se acusaba y se acusa, no sabemos con qué sustento, de neoliberal, una categoría no económica, la restauración democrática (si es que se le puede tildar de tal) ha vuelto con un sector renovado y recargado: la progresía.

Herederos, o por lo menos influidos por liberales, pero también por socialistas, los progresistas nos ofrecen y nos prometen un país, un mundo y una sociedad mejores: derechos humanos para todos, trabajo para todos, educación para todos. O como le llamaríamos ahora: inclusión.