Antes de reanudarse un partido de fútbol, y ahora que está próximo un mundial, uno esperaría que en el entretiempo se hayan zanjado algunas cuestiones tácticas. Quién ataca, quien defiende, para jugar un buen segundo tiempo. Unos 45 restantes que permitan obtener un resultado favorable.

Transcurrido un mes y días de la asunción del presidente Martín Vizcarra, nos queda la sensación temprana que hemos cambiado al presidente, pero no se observa un cambio de estilo de gobierno.

En estos días de allanamientos, la política sigue marcada por la acción fiscal y en ocasiones, por la justicia penal. El ex mandatario  trata de probar su inocencia, algo complicado, si se considera la sucesión interminable de documentos, contratos, y transferencias, principalmente entre él y Sepúlveda, su sureño socio.

Sus “deudos” políticos, grandes grupos empresariales, todavía no acusan el golpe. Algunos, especialmente periodísticos, tratan de desacreditar al congresista Mamani, personaje absolutamente cuestionable, por decir lo menos, pero que reveló una grave denuncia que será una gran responsabilidad para la fiscalía. Bruno Giuffra, ex ministro de Transportes, sigue en un mutismo absoluto. 

Producidas las esperadas y resonantes declaraciones de Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht, la verdad es que si bien es cierto brinda mayores alcances sobre una corrupción de estado que alcanzó tres lustros, todavía muestra muchas sombras.

Esto resulta evidente si nos atenemos a hecho que por más abrumadoras que sean, sus palabras tienen que ir acompañadas de pruebas (no de recibos ni facturas obviamente), pero sí de documentos, comunicaciones, consultorías, asesorías, emprendimientos sospechosos, etc. 

Entre los pedidos de vacancia y la creciente conflictividad social, el gobierno sigue creyéndose fuerte y sólido, aunque en verdad cada vez se encuentra más desacreditado.

Y mientras tanto, siguen aumentando los analistas diversos quienes consideran que, el presidente debe renunciar, ya no por las razones esgrimidas la ocasión anterior, sino por la cantidad impresionante de giros, correos electrónicos y transferencias que demuestran los tratos indebidos del mandatario con las empresas cuyos directivos se encuentran acusados de malos manejos, consagrando la singular y cuestionable forma de hacer negocios de quien hoy – supuestamente - gobierna el país.

El pedido de vacancia y su evidente “trueque” por el indulto al ex presidente Fujimori, han dejado al presidente y al gobierno en una orfandad absoluta.

Más allá de su victoria pírrica, el mandatario ha perdido legitimidad ante la opinión pública, y en nuestra opinión, debió ser vacado por mentir y ocultar sus tratos con las empresas cuestionadas. Si estas trapacerías se las hubieran descubierto a otros líderes, ya estarían en cárcel. Pero la progresía jurídica, política y mediática tiene un estándar para cada caso.

El allanamiento a dos locales de Fuerza Popular ha terminado de configurar una verdadera guerra entre actores civiles y políticos en este país. 

La prisión preventiva dictada contra los ejecutivos de empresas vinculadas a Odebrecht, la grave denuncia contra Susana Villarán, y la intervención a dos locales del fujimorismo es una muestra de la dramática situación que enfrentamos. 

En ambos casos, esperamos- tal vez ingenuamente- que encuentren las pruebas para proceder a una acusación fiscal seria. Si no se hace, el Fiscal Sánchez y su equipo debería renunciar por su propia voluntad. Hasta ahora han hecho un papelón mayúsculo, actuando reactivamente y por presión política y mediática.