El Fenómeno del Niño Costero ha completado lo que bien se podría llamar una tormenta perfecta. Desaceleración económica, inseguridad, falta de liderazgo y, ahora, esta catástrofe, sobre la cual habrá que fijar responsabilidades (en los tres niveles de gobierno). Que no nos digan que nadie sabía nada de esto.¿Qué se hizo al respecto?

¿Qué harán – especialmente las autoridades locales - ante los llamados de alerta en materia sanitaria, como los detallados por el médico Eduardo Gotuzzo o el ex decano regional del Colegio Médico del Perú, Tomy Villanueva, además de diversos medios de comunicación incluyendo a RPP Noticias y diarios como Correo, La Razón, El Comercio, Diario UNO y La República?

Los problemas no se solucionan con frases, con políticos que se desplazan a destiempo, con un centro de información, el COEN, que no puede ser la verdad revelada. No es hora del ataque. Pero tampoco de la complacencia frente a responsabilidades políticas, que en sistemas más serios hubieran generado renuncias. Si el gobierno cree que enviando a mensajes a los celulares, que pueden haberse perdido en los huaicos, como señaló alguien, o convocando a todas las fuerzas poíticas para coordinar acciones, se equivoca. La comunicación y el asambleismo no sirven. Es el quien tiene que liderar la reconstrucción y ejecutar sus planes.

Es evidente que no se han hecho las obras en los ríos, las carreteras no resisten, los puentes o caen o se desploman, y la devastación que se observa por los medios o Internet son de proporciones casi de diluvios bíblicos.

Las cruentas imágenes nos remontan al fenómeno del 83, en medio de una severa crisis económica y la acción de Sendero, con un país empobrecido. Habrá que ver las cifras del desastre, sobre las cuales las propias autoridades no se ponen de acuerdo.

Todo esto le ha servido mucho al gobierno y a los involucrados, para cubrir los escándalos de Odebrecht. ¿Cuándo vuelve el presidente Toledo a responder por las gravísimas acusaciones en su contra? ¿El 2022? ¿Por qué se demora el trámite? ¿Por lentitud del Poder Judicial, la Fiscalía, o por intereses particulares?

Pero al lodo se suma la sombra. Esta semana se cumplen 25 años del autogolpe del ex presidente Fujimori y, nuevamente, resuenan las voces de condena, sin analizar el escenario que le dio al ex presidente, las razones o los pretextos para aplicar la medida.

Voces que no condenan con la misma claridad otros golpes. Ya Héctor Vargas Haya nos señaló, hace años, que en el país lo que hubo, en casi toda su vida republicana, han sido gobiernos dictatoriales o anticonstitucionales.

La otra pregunta es ¿qué medidas de excepción constitucionales podían haberse aplicado en ese momento? y ¿qué tan viables eran? Quienes se oponen dicen que sí era posible, pero lo que se leía en los medios no era precisamente eso.

No cabe duda que, no era una democracia real ni eficiente, y fue esa misma fragilidad la que catapultó a Fujimori al poder. El fruto de su régimen fue la ambivalencia. Pero decir que él destruyó las instituciones es un exceso. Las instituciones ya estaban así antes que él asumiera el poder.

Ahora; por supuesto que, a él tampoco le interesó un rábano fortalecer instituciones a partir de 1995, donde el ahora Presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala era gerente general de Indecopi y la señora Cayetana Aljovín, actual ministra, trabajaba en el MEF. Ni tampoco es serio decir que, es el padre de “la democracia de hoy”. El fujimorismo tiene una enorme tarea pendiente en sus interiores. Conste que hablamos en plural.

Los problemas no son pues Fujimori, Humala o Toledo. Ellos son consecuencias, no causas del mismo.

La corrupción generada en los 90 y la posterior al 2000, no tienen por qué ser resultado de la Constitución del 93, como afirma el ex congresista Daniel Abugattás. ¿O con las otras no hubo corrupción? En todo caso, es tarea para los analistas.

Estamos pues, entre el barro y las sombras. Limpiemos el barro de la ineficacia, la corrupción y el desinterés, pero también es necesario acabar con las sombras de la ilegalidad e inconstitucionalidad.