Una de los aspectos más saltantes del caso Odebrecht y otras empresas brasileñas es que alcanza a tres gobiernos centrales y dos municipales por lo menos, hasta ahora. Faltaría investigar, por supuesto, al régimen fujimorista, y llama la atención el silencio de los personajes vinculados a la ex alcaldesa Villarán y al alcalde Castañeda.

Si Odebrecht trabaja desde 1979 en nuestro país, sería necesario realizar pesquisas sobre sus actividades en cada obra que haya realizado.

Este escándalo frenado por muchas fuerzas políticas, empresariales y periodísticas salió a la luz hace muchos años, pero aquí recién estalla “tibiamente”, a pesar de los esfuerzos de los supuestamente vinculados por hacer un “control de daños”, comenzando por el mandatario y algunos funcionarios gubernamentales.

Cabe recordar que, para empezar, vincula directamente al presidente Kuczynski, quien era Presidente del Consejo de Ministros cuando se firmó el contrato. Un oportuno viaje lo libró de firmar el acuerdo, y el actual, Fernando Zavala, era ministro de Economía. Ni más ni menos.

Para quienes creen que la vacancia está cerca, presumimos que esto no se producirá, en primer lugar, porque, a pesar de ser una sanción política, prima el aspecto legal, en este caso el hallazgo de un ilícito hasta hoy no encontrado. Pero ojo que el presidente autorizó el acuerdo con la compañía brasileña, y ocasionó la renuncia del ex ministro Luis Carranza.

En segundo lugar, no vemos a la mayoría fujimorista vacando al presidente - aunque pueda haber algún fundamento - porque no le conviene ni política ni mucho menos mediáticamente.

Es bueno recordar, por otro lado, que la gobernabilidad de la restauración democrática se ha basado en mirar hacia el costado en casos espinosos, como ocurrió durante el gobierno de Alejandro Toledo, y su ya enterrado caso de firmas falsas.

Para terminar, ha quedado patéticamente demostrado que el Estado es incapaz de combatir con eficacia, la mayoría de las veces, en la práctica, la corrupción, pues resulta ilustrativo que todo haya ocurrido con tan pocas alarmas, favoreciendo el mercantilismo. Aspecto que debería ser totalmente ajeno a la economía de mercado que –supuestamente - funciona en el país.

Hay que sancionar a los funcionarios corruptos de derecha e izquierda, de arriba y abajo, pero también a los delincuentes disfrazados de empresarios. No los queremos.

Nos encontramos pues, frente a una corrupción de Estado, no de gobierno. Un Estado que debe ser modificado radicalmente en su organización y funciones, para que pueda combatir eficazmente a la corrupción, que afecta a nosotros los ciudadanos.

En otra desconcertante declaración, el congresista Víctor Andrés García Belaunde, ha dicho que este episodio marca la necesidad de refundar el país. ¿No se dijo algo parecido el año 2000?