A medida que avanzan las investigaciones sobre el caso de Odebrecht y demás empresas brasileñas, resulta impresionante escuchar a muchos que no se dan cuenta aún que este no es otro caso de corrupción más, sino una crisis de magnitudes cataclísmicas.

En efecto, si la estructura de un país se ubicara como objetos en una estantería, la de nuestro país pasaría del tambaleo a su caída estrepitosa, pero para muchos adláteres del sistema, es el sonido del silencio, cuando, en realidad, el escándalo “Lava jato” no sólo ha provocado la caída, casi definitiva, de autoridades e instituciones, sino de un tejido estatal, político, económico y empresarial que no funciona. 

Lo primero que se puede decir es que, hasta ahora, este proceso anticorrupción sobre Odebrecht, el Estado u otras empresas brasileñas, es incierto, pues recién ahora se ha dispuesto la prisión preventiva del ex presidente Alejandro Toledo. ¿Por qué creer que los sobornos fueron destinados, únicamente, para Cuba, Luyo y Tejada?, ¿Por qué en Chile, Panamá o Colombia, sus fiscalías (o equivalentes) allanan las oficinas de las empresas involucradas y aquí se prefiere negociar con el corruptor, quien fija condiciones, y además la dosis de información que brindará?

Recordemos que a lo largo de los tres gobiernos, la designación de jueces, fiscales y vocales tuvieron un alto componente político. Basta con leer los medios de aquellos años y recordar los no tan lejanos cuestionamientos al Consejo Nacional de la Magistratura o la destitución del anterior Fiscal de la Nación Ramos Heredia. 

Una de los aspectos más saltantes del caso Odebrecht y otras empresas brasileñas es que, alcanza a tres gobiernos centrales y dos municipales por lo menos, hasta ahora. Faltaría investigar, por supuesto, al régimen fujimorista, y llama la atención el silencio de los personajes vinculados a la ex alcaldesa Villarán y al alcalde Castañeda.

Si la Odebrecht trabaja desde 1979 en nuestro país, sería necesario realizar pesquisas sobre sus actividades en cada obra que haya realizado en nuestro país.

Luego de la interpelación al Ministro de Educación, Jaime Saavedra, ha quedado claro el pulsear desgastante entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Desde esta “Cortina”, y a diferencia de los analistas cuasi-oficialistas de la prensa, de la opinión pública que, han repetido machacona e inmisericordemente que los promotores de la interpelación “se querían tumbar la ley universitaria”, creemos que el ministro debe renunciar, porque es responsable político del sector.

Lo que ha hecho y repetido este sector progresista, de derecha e izquierda, es que la reforma de la educación estaba en peligro, o sandeces por el estilo. Para quienes no lo recuerdan, mencionamos que la ley de marras no fue obra del cuestionado ministro, sino del general Mora, ex profesor universitario, cuyo texto, eso sí, Saavedra tuvo el mérito de mejorar. 

El reciente episodio de la elección de los directores del BCR por el Congreso, ha demostrado, una vez más, las enormes contradicciones y precariedades del gobierno del presidente Kuczynski. El mandatario primero dijo que estaba de acuerdo, y su ministro de Economía también, luego dijo que José Chlimper “estaba bien elegido”, y sobre los otros nada. (Dicho sea de paso, Chlimper está procesado por los audios y USB del caso Joaquín Ramírez, pero nadie del grupo “El Comercio” se le menciona en la denuncia no comprobada contra Keiko Fujimori). Ayer dijo que “tenían un perfil político”. Y ahora que los cuestionamientos hacen tormenta en un gotero. ¿En qué quedamos?

Más allá de las frases, se pueden hacer dos observaciones. En primer lugar, los elegidos eran los más indicados frente a Humberto Campodónico, un economista de izquierda, y Carlos Herrera, ingeniero eléctrico. Y no nos digan que “no son economistas”, porque en ese directorio ha estado Héctor Flores (ingeniero agrónomo), Alberto Benavides (ingeniero), Beatriz Dibós (abogada), etc. Si a un sector de la izquierda no le gusta los designados, se puede “reperfilar el puesto”. Y es bueno recordar que Julio Velarde, economista formado en la Universidad de Kiel (Alemania), fue jefe del plan del gobierno del PPC. Y nadie dijo nada. 

Transcurridas algunas semanas de instalado el gobierno, gran parte de la población tiene la sensación de que el gobierno “ha despegado con cierto retraso”. Primero tuvo que negociar el voto de confianza y enfrentar las consecuencias políticas que implicó, luego lidió con las facultades solicitadas al Congreso, para legislar en temas cruciales para el país.

Ya otorgadas las facultades, esperamos que el gobierno no se demore mucho en presentar sus medidas de mediano, largo, y corto plazo. Es importante consignar que, de reforma del Estado se ha dicho poco y sobre la reforma política, nada, ni en el Congreso ni en el Ejecutivo, pero sí en algunos medios de comunicación. Y si ambas reformas no se emprenden de manera simultánea, poco se avanzará.

El gobierno ha anunciado por todo lo alto una serie de acciones destinadas a revertir la situación de postración económica y el incontrolable aumento de la inseguridad ciudadana que nos dejó el nefasto gobierno humalista. De hecho, el peor desde la caída del fujimorismo.

Así, hemos visto desfilar a ministros y autoridades, anunciando planes y medidas. Pero todo esto debe pasar por la aprobación de facultades legislativas, y que contemplan algunas acciones como la reducción del IGV o la purga en la Policía Nacional, una socorrida medida realizada por varios gobiernos, y que según constatamos, no ha rendido ningún fruto. Y además se habla ligeramente de la existencia de un “Escuadrón de la muerte” conformado  por 90 oficiales dedicados a matar por ascender, con lo cual lo que se dice a la comunidad internacional es que en el país opera, u operaba, un comando parapolicial, con la anuencia de una autoridad política. Ni más ni menos.