Keiko Fujimori: ¿Ley retroactiva y justicia adelantada?

La detención provisional de Keiko Fujimori ha generado previsibles controversias, porque si bien es cierto que las irregularidades saltan a la vista en la probable recepción de dinero irregular, no determinan culpabilidad.

Sin embargo, el hecho de aplicar una ley draconiana, con un criterio retroactivo, y de justicia adelantada, además, que establece una pena de detención preliminar de 36 meses (¡) para una investigación que -se supone- debería estar más avanzada, supone, cuando menos, un exceso

A estas alturas, ya está prácticamente probado que el partido de la señora Fujimori recibió dinero de Odebrecht. Lo que no se ha podido comprobar es si ella impulsó o estuvo al tanto de la operación.

Según la Fiscalía, a decir de la estructura vertical del partido, y las conversaciones de los chats privados- de un lenguaje deplorable, por cierto - demuestran la autoridad de la señora e infieren que ese dinero no se pudo captar sin su anuencia ni su participación. Es decir, la discutible “autoría mediata” antes aplicada al padre, y ahora a la heredera.

Para nosotros, la señora Fujimori es culpable de haber dinamitado su caudal político no impulsando los cambios que quedaron pendientes en los 90, de haber reclutado personajes de dudosos a cuestionables (de Héctor Becerril, Yesenia Ponce a Edu Vergara o Joaquín Ramírez), y haberlos protegido. De demostrar demasiado e inexplicable interés, en mantener a Pedro Chávarry en la Fiscalía de la Nación. De no aclarar el origen de sus ingresos y su patrimonio.

En cuanto a este delicado episodio, sólo percibimos por ahora, al menos, una grave responsabilidad política, y nos parece desmesurada la pena impuesta, especialmente si se considera que existen casos más graves como los de los expresidentes Kuczynski, Humala, Toledo y la exalcaldesa Villarán, César Acuña, con indicios como contratos, adendas, transferencias, y hasta cuentas corrientes.

Casos que van a paso de tortuga coja, y que despiertan suspicacias en la opinión pública, que busca ser adormecida con una justicia mediática.  

Si no se comienza a actuar con la misma celeridad y rigor, será selectiva, y habremos convertido entonces un proceso jurídico en un juicio político, aunque claro, las desatinadas menciones del fiscal Pérez a los 90, y a Montesinos, ya abonan en ese terreno.

Entretanto, la guerra sorda en la fiscalía continúa, y el gobierno, en un gesto soberbio, quiere condicionar un diálogo a la cabeza del Fiscal. ¿Sabe el fiscal Chávarry algo sobre el Presidente Martín Vizcarra? Si así fuera, debe decirlo. ¿El gobierno tiene algún nombre para el puesto? Estos jaloneos sólo auguran lo peor.

Mientras tanto, las empresas siguen teniendo contratos con el estado, venden sus activos y traspasan sus concesiones.

El carácter compacto de la bancada naranja ha empezado a resquebrajarse, con licencias y renuncias, e incluso se habla de una promovida desde palacio.

Y en el gobierno, el congresista Sheput, ha señalado al diario Correo el 26 de octubre que “Keiko Fujimori no merecía ir a prisión, y que es culpable de tener un entorno corrupto”, como quien parece prever lo que puede ocurrir con el defenestrado presidente. Que el conspicuo congresista oficialista y ex ministro toledista haga esta afirmación causa mucha sorpresa. Aunque después declarara que la reclusión de la candidata no es una “persecución política”.

Según varios penalistas, la medida aplicada a la señora Fujimori es desproporcionada, por lo tal es previsible que sea revocada en un corto o mediano plazo, por otras medidas como el impedimento de salida del país, con medidas restrictivas u otras que, sean razonables al estado actual de la investigación, de manera que no vulneren derechos fundamentales de todo investigado.

Mientras tanto, ante el inminente desfile de políticos que deben desfilar por la pasarela de la Fiscalía, personajes como Antauro Humala, Goyo Santos, y Walter Aduviri sonríen.