Pasadas las fiestas navideñas, lo que un gran sector de ciudadanos se pregunta es a dónde se encamina el país, de la mano del presidente Vizcarra.

Desgraciadamente, la respuesta parece ser a una mayor judicialización de la política y a la polarización de la sociedad. Su asunción, que debió significar un apaciguamiento de las pasiones, al contrario, parece haberlas exacerbado.

La negación de asilo al expresidente García por parte de Uruguay le sirve al gobierno para presentarse como un régimen que no interfiere o presiona a los otros poderes, algo por demás discutible, si consideramos las expresiones del gobernante y sus allegados acerca del congreso y la fiscalía.

Después de este incidente no sorprendería que el Poder Judicial decrete su prisión preventiva, con lo cual la situación política del país pasaría de ser complicada a francamente ruinosa. Dicho sea de paso, el pedido de asilo habla muy mal del exgobernante, pero los fallos de la fiscalía y del Poder Judicial tampoco parecen ser los más equilibrados.

La detención provisional de Keiko Fujimori ha generado previsibles controversias, porque si bien es cierto que las irregularidades saltan a la vista en la probable recepción de dinero irregular, no determinan culpabilidad.

Sin embargo, el hecho de aplicar una ley draconiana, con un criterio retroactivo, y de justicia adelantada, además, que establece una pena de detención preliminar de ¡36 meses¡ para una investigación que -se supone- debería estar más avanzada, se podría considerar, cuando menos, un exceso. 

La ascensión del presidente Martín Vizcarra, luego de la justificada salida de su antecesor, despertó grandes expectativas. Un provinciano, ingeniero (los cuales suelen ser pragmáticos), desvinculado de grandes poderes y sencillo, fueron características que, generaron simpatías y la percepción de que podía hacer andar el país.

Los primeros días fueron de visitas, saludos y flashes. Una de sus primeras acciones fue en Piura, donde escuchó de los propios pobladores sus quejas sobre la lentitud de las obras de reconstrucción, lo siguiente fue proponer un grupo de medidas tributarias, como suelen ser, polémicas, y que ocasionaron su modificación, y la salida del ministro de Economía, David Tuesta.

El reciente y patético cruce de palabras entre el presidente Vizcarra y Keiko Fujimori nos demuestra cuán lejos estamos de ser una democracia madura y civilizada, donde los líderes se reúnen para conversar. Probablemente para coincidir en muy pocos puntos y discrepar en muchos.

Si la señora Fujimori cometió una infidencia, desliz o bajeza al revelar la reunión (versión que ya había hablado Juan Carlos Tafur), realmente no interesa demasiado, aunque hable muy mal de ella. Lo que preocupa es la incapacidad del presidente para voltear la página. A menos, claro está, que crea - o que algunos de sus asesores lo haya convencido- que continuar la política de confrontación con el desacreditado congreso le va a dar réditos.

Como si fuera un juego perverso, rutinario e interminable nuestra política nos revela otro escándalo, esta vez en la judicatura. Algo que todos sabían o sospechaban, pero nadie conocía al detalle.

Los primeros días, los destapes fueron evidentes. Si embargo, con el pasar del tiempo vinieron las sospechas, las denuncias y ridículas excusas. Y también la difusión de material absolutamente inocuo desde cualquier punto de vista.

Mientras seguimos distraídos con el Mundial de Fútbol, continuamos padeciendo los estragos las consecuencias de mantener este sistema político que ha generado una “disfunción institucional”, la cual hace dos grandes problemas que tiene el país, la corrupción y la inseguridad tengan que ser enfrentados por el derecho Penal.

Como el sistema es ineficiente, poroso, personas casi con prontuario llegan a poseer algún tipo de poder, y como no se realizan los filtros adecuados, se presentan casos de corrupción y el derecho penal tiene que subsanar las fallas del sistema.