Tras las rejas nuevamente Keiko Fujimori, luego de una insólita decisión del Poder Judicial, los reflectores deberían enfocarse sobre la acción del gobierno, pero este trata de esquivarla sin garbo ni elegancia, por cierto, y aparecen sus monumentales taras y sus andanzas no claras, como las del exsecretario de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, consultor y asesor, según se ha revelado, del exministro humalista Jorge Tafur.

Pero claro, para el sector académico-periodístico gobiernista, con la cuestionada lideresa naranja presa y suicidado presidente García, los problemas del país desaparecerán.

A este grupo no le incomoda, en absoluto, que un sujeto con rasgos psicopáticos como Antauro Humala tenga 13 representantes en el “congreso”, ni que un movimiento mesiánico y pintoresco posea una cantidad similar de escaños. Mulder, Bartra, Sheput, y Becerril pueden ser cuestionables y repudiables, pero no constituyen el mayor problema del país.

El verdadero nudo georgiano se encuentra en Palacio, con un gobernante de facto, que tomó una medida tan prepotente y antijurídica-la cual, increíblemente, validó el Tribunal Constitucional, como si le temblaran las rodillas- como la de Juan Velasco y Alberto Fujimori.

El problema estriba en que estamos ante un gobierno que ni siquiera sin oposición (más allá de algunos medios y voces solitarias) ha sido capaz de impulsar y mucho menos concretar un solo proyecto de inversión. Ni minero ni de otra índole.

El país necesita un congreso de verdad, que fiscalice, legisle, y promueva el desarrollo-y es cierto que el anterior, fue, como marca la tradición, un desastre en muchos aspectos- pero cabe preguntarse si ese gran objetivo será posible con un parlamento que quiera volver a la lírica y desastrosa Constitución de 1979- hablando en términos funcionales, o volver a la economía estatista que llevó al país a una situación de bancarrota e inviabilidad.

Pero claro, el régimen de facto quiere uno adocenado, al cual pueda manejar, presionar o someter, eliminando la inmunidad parlamentaria, mientras sobre la presidencial no dice una sola palabra. Y que buena parte de la gran prensa ni siquiera le menciona.

Lo antes dicho no significa, reiteramos, que la señora Fujimori y todos los demás mencionados, o denunciados en el proceso no deban ser interrogados, procesados, y eventualmente sentenciados, para lo cual se requiere que los fiscales en lugar de aparecer tanto en pantalla, preparen casos sólidos y abran- y no “aperturen” como dicen algunos colegas- investigación formal de una buena vez.

Vivimos pues, un estado de Keikomanía, y en ocasiones, Keikopatía, adormecidos, y olvidándonos de la urgencia de retomar nuestra agenda económico-institucional. Volvamos a la vigilia.