La gran mayoría de proyectos de ley presentados por los congresistas, que según el artículo 75º de su reglamento, el cual tiene fuerza de Ley, tienen la obligación de tener incluido en cada propuesta, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal que se procederá a estudiar para luego ser aprobada, lo que permitirá cuantificar los pros (beneficios) y contras (costos), como una manera de identificar a los beneficiados y los perjudicados con su aprobaación.Cabe señalar que este requisito sólo puede ser dispensado por motivos estrictamente excepcionales.

Sin embargo del 100% de proyectos, casi el 95% no tiene el análisis costo – beneficio cuantitativo y si lo tienen, están deficientemente elaborados con datos estadísticos desfasados y falta de supuestos técnicos que los sostengan, fruto del desconocimiento de la realidad, entre otros motivos por: 1) baja calidad y conocimiento actualizado en materias especializadas de los asesores de los despachos de cada representante, claro no en todos los casos, 2) falta de experiencia del equipo asesor, y que en los despachos hay una cantidad de empleados por favor político, (muchos de ellos con sueldos recortados) que no conocen las funciones congresales con respecto a la asesoría técnica que deben brindar.

Si revisamos las iniciativas legislativas presentadas; encontramos que en su gran mayoría en el análisis costo beneficio establece muchos: beneficios y pocos costos al erario nacional, lo que refleja ignorancia total y falta de respeto al Congreso y, sobre todo, a la población.

El Congreso nos cuesta anualmente en promedio S/. 710 millones. En el periodo legislativo julio 2016- julio 2021 la cifra alcanza S/. 3,550 millones de soles, una cifra nada despreciable, teniendo cada congresista derecho en su despacho, a parte de su personal administrativo, asesores técnicos, para que propongan normas, producto de estudios bien elaborados y fruto de un trabajo de investigación riguroso.

Es más, este parlamento ha convertido a las Comisiones Ordinarias que deben encargarse de estudiar a profundidad las iniciativas presentadas en mesas de partes, ya que el equipo asesor debe ser experimentado, especializado técnicamente en cada materia, y remitir los proyectos de ley a los sectores o entes relacionados para que opinen. Si esto no ocurre, simplemente en muchos casos no se dictaminan los proyectos, y si lo hacen, es políticamente.

Ejemplos hay muchos, tenemos proyectos de ley que declaran de interés nacional la ejecución de proyectos de inversión pública, que implica la construcción de determinadas obras con la finalidad de acelerar su trámite, y pasar por agua tibia al Sistema Nacional de Programación Gestión de Inversiones - Invierte. Perú y el Sistema Nacional de Presupuesto, que busca que el dinero del Estado se gaste eficientemente.

Los parlamentarios tienen la obligación de convocar técnicos con experiencia y que trabajen bien. De lo contrario, su prestigio seguirá por los suelos, con una desaprobación del 79% de la ciudadanía. No se olviden que el pueblo votó por el cambio. Entonces asuman con responsabilidad su representatividad ante quienes los elegimos. ¿Lo harán ?