Existe un sector de la opinión pública que pretende imponer su versión de la realidad sobre nuestro país y su memoria colectiva. Esta versión de la realidad se apoya, muchas veces, en la repetición y la monserga. La gravedad del hecho es que además de significar una especie de pensamiento único, desnaturaliza la historia política del país, y de la verdadera democracia.

Se afirma que nunca antes como en los 90 hubo tanta corrupción, se destruyeron las instituciones y floreció la violencia. Sin ánimo de defender a una autoritarismo corrupto, un simple repaso de los hechos demuestra que no es así. Es más, fueron el destrozo de instituciones, la convulsión y la corrupción, anteriores a esa época, los que promovieron la aparición de estos regímenes.  

En resumen, ese sector habla como si el Perú hubiese tenido una tradición de institucionalidad democrática suiza y una modernidad japonesa. 

Una de las herramientas empleadas por este grupo es el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, colectivo que se formó - supuestamente - para encontrar la verdad y buscar la reconciliación. Luego de años de trabajo, sus primeros logros fueron más que discutibles: el cálculo del número de muertos, la humillación de hacer repetir a las víctimas sus horrores y la sensación que las fuerzas del orden fueron las mayores responsables de la tragedia. 

El anexo que encontramos, Cronología 1978 - 2000 CVR, - y al que nos remitimos -  no ha sido suficientemente ventilado en la prensa ni en la sociedad. Claro que para elaborarlo no hacía falta tamaña organización, ni mucho menos comisionados con sueldos altos.

Ya que se habla de la Constitución del 93 como “fruto de la dictadura”, aquí se recuerda que fue otra dictadura, la de Morales Bermúdez (que fue ministro del primer gobierno de Belaúnde y del dictador Velasco, a quien derrocó), presionada por el SUTEP - empoderado por su antecesor, el General Velasco Alvarado -, la izquierda radical y otros sectores políticos, la que se ve obligada a convocar elecciones para elaborar una nueva carta magna.

Morales Bermúdez, que declaró recientemente que el gobierno velasquista tuvo logros, señaló en enero de 1978 que el proceso de transferencia es de gobierno, no de poder, y para demostrar su nulo talante democrático, afirmó que si la Asamblea Constituyente no mantiene las reformas estructurales realizadas durante el gobierno de las Fuerzas Armadas (FF.AA), ésta debería anularse.

Por esos tiempos, el gobierno decretó un alza de precios en un 30% ó 35%, mientras que los sueldos y salarios lo hacen en un 27% con relación al ingreso mínimo, y el SUTEP inició una huelga nacional indefinida. 

También se recuerda cómo el gobierno respondía a los paros, como el de mayo de ese año, con la suspensión de las garantías constitucionales, la declaración del estado de emergencia en todo el país y la detención de dirigentes políticos y sindicales como Ricardo Letts, Javier Diez - Canseco, Genaro Ledesma y Hugo Blanco, y a las críticas el régimen militar replicaba con comunicados contra el uso “indebido de la libertad de prensa (...) que tienen una actitud irresponsable y desestabilizadora”. Para la dictadura, era la prensa, no Sendero y los revoltosos, quienes desestabilizaban un régimen desfalleciente. 

Y ya que hablamos de la Comisión de la Verdad y Sendero, en el documento se cita a The Andean Report (junio de 1978), y revela reuniones entre el premier Óscar Molina y los dirigentes del PAP, PPC, AP y la Democracia Cristiana, en las que se les informó sobre la existencia de un movimiento subversivo de extrema izquierda en el país y la decisión de las FF.AA de combatirlo.

El 27 de julio, el gobierno accede finalmente a satisfacer el pliego del gremio magisterial. Estamos hablando del mismo SUTEP, por supuesto. La Asamblea Constituyente que crea la lírica e ineficaz constitución a la que algunos quieren volver, aún sin haberla firmado, fue calificada por Javier Alva Orlandini, lìder de Acción Popular, en octubre de 1978, como la "dama de compañía del gobierno militar". 

El 7 de enero de 1979, y aprovechando la suspensión de garantías, Abimael Guzmán es capturado y luego liberado. Aparente e inexplicablemente hubo intervención de miembros de las Fuerzas Policiales y del Ejército para agilizar su salida. Por aquella época también abundaron las declaraciones inocentes, por decir lo menos, sobre el terrorismo. En agosto de 1980, con Sendero en crecimiento, José María de la Jara y Ureta, Ministro del Interior, señaló que “no hay brote guerrillero (...) El PCP-SL es un grupo sin fuerza”. 

Para afrontar el problema de este grupo "sin fuerza", el senador Javier Alva Orlandini (AP) presentó un proyecto que sancionaba el terrorismo y consideraba a sus autores como traidores a la patria. La iniciativa no fue discutida, según Resumen Semanal, debido a las declaraciones de Belaúnde donde criticaba la magnificación por la prensa de los recientes actos terroristas y menoscababa su importancia. 

Pero si en el aspecto de seguridad el país estaba mal, en economía estaba peor. Durante una presentación en el Congreso, Manuel Ulloa, ministro de Economía, informó que el 38% del presupuesto de 1983 sería destinado al pago de la deuda externa, deuda que se financiaba generalmente con préstamos, impuestos o emisión inorgánica que generaba déficit fiscal e inflación, resultado de la política aplicada por el gobierno militar, y continuada por el gobierno populista.

El 3 de diciembre de 1982, SL celebró el cumpleaños de Abimael Guzmán Reinoso con atentados simultáneos en Lima y Ayacucho. Mientras gran parte de Lima se quedaba a oscuras, el Cerro San Cristóbal se iluminaba con la figura de la hoz y el martillo. 

En agosto de 1983, el presidente Belaúnde criticó las cartas de Amnistía Internacional, que mencionaban excesos y violaciones de los derechos humanos. Calificó a esa institución de “comunista”, y declaró que irían “directamente al tacho de basura”, y el Fiscal de la Nación, Miguel Cavero Egúzquiza, declaró que el PCP-SL tiene su propia “sensibilidad patriótica” y que, a su manera, “quiere lo mejor para el Perú”.

En diciembre de 1984, el ministro del Interior, Óscar Brush Noel, invocó a los militantes del PCP-SL a deponer las armas y entregarse a los tribunales. En ese contexto, el año terminó con una crisis económica manifestada en la pronunciada caída de todos los indicadores económicos.  

Sendero trabajó y creció. En la encuesta de los 10 peruanos más poderosos sobre “El Poder en el Perú” de la revista Debate del año 85, el líder de Sendero Luminoso figuraba en el sexto lugar, entre el ex alcalde Alfonso Barrantes y el general Julián Juliá. (1985). (vol. 7, n.o 33, pp. 45-67. 99).

Durante la campaña de 1985, el PCP-SL continuó su ofensiva para boicotear las elecciones en Ayacucho, Huancavelica y Pasco. Llegó a mutilar dedos de las manos a campesinos. El 24 de abril de ese año, senderistas atentaron contra el entonces presidente del JNE, Domingo García Rada, padre del ex canciller José Antonio García Belaúnde, dejándolo herido y causando la muerte de su chofer. 

El 21 de mayo Javier Diez - Canseco declaró que “la amnistía general para los presos políticos y todos los acusados de terrorismo es uno de los pasos fundamentales que debe dar el próximo gobierno si es su sincero deseo acabar con el clima de violencia”. Un sector mayoritario del PAP se adhirió a esta propuesta. 

El 25  de julio de 1985, el MRTA hizo estallar un coche bomba en la puerta del Ministerio del Interior. La situación se agravaría ostensiblemente en el siguiente quinquenio.