Uno. El terrorismo ha sido uno de los grandes flagelos que ha padecido el Perú. Los rescoldos de esta desviación asesina subsisten en movimientos camuflados y es deber primordial del Estado velar por que el terror rojo no retorne jamás.

Por eso, el terrorismo y los filo-terroristas deben ser combatidos desde el Derecho, desde la política, empoderando a las Fuerzas Armadas. La mirada terrorista debe ser castigada con la damnatio memoriae, con el olvido permanente y la condena ejemplar. Los terroristas y sus amigos culposos tienen que ser expectorados de la esfera pública hasta ser borrados de la faz de la política. Lo que se pide para los corruptos impenitentes es lo mismo que debe exigirse para los terroristas falsamente arrepentidos. El discurso guerracivilista no es aplicable al Perú.

Aquí el terrorismo sanguinario intentó destruir al Estado para implantar una dictadura feroz, maoísta y polpotiana, en la que no habría existido lugar para la disensión. La verdadera memoria histórica no puede olvidar cuál era el objetivo cainita de los asesinos que hoy pretenden darnos lecciones de diálogo, tolerancia y democracia.

Dos. El Perú debe retirar a su embajador inmediatamente y promover coaliciones en todos los foros internacionales posibles. No sorprende que la izquierda peruana, farisea por definición, intente contemporizar con el régimen de Maduro, porque comparte con este la miserable chequera de todo proyecto totalitario.

Tres. Los falsos demócratas de la izquierda quieren “marchar” porque no les gusta la democracia que se ejerce legítimamente en el Congreso. Estos sepulcros blanqueados de la política desnudan así su verdadera entraña radical y totalitaria, incapaz de aceptar un resultado democrático cuando no les favorece.

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciencias Aplicadas

Diario Correo, 3/11/16

Reproducido con la autorización del autor