El ministro, el estado, y el ladrón
La salida del ministro de Economía, Luis Miguel Castilla estaba anunciada. Ya hace muchos meses, en círculos periodísticos y palaciegos se comentaba su retiro, y el probable ingreso de Luis Oganes, prestigioso economista y tecnócrata.
Posteriormente, se mencionó a Piero Ghezzi como su reemplazo, pero el gobierno decidió nombrar a Alonso Segura, jefe del gabinete de asesores del MEF, académico y funcionario de carrera.
Las implicancias de este cambio son notorias. Con esta dimisión, el gobierno se queda sin vicepresidentes. Porque, en verdad, resulta evidente que en Palacio mandaba la primera dama, el presidente, y el ex ministro Castilla, como quedó demostrado con el episodio de la forzada renuncia del ex premier César Villanueva, y el asunto del sueldo mínimo, y donde el ex titular de Economía actuó más que como operador, como “sicario político”.
Recordemos que el primer vicepresidente, Omar Chehade, dejó el puesto luego del escándalo de las “Brujas de Cachiche”, y la segunda vicepresidenta, Marisol Espinoza, no está en muy buenas migas con la pareja Humala-Heredia. Estos episodios se han convertido casi en una tradición en nuestra reciente historia política, como en el caso de García, Toledo, el primer gobierno de García, Belaúnde, Fujimori…Casi todos han terminado su mandato, distanciados, cuando no peleados, con los vicepresidentes de turno.
El otro aspecto es cuál es el papel que le va tocar a Alonso Segura en el ajedrez palaciego. ¿Tendrá el respaldo político del presidente y su esposa, de la bancada? Recordemos que en sus primeras declaraciones trató de infundir ánimo en la opinión pública, diciendo que “lo peor ya pasó”, (cosa que parece contrastar con la realidad), habló de su segundo paquete reactivador, y también rechazó de mala forma -suponemos que por una directiva palaciega - los planteamientos del Presidente García para superar la desaceleración, aunque luego aceptó.
En estas semanas, se ha probado, una vez más, que tenemos un estado perromuertero, que no cumple las deudas sociales. Luego de 35 años, y de verse forzado a acatar un fallo judicial, el régimen anuncia la devolución de los pagos del FONAVI, y lanza cifras variadas y ridículas, y modalidades de pago no convincentes. Si los aportes fueron en soles, no deben ser devueltos en ladrillos. Los afectados ni saben ni confían en bonos o ese tipo de pagos. Y nos gustaría saber cuál fue el impacto de esta contribución creada durante el gobierno dictatorial de Francisco Morales-Bermúdez.
El estado también le debe al Essalud la suma de 4 mil millones de soles, cifra que bien podría ir en beneficio de una institución, que pese al esfuerzo de médicos y administrativos, vive angustiada por la falta de liquidez, que afecta a todos, principalmente a los asegurados.
A los tenedores de bonos de los expropiados de la reforma agraria de 1969 hasta ahora, pese a los anuncios, no se les devuelve nada, a pesar que cuando el estado nacionaliza o estatiza una propiedad, servicio o negocio, está obligado a pagar un justiprecio. Aún en los países de izquierda y algunos socialistas.
El último tema tiene que ver el famoso “roba, pero hace obra”, frase que rechaza y combate la progresía. Admitir que un político gana y encaja con este sentido del refrán es válido, y debe merecer la repulsa de los ciudadanos, pero lo que no entiende este sector es que hay otros que “roban, pero no hacen obra”, y que un gran grupo de peruanos, generalmente los más pobres, aplica un sentido pragmático - y amoral - según algunos, a la hora de votar. Lo que cabría es, entonces, tener una sistema en el que combata eficazmente la corrupción y se castigue la incompetencia, pero esto, probablemente, los “supuestos moralizadores” no lo entenderán.
Nuestro país ha pasado, pues, de la corrupto autoriarismo fujimorista, con algunos rasgos de eficiencia, a una progresía incompetente, y de una honradez autopregonada, pero aparentemente, no acrisolada.