En vez de ocuparse en temas como la economía y la incontrolable inseguridad ciudadana, el gobierno gasta sus energías en promover una serie de reformas que más de un conocedor ha tildado de deficientes, y populacheras.

César Orozco, especialista en temas de seguridad, ex funcionario del INPE, considera que la derogatoria de los decretos que controlaban la criminalidad organizada fue un punto de inflexión en esa guerra que estamos perdiendo.

Nuestro entrevistado considera urgente también el cambio de enfoque en el sistema penitenciario, que garantice la no reincidencia del interno, y con ello promueva una mayor paz social.

Ddlc: Vivimos un momento de inseguridad creciente y alarmante. ¿En qué momento se desbocó la situación? ¿Fue en el gobierno de Toledo?

C.O: Su cálculo es correcto, el problema se empieza a agudizar durante el gobierno de Toledo en los años 2004 – 2005. Este hecho, junto a una serie de situaciones como el cambio generacional y el desarrollo tecnológico los que originaron un ascenso exponencial y continuo de la inseguridad.

Ddlc: ¿Cuáles son las principales causas?

C.O: Si vamos a las causas, lo primero que hay que mencionar- y es obvio- es que no hay una política real anti criminal del estado, en el sentido que se pueda atacar el origen, promoviendo el deporte, la cultura, la educación, las oportunidades laborales, de estudio.

En estos tiempos, a la mujer se le considera como un objeto, y los jóvenes se dejan llevar por paradigmas de una vida fácil, mientras el Estado carece de capacidad para diseñar una política de prevención y represión.

Ddlc: Muchos jóvenes – y no tan jóvenes- entonces, se dejan llevar por la violencia y el hedonismo.

C.O: A fines de los 90 aparecieron “Los destructores”, “Los injertos”, que no sólo robaban, sino practicaban actos execrables. En el aspecto carcelario se emitieron los decretos 003 y 005, que mencionaban un sistema celular, con un encierro diario de entre 16 y 20 horas, y pocas horas de patio, aparte de medidas punitivas en el tema penal, con sentencias que oscilaban entre 15 a 25 años, para bandas organizadas y que generen muerte.

Estas medidas aunque duras, permitieron un control. En esa época vivíamos las acciones de un terrorismo debilitado, y las organizaciones asumieron varias de sus prácticas.

Luego, durante el gobierno de Paniagua y Toledo, con el tema de los derechos humanos y los abusos del fujimorismo en los 90, derogaron las normas y se dejó sin efecto ese régimen carcelario.

Ddlc: ¿Los decretos eran realmente demasiado duros? ¿O se modificaron únicamente por un tema ideológico?

C.O: No, lo que ocurre es que, como usted dice, era un tema ideológico. En el gobierno de Toledo entraron sectores progresistas y de izquierda. Un grupo variopinto que hablaba sobre derechos humanos, entonces justamente como el gobierno de Fujimori se había caracterizado por la falta de respeto a los derechos humanos, se tomó como justificación o pretexto derogar la legislación y poner fin a ese régimen penitenciario, y así mismo revisar las condenas, eliminar los juzgados militares, y una serie de medidas que bien podríamos considerar negativas, a la luz de lo que vemos todos los días.

Ddlc: Era imprescindible revisar toda la legislación, pero tal parece que como en el caso de la normativa antiterrorismo, nuevamente al Estado se le pasó la mano.   

C.O: Imagínese, a los jefes y miembros de bandas organizadas, que habían robado, atacado propiedad pública y privada, y ocasionado muerte, condenados a 25 años, se les reduce la pena la a 15 años, y además se flexibiliza el régimen carcelario- y se pasa de uno de 16 horas de encierro, con poco paseo en patio, estudio y trabajo- a uno donde no debían estudiar ni trabajar, y sólo tenían encierro de noche. De día el interno hacía lo que quería.

Ddlc: También complica la situación la deficiente y cuestionable labor del poder Judicial, con lo cual en la práctica le entregamos las llaves del país – si las tuviera- como en los 80 se las dimos al terrorismo.

C.O: La delincuencia controla parte del territorio en la ciudad: chifas, pollerías, paraderos, centros comerciales como el Jockey Plaza, y a cualquier hora. Si eso ocurre en las ciudades. ¿Cómo será en el campo, en la selva, y en zonas donde no haya presencia del Estado?

Ddlc: El general Urresti, de triste recordación y pobre actuación como ministro, dijo el otro día que las comisarías no son propiedad del Estado. A eso hay que sumarle los problemas logísticos, y de corrupción.

C.O: Exacto. Así como estamos, en materia de seguridad, no llegamos a ninguna parte. 

Ddlc: ¿Cuáles deberían ser los ejes de una política efectiva?

C.O: Si alguien delinque, debe corresponderle una sanción y un régimen penitenciario adecuado. La pena tiene que ser ejemplar. Cuando esa persona salga de la cárcel, la pena y el encierro lo deben disuadir en caso considere volver a las andadas. Esa tiene que ser la consecuencia.

Ddlc: Y que haya oportunidades de reinserción en la sociedad. ¿O es una utopía?   

C.O: De la población penal, un 70% tiene la voluntad y la posibilidad de volver a ser parte de la sociedad.

Ddlc. Hay muchos que desarrollan habilidades.

C.O: Efectivamente, pero eso tiene que ser bien canalizado, porque lamentablemente en ese entorno, el modo de vida es delinquir. Tenemos un penal donde no hay control ni autoridad, y corrupción. Hay un 25% que sólo sabe delinquir, como el caso de Gringasho.

Hoy el Poder Judicial, Ministerio Público, el INPE, la policía, son los pilares de la seguridad ciudadana, y ninguno funciona. Cada uno es un desastre y nos lleva a tocar fondo.

Se necesita que el INPE y la seguridad del Estado, un Poder Judicial efectivo, Ministerio Público controlando la ilegalidad, en consonancia con los derechos humanos y el debido proceso, la policía, efectiva en la represión y prevención constituyan una política anti criminal del Estado.   

Ddlc: El general Montoya afirmó que en la PNP había buenos oficiales y que faltaba potenciar las comisarías. ¿Qué se puede hacer?

C:O:  Donde vivo hay 5 comisarías, pero no se siente su presencia. No hay personal policial, no hay logística, y existen malos elementos. Además, desde que se unificó la policía los resultados son más difíciles de conseguir.

Ddlc: ¿Usted considera que la adopción de esa medida fue positiva?

C. O: Claro, en teoría suena mejor un comando unificado. En ese momento, por una cuestión de coyuntura, de propaganda, se realizó. No sé a quién se le ocurrió.

Ddlc: Lo mismo se hizo en el sector Defensa.

C: O: Si. Este caso provocó que un guardia republicano trabaje en las comisarías. No sabía hacer un parte, un informe. No era su especialidad. La de Investigaciones se fue a Tránsito.

Ddlc: ¿Pero eso no se ha podido corregir con el paso del tiempo?

C.O: No ha habido ni capacidad, organización, ni liderazgo, ni mucho menos voluntad política para hacerlo.

¿Cómo puedo enfrentar el problema si la institución no está ordenada ni organizada? La Policía de Investigaciones del Perú (PIP), antes de integrarse tenía 25 mil efectivos dedicados a esta labor, ahora la Policía Nacional no llega a 4 mil.

Si esa era la intención, debió formarse una instancia superior que coordine las acciones. La Guardia Civil que tenía labores importantes, la Republicana el control en penales y fronteras.

Ddlc: Pusimos la carreta delante de los caballos.

C. O: Efectivamente.

DdlC: ¿Sería buena idea sacar al Ejército para combatir la inseguridad ciudadana?

C.O: Pienso que sí. Después de estudiar cada caso, pero con un coordinador policial, porque ésa no es su función, ni mucho menos realizar acciones de carácter bélico, y un representante de la fiscalía. Podrían hacer patrullaje.

Ddlc: No debe extrañar, entonces, que en el futuro un candidato quiera aplicar lo que se ha hecho en Filipinas, basado en una dura represión, política sobre la que existe polémica: para algunos funciona, para otros, es una puerta abierta al abuso de las autoridades.

C.O: No existen versiones certeras sobre su eficacia.

Ddlc: En ese contexto, un candidato para el 2021 puede decir “al paredón todos lo delincuentes”… y no sólo por ese tema.

C: O: En 1824 Bolívar emitió un decreto que sancionaba la corrupción con la pena de muerte, la cual definía como “el gran mal del país”, y cuando se fue, lo primero que hizo el Congreso fue derogar esa ley.

La norma estipulaba que “aquel que robaba bienes o fondos por un monto mayor de 20 o 100 pesos” sería condenado con encierro y a la incautación de todos sus bienes.

Asimismo, señalaba que “el juez que no sentencie de acuerdo a ley, también será sancionado”.

Nuestro país requiere una refundación y no sé si una constitución, para que la sociedad pueda vivir sin sobresaltos, y lograr una prosperidad.

Ddlc: ¿Los trabajos comunitarios, no forzados, o una multa proporcional a los ingresos, pueden ser una alternativa de sanción para los delincuentes primerizos o de poca peligrosidad?

C. O: Sí alguien que ha cometido un delito menor, o ha robado una billetera con 1000 soles, puede ponerse un uniforme y limpiar la calle por unos 100 días.

Por ejemplo, la propuesta del uso de los grilletes electrónicos se ha desnaturalizado. Es un fracaso total. Pienso que éstos deben ser subvencionados por el Estado, y usados en aquellos con prisión preventiva, o se consideren pasibles de fugar- antes que ingresen a un penal- no como un beneficio. 

Ddlc: La inseguridad tiene un costo económico altísimo, sólo que de ese tema nadie habla mucho. Habría que determinar cuánto gastan las empresas, las personas y el Estado en reponer lo sustraído o dañado por la delincuencia.

C.O: Efectivamente, habría que estudiarlo.

Ddlc: ¿Los problemas en política penitenciaria son sólo de gestión?

C. O: No sólo en gestión, falta una real política penitenciaria.

Ddlc: ¿Sobre qué criterios debería ser diseñarse y aplicarse esa política?

C.O: En la actualidad tenemos una utópica política de rehabilitación y reinserción. El interno ha cometido “un error”, y por lo tanto hay que ejecutar mecanismos de reeducación y trabajo para lograr esas metas.

Pienso que debe ser al revés: los que han delinquido no han cometido “un error”, han hecho daño, han vulnerado derechos de los demás. Por tanto no sólo deben ser afectados sus derechos de transitar. Si fuera así, mejor los encerramos en corralones.

El sistema debe ser punitivo, en el marco del derecho y garantizando su dignidad, salud y vida. Pero también obligar al reo a trabajar, a tener un régimen de vida estricto. Que sienta el rigor del encierro.

Ddlc: ¿Qué más se puede hacer?

C. O: Hay que aplicar políticas preventivas eficaces, educando a los niños y jóvenes, e informándole sobre las penas. Los que experimentan esta situación serán promotores de la buena ciudadanía.   

La reinserción debe lograrse a través del trabajo obligatorio. La ley actual no lo obliga, por lo tanto lo hace sólo para alcanzar un beneficio.    

Ddlc: ¿Cómo andamos en el ranking de inseguridad?

C. O: No he visto rankings, pero por mi experiencia, y según lo que conozco acerca de sistemas de seguridad y penitenciarios en otros país, creo que debemos estar entre los 5 primeros. Hemos escalado posiciones, desgraciadamente.

Ddlc: Y el exministro Basombrío sigue pontificando. Cuando asumió responsabilidades no tuvo logros.

C. O: El, Gino Costa, Rospigliosi, viven de eso, del propio sistema. Son parte de aquello que critican. No han demostrado capacidad de gestión. Se llenan de información y se presentan en medios como expertos.