Barata y la verdad revelada
En medio del escándalo permanente del caso Odebrecht que, como se afirmó, iba a pulverizar a toda la dirigencia política, hay un aspecto que sigue sobrevalorándose: la palabra de Jorge Barata y los otros implicados, que se sigue considerando como la verdad revelada.
Pareciera que, para algunos grupos, la afirmación de estos personajes son suficientes para establecer culpabilidades o inocencias. Y con un elemento adicional: se aplica de manera selectiva.
Cuando se refieren al expresidente García, los dichos de Barata son verdaderos, por más disparatados que suenen, pero algunos las toman como certeras (dicho sea de paso, las confesiones valen por libertades, como en el caso de Miguel Atala).
Decir esto no quiere decir, por obvio que parezca, que no deban investigarse los hechos, sino lo que estas personas afirman no basten para determinar responsabilidades, o para sentencias mediáticas y de opinión.
La palabra de los colaboradores o testigos deben servir para ir hasta el fondo de la investigación, acompañada de evidencias que comprueben sus versiones. No esperamos que la reacción en otros casos sea la misma (sería ingenuo de nuestra parte), sino que la fiscalía sea más prudente, aunque quizá sea demasiado pedir, considerando la investigación abierta (no aperturada) sobre una Fuerza de Choque que, no choca ni rasguña.
Vamos a ver, entonces, si nuestros destacados operadores de la justicia van a dedicase a lo suyo, en vez de pregonar sus supuestos logros: detenidos con 36 meses para investigar, reiteramos, sin investigación fiscal abierta.
La Fiscal de la Nación, de perfil muy bajo, o casi invisible, Zoraida Ávalos, ya señaló que necesitan más recursos. Sin duda, pero creemos que también, con carácter de urgencia, se hace imprescindible un cambio de actitud.
El prestigioso diario chileno “El Mercurio” reproduce un imperdible artículo de “The Economist”, ninguno de los dos “fujiaprista” - para usar una expresión de moda – en el que la destacada publicación inglesa calificó las pesquisas del Ministerio Público como “un intento atrasado de responsabilizar a los poderosos. Por trágico que sea, el suicidio de García no es una razón para detenerlas. Pero debería promover un cambio de métodos. Lanzar a la gente a la cárcel sin cargos, juicio o sentencia es la práctica de los dictadores, no de las democracias. El hecho de que unos 35.000 peruanos ordinarios se encuentren en prisión preventiva es un escándalo, no una justificación.”
Y añade: “El desfile de expresidentes con esposas ante los medios de comunicación, el cual iba a ser el destino de García, viola la presunción de inocencia, una distinción crucial entre el Estado de Derecho y la Inquisición. Solo en ese sentido, la muerte de una figura política gigante por su propia mano debería provocar un replanteamiento por parte del poder judicial peruano”. (1)
Más allá de polémica jurídica, y por supuesto, política, las palabras son elocuentes, pero las de Barata y no su grupo no pueden constituirse en “la verdad revelada”.
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